Urge un plan para la recuperación y una financiación sostenible

Más allá de estos primeros meses de emergencia, la cautela que han mantenido las agencias crediticias sobre los Estados soberanos tiene plazo de caducidad

Tras los momentos más duros de la crisis sanitaria del Covid-19, en los que las primas de riesgo de las economías europeas, especialmente las periféricas, soportaron una elevada presión, las aguas del mercado han vuelto poco a poco a su cauce. Pese a las oscuras previsiones sobre el coste económico de las medidas de contención, las agencias de calificación han sido muy cautas a la hora de apostar por las rebajas de rating que a priori corresponderían a esos indicadores, propios de una economía de guerra. Ello se debe a que el Covid-19 es un cisne negro, un elemento externo, inesperado e incierto que tiene que figurar en los análisis de riesgo de las empresas y de los Estados soberanos, pero que en el caso de estos últimos resulta especialmente complejo incorporar. Por un lado, las características extraordinarias de esta crisis han hecho recaer sobre los Gobiernos un enorme peso financiero que no se deriva de una gestión imprudente del gasto, sino que sigue al pie de la letra las recomendaciones de los organismos internacionales, como Bruselas, el BCE o el FMI. Por otro, las potentes medidas de respaldo aprobadas por el BCE y el ambicioso paquete de ayudas anunciado por la Comisión han sosegado el mercado y explican también la actitud expectante que están manteniendo las casas de análisis de riesgo.

Pero más allá de estos primeros meses de emergencia sanitaria y hundimiento económico, la cautela de las agencias frente a los Estados soberanos tiene plazo de caducidad. La mayoría de ellas señalan la necesidad de volver cuanto antes a la senda de la consolidación fiscal y advierten de la estrecha vigilancia que mantendrán sobre la ortodoxia de las economías en este terreno tan pronto se reinicie el crecimiento, a priori ya en la primera mitad de 2021. Volver a ese camino de consolidación presupuestaria requerirá un esfuerzo considerable, que solo dará resultado si los Gobiernos ponen en marcha un plan de choque de medidas económicas que facilite el deshielo de la actividad, impulse el crecimiento y oxigene cuanto antes las maltrechas arcas públicas y el elevado endeudamiento del Estado. Entre los criterios que determinarán las calificaciones crediticias figura también el expediente previo de cada economía en esta materia, que servirá para guiar las valoraciones sobre su evolución a medio plazo. Inexplicablemente, España no cuenta todavía con un paquete integral de medidas contra la crisis y tampoco puede acreditar una hoja eficiente en gestión presupuestaria antes de la epidemia. Aprobar un plan de ruta para la recuperación es, por tanto, la primera, ineludible y más urgente tarea del Gobierno para garantizar la salida de la crisis y una financiación sostenible de la economía.