Cuánto recibirá España de la UE, cuándo y a cambio de qué

Llegarán subsidios netos por unos 40.000 millones en siete años y deberán hacerse reformas que eliminen el déficit estructural, con incidencia especial en el de pensiones

En España cuesta admitir que una de las formas más directas de llamar al programa de ayudas de la Unión Europea a los países sureños para salir de la severa recesión en la que les meterá el coronavirus es rescate. Un vocablo que cuesta pronunciar porque lleva aparejado el estigma de los años más duros de la pasada recesión, con drásticos recortes del gasto público, la renuncia a derechos que se creían a salvo de todo mal en Europa y una exigencia de austeridad no acostumbrada, amén de una fiscalización quisquillosa, desconfiada e invasiva de unos señores que vestían de oscuro.

Si un país admite que no dispone de medios suficientes para salir de una situación financiera embarazosa, como implícitamente reconoce en España su Gobierno con apelaciones continuas a la implicación europea en la superación de esta crisis, está reclamando un rescate, aunque trate de adornarlo con un relato plagado de escogidos eufemismos.

Admitirá más o menos figuras retóricas en función de la intensidad del programa de ayuda, porque no hay dos operaciones iguales de este tipo. Mientras que en la pasada década al menos cuatro Estados completos fueron rescatados financieramente con consecuencias severas para sus nacionales y pérdida casi absoluta de la soberanía de sus políticas económicas, otros países, como España, recibieron el rescate de una buena parte de su sistema financiero. Esquivó el completo porque se comprometió a hacer un autorrescate con fuertes subidas de impuestos y no menos fuertes recortes de gasto para devolver al Estado y comunidades autónomas la solvencia que habían perdido, y una serie de reformas normativas para elevar el crecimiento potencial y combatir el desempleo, que había llegado al 27%.

La situación actual no tiene la negrura de la de 2012, porque el sistema bancario está saneado rescate mediante; las empresas, desapalancadas convenientemente, y la deuda de los hogares, en niveles pagables. Pero si en aquellos años los pasivos públicos eran inferiores al 50% del PIB, ahora España ha entrado en crisis con cerca del 100% y se apresta a llevar su endeudamiento al abismo del 125% de su riqueza. Una situación muy delicada, por balsámicos que parezcan los argumentos de que el coste de las emisiones está en el mínimo histórico, y por mucha seguridad que se tenga de que lo seguirá estando. Solo lo estará si la política económica de los Gobiernos mantiene la coherencia necesaria para elevar de forma sostenida el crecimiento, algo sobre lo que surgen interrogantes a juzgar por algunas de las últimas decisiones.

Ahora, como en el pasado, la Unión Europea pondrá precio a sus operaciones de salvamento. En este caso ha mostrado más permisividad porque está dañado todo el continente y porque sus gestores están avisados de los riesgos de quedarse de brazos cruzados como hace diez años. En el caso de España, los programas de auxilio tienen distinta naturaleza, pero ninguno es gratis; y si el más voluminoso son transferencias presupuestarias supuestamente gratuitas, hay una parte muy importante que tendrá el carácter discrecional del crédito, pero que conllevará unas condiciones importantes, aunque puedan parecer, solo parecer, más suaves que las impuestas en el pasado a los señalados irlandesas, portugueses y griegos.

La UE ha puesto cinco programas diferentes al alcance de los países dañados por el Covid, con los que España puede acceder a fondos por valor de 180.000 millones de euros, sin contabilizar el programa de préstamos del BEI, que tendrá una dotación de 200.000 millones. A saber, España recibirá 77.000 millones de transferencias no reembolsables del presupuesto, y podrá disponer, si quiere, de hasta 63.00 millones de euros en créditos voluntarios; otros 24.900 millones del fondo de rescate (MEDE), también voluntarios, y hasta 15.000 millones del sistema de reaseguro del desempleo, que aliviará el coste de los ERTE.

Ninguno es gratuito. Los que se financian con emisión de deuda exigen la aportación de los correspondientes avales en la parte alícuota del Reino de España, se utilicen o no, y se contabilizarán como “contingentes pasivos” o “gasto potencial”: es el caso del Sure, el MEDE y el programa de 250.000 millones de créditos voluntarios que se financiarán con deuda de la Comisión Europea. En cuanto al paquete de medio billón de euros de transferencias no reembolsables, como si de un fondo estructural se tratase, se financia con una ampliación extraordinaria del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, y España tendrá que hacer su aportación.

Aunque las cantidades adjudicadas a cada país son cálculos preliminares en absoluto oficiales, España puede recibir una horquilla que va de los 77.000 a los 86.000 millones de euros, en un periodo de siete años, que no comenzará a ingresar hasta el año que viene, entre otras cuestiones porque la tramitación bruselense es muy lenta y porque faltan los parabienes de todos los países y no todos tienen la mejor disposición. Pero tras restarse las aportaciones presupuestarias del país, recibirá unos recursos netos que oscilan entre los 20.000 millones que calculan fuentes cercanas a la Comisión Europea y los 46.600 millones estimados por la investigadora Silvia Merler, de Bruegel. El cálculo de Christian Odendahl, del Center for European Reform, se queda en 34.000 millones de euros, siempre a recibir en un periodo de siete años, aunque la intención de la Comisión es que se distribuyan en cuatro y concentrados en 2021 y 2022.

En cualquiera de los casos se antojan cantidades muy escasas para hacer frente a las necesidades financieras de España, así como a las destinadas a relanzar los sectores más dañados por la crisis y a implementar algunas de las reformas que la Unión Europea va a exigir a cambio. 6.000 millones al año, en el mejor de los casos, no parece gran cosa si las necesidades financieras de este año son de 130.000 millones y las de 2021, poco menores. Siempre se podrá tirar del MEDE para financiar la puesta al día del sistema sanitario, con un coste del 0,1% de intereses y sin más condiciones que el rubor de pedirlo, y echar mano de la línea de crédito de 63.000 millones, cuya condicionalidad no se conoce, pero que será más exigente que el programa de reformas para justificar los 77.000 millones de transferencias.

A cambio de los subsidios España deberá llevar al día el cumplimiento de su plan nacional de reformas, que deberá ser sancionado por Bruselas, ya que la Comisión quiere aprovechar el viaje para eliminar vulnerabilidades de las economías de sus miembros y hacerlo de verdad, no de manera nominal como hasta ahora, donde parecía que España hace como que reforma y Europa como que supervisa.

Las debilidades de España están en todas las revisiones del semestre europeo: giro radical del sistema educativo para poner el foco en la empleabilidad digital; transición energética, con la que parece entusiasmado el Gobierno; eliminación de uno de los mayores déficits fiscales estructurales de Europa, y que no se logra solo subiendo impuestos; racionalizar la Administración pública y su gasto, y afrontar los costes del envejecimiento, que pasa, quiérase o no se quiera, por un ajuste de los retornos que proporciona el sistema de pensiones. Como admitía ayer el director general del Tesoro en este periódico, la financiación exitosa de la Administración depende de mantener con coherencia estas políticas, incluida la reforma laboral de 2012.

José Antonio Vega es director adjunto de Cinco Días