Un reglamento que aclare los agujeros negros del ingreso mínimo vital

Podría desincentivar la búsqueda de empleo o provocar una devaluación salarial

La iniciativa gubernamental de poner en marcha una renta mínima vital para familias atrapadas en la pobreza ha sido bien recibida por la comunidad económica y por la política, como demostró el voto favorable de casi todo el arco parlamentario. Ciertamente uno de sus valores fundamentales, además de establecer el ingreso como un derecho subjetivo anclado en la Seguridad Social, es su universalización, pese a que en todo el territorio nacional existiesen ya figuras diferentes en las 17 comunidades. Hasta ahora más de 75.000 familias han recibido la primera entrega de la prestación, atendiendo a una iniciativa administrativa aplicada con la información tributaria disponible, y hasta cerca de 350.000 habrían iniciado su tramitación.

Cierto es que tales familias estaban en una situación de urgencia en muchos casos estructural, ahora agravada por la pandemia. Pero las prisas han generado muchas dudas sobre su ejecución, sobre su compatibilidad y sobre la posibilidad de articular complementos adicionales por parte de los administradores territoriales. Tales dudas no son poca cosa y deben ser resueltas en el desarrollo reglamentario, para no abrir vías que inutilicen la función social para la que está diseñado el IMV, ni dañen el desarrollo eficiente del mercado de trabajo.

Coinciden en esta falta de claridad tanto los sindicatos como los economistas, aunque por motivos diferentes. Mientras la UGT plantea que la posibilidad de compatibilizar el IMV con un empleo puede empujar a las empresas a una devaluación salarial añadida, los economistas convocados por Fedea alertan de que podría convertirse, en función de un diseño poco claro, en un desincentivo a la búsqueda de empleo y, por tanto, a la generación de un refugio creciente de parados de larga duración y a la consolidación de situaciones de pobreza, amén de facilitar, como algunos autores han indicado, un desarrollo de la economía sumergida. Las dos opciones son posibles y las dos deben ser combatidas con una clarificación reglamentaria.

La presión hacia una devaluación de costes añadida es un riesgo cierto, pero complicado de ejecutar con la existencia ya de un salario mínimo en la franja alta del ingreso mínimo vital, salvo en el caso de flagrante ilegalidad o en el de tratarse de empleos a tiempo parcial, que en términos de renta tuviesen la necesidad de ser complementados. En cuanto a los riesgos de neutralizar la búsqueda de empleo, puede descartarse si en vez de una prestación directa, el IMV funciona como un bono fiscal a posteriori, que podría así convertirse en un estímulo adicional al trabajo y al abandono de la pobreza. La cuestión es que ambos formatos no pueden convivir y que las dudas que suscita un modelo con tales imperfecciones deben ser aclaradas cuanto antes.