¿Por qué el ingreso mínimo vital nace con estigma?
El desquicie de la política española divide a la población y dificulta hacer la pedagogía necesaria para que se entienda que esta ayuda es justicia social
Benjamina nació en Atapuerca con craneosinostosis, una enfermedad rara que provoca que los huesos del cráneo se fusionen de manera prematura, lo que genera enormes disfunciones en el desarrollo. Pese a dicha enfermedad, Benjamina, como así bautizó el equipo de Juan Luis Arsuaga al cráneo 14 de las Sima de los Huesos de Atapuerca (Burgos), vivió hasta los 10 años gracias a los cuidados que le prestó su familia y su comunidad.
Hoy, 530.000 años después, nos encontramos con el debate sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un debate que invita a pensar que en todo este tiempo hemos crecido mucho pero hemos avanzado poco. ¿Cómo es posible que en el Pleistoceno Medio ese homo ya hubiera desarrollado mecanismos de solidaridad dentro de la tribu y medio millón de años después se descalifique una ayuda pública para familias en situación de necesidad extrema?
La semana que viene se votará en el Congreso de los Diputados el texto del decreto ley, vigente desde el pasado 1 de junio. En principio, no va a haber ningún problema para su aprobación, ya que únicamente se espera el voto en contra de Vox, mientras que el PP apunta a la abstención. Los argumentos de Vox para negar el pan y la sal a sus conciudadanos que los digan ellos y los del PP para dudar son tan complejos como que a Sánchez, ni agua.
Traigo a cuenta el caso de Benjamina, no por la miseria política, sino por la humana. Si cada uno mira a su alrededor es posible encontrar que esta ayuda genera más rechazo del que refleje el arco parlamentario. Esto lo ha detectado Vox, que al más puro estilo trumpista ve cómo sacar rédito exn la desgracia. El olor a voto le ha llevado a girar desde el sí al no al IMV.
Es curioso que en una sociedad compleja, plagada de incentivos para que la comunidad funcione, se califique como paguita a una ayuda que va de 462 euros a 1.015 euros, dependiendo si en ese hogar vive 1 o más de 5 personas y de sus ingresos y patrimonio. Es especialmente llamativo que ese desprecio se produzca en un momento como el actual, donde el combate a la pandemia ha multiplicado el número de familias que la necesitan hasta cuantificarse en 850.000.
Los presupuestos generales del Estado incluyen cada año multitud de ayudas racionales que no generan tanto rechazo. Es el caso de las pensiones no contributivas, que en abril cobraron 452.487 personas. Esta pensión y el IMV son tan parecidos, que tienen el mismo importe y mecanismo de revalorización. Quién se puede oponer a una medida que evita el desamparo de inválidos o jubilados, aunque no hayan cotizado a la Seguridad Social. También podemos fijarnos en la Política Agraria Común (PAC), y encontramos que Europa repartió el año pasado en España más de 4.116 millones entre 693.807 solicitantes, personas físicas y sociedades. Esta misma semana se ha hecho pública la lista de beneficiarios de 2019 y en ella se puede ver que hay 909 empresas y empresarios que han percibido ayudas de más de 100.000 euros cada uno; de las que 14 superan el medio millón, y una, de Vejer de la Frontera, más de dos millones. Quién puede criticar estas ayudas, imprescindibles para sostener población en el campo y disponer de alimentos propios sin depender del exterior, como nos ha pasado con algo tan simple como una mascarilla. También hubo otras ayudas, que ahora volverán, como la subvención a la compra de coches. En 2015 fue la última edición del Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente, el PIVE-8, que subsidiaba con cargo al presupuesto público la compra de un coche nuevo, siempre que se mandara a achatarrar el viejo. Quién puede criticar que gastemos 225 millones de euros en subvenciones si promueven un parque automovilístico más ecológico y una industria que da tanto trabajo.
Así podríamos seguir con un sinfín de ayudas y subvenciones útiles para el sostenimiento y la creación de empleos. El trabajo permite el desarrollo personal y profesional de las personas y con su contraprestación construir un proyecto vital. Sin trabajo todo se derrumba. Por eso, cuesta más entender que una ayuda como el IMV, que es un paliativo ante la falta de ingresos, resulte rechazable para parte de la población.
Son los gobiernos y los partidos políticos los que tienen que hacer la pedagogía necesaria para que el ciudadano entienda que regalar dinero es bueno. Para que se comprenda que puede ser razonable que suban los impuestos al vecino del 1ºB, que quizás ha tenido más suerte en la vida, para que la familia del 1ºA perciba el ingreso mínimo vital que le permita sobrevivir a la desgracia.
Es el Estado quien tiene que arbitrar el mecanismo de solidaridad, que no se puede financiar eternamente con deuda pública, para que sus conciudadanos no caigan en la indigencia. Hay que agradecer la solidaridad individual y el trabajo de las ONG, pero la familia del 1ºA no puede depender de la caridad del vecino de enfrente.
El ingreso mínimo vital es lo que es, y es imprescindible. Eso sí, parece muy diferente si lo explica el ministro José Luis Escrivá o el vicepresidente Pablo Iglesias, porque el primero habla desde la inclusión y el segundo, desde la confrontación, lo que desata en PP y Vox el rechazo como un acto reflejo. Infantil, pero real.
Renuncien a sus miserias y extremismos. Solo sirven para estigmatizar a las personas que recibirán una ayuda que preferirían no precisar. Ese rechazo es tanto como abandonar a Benjamina con su problema en medio de la noche en espera de que el oso ejecute la selección natural.
Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense