Los sindicatos piden a la UE una reconstrucción más ambiciosa y un ingreso mínimo comunitario

Plantean un seguro de desempleo, impuestos a grandes corporaciones y evitar el sobreendeudamiento de los socios

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. EFE

Tanto el primer paquete de medidas de amortiguación (unos 540.000 millones de euros) como el recién anunciado fondo para la reconstrucción de Europa (con 750.000 millones) presentan actualmente unas cuantías y un diseño que no evitará que los países más afectados por el coronavirus alcancen cotas de endeudamiento que pueden hacer insostenible su deuda a medio plazo. Además, en caso de saldarla, verán comprometidos seriamente sus niveles de vida, sus estructuras de estado del bienestar, y sus políticas de inversión en capital físico o humano. La respuesta de Europa hasta la fecha ha sido, por tanto, "insuficiente". Así lo creen CC OO y UGT, junto a la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que han presentado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un documento en el que detallan cómo debería ser, en su opinión, el planteamiento de recuperación comunitaria.

El primer paquete de amortiguación, detallan los sindicatos en el documento Hacia un nuevo modelo económico por una Europa sostenible, inclusiva y justa, "se ha revelado inútil porque se articula a través de créditos y avales, es decir, más deuda". También, porque los países pueden obtener esos mismos fondos en los mercados en condiciones similares, "motivo por el cual no lo están utilizando". El fondo anticrisis para la reconstrucción supone "un cambio en la buena dirección", pues transfiere recursos comunitarios a los países más afectados financiados mediante deuda común.

Ahora bien, señalan las organizaciones, su monto es alarmantemente insuficiente, sus fondos están sujetos a una condicionalidad por definir "pero que recuerda demasiado a la observada en 2011", y no se habilitan para terminar con el sobreendeudamiento transfiriéndose a los estados, sino que se entregan a las empresas con el fin de impulsar la transición verde y la digitalización, y con la esperanza de que esto recupere la actividad y la recaudación.

En relación a la condicionalidad, CC OO y UGT se refieren a la puesta en marcha de políticas estructurales, "con frecuencia traducidas en recortes de derechos y privatizaciones", decididas por el Consejo en el Semestre Europeo, "de tan dudosa calidad democrática".

A esto se le añade que no es descartable que muchos de estos fondos terminen en empresas punteras en el sector digital y en el de la transición ecológica, ubicadas fuera de los estados más afectados por la crisis. Por otro lado, estos países ya se están endeudando de manera importante para hacer frente a los gastos sanitarios, de apoyo a las empresas, personas desempleadas, trabajadores y trabajadoras autónomas y familias, así como a la fuerte caída de la recaudación. "Europa no está dando una respuesta a este sobre endeudamiento cuando es una de las prioridades".

El fondo anticrisis anunciado por Bruselas, de 750.000 millones repartidos en subvenciones y préstamos (500.000 en transferencias y 250.000 en créditos) asigna a España unos 140.000 millones (77.000 en transferencias y 63.000 en créditos a 30 años). Este es "un volumen insuficiente si se considera que se espera que la deuda española aumente en 250.000 millones en los próximos tres años como resultado de la crisis del Covid-19", detallan los sindicatos.

Junto a una mayor partida en el fondo de reconstrucción y a un mayor peso de las subvenciones directas, quitando relevancia a los préstamos, CC OO, UGT y CES piden también otras medidas alternativas. Así, apuestan por fijar un impuesto mínimo para las grandes corporaciones a nivel comunitario del 15% sobre su resultado contable, "evitando la elusión fiscal e impidiendo la presencia de paraísos fiscales dentro de la Unión". También animan a introducir tributos paneuropeos sobre la renta y con carácter progresivo para financiar parte del presupuesto comunitario. Otro punto pasa por poner en marcha un seguro de desempleo y una renta mínima garantizada.

En el ámbito macroeconómico las organizaciones se decantan por introducir sanciones económicas para los superávits comerciales de los Estados miembro por encima del 3% del PIB. También quieren establecer una facilidad instrumental permanente que permita emitir deuda respaldada por el presupuesto comunitario. A su vez, plantean "elevar los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al 100% del PIB en el caso de la deuda pública y al 4% del PIB en el caso del déficit público", así como dejar fuera del procedimiento de déficit excesivo el gasto público en inversión y educación.

Por último, lanzan la idea de una redefinición de la gobernanza europea para evitar sus efectos procíclicos actuales, reorientándola hacia la promoción de la convergencia entre países y regiones, e incorporando objetivos de desigualdad, pobreza y otros estándares sociales para definir la posición fiscal aceptable por país. También se sugiere que las decisiones en materia fiscal se decidan por mayoría simple en la UE, y no por consenso.

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