Los grandes caseros critican la distinción entre pequeño y gran propietario
Afectados por un despido o un ERTE podrán acogerse a las líneas de crédito El Ejecutivo prevé ayudar a más de 500.000 familias con la moratoria por alquiler
El Gobierno aprobó este martes un paquete de medidas de ayuda a los inquilinos afectados por la crisis del Covid-19. El real decreto incluye importantes ayudas públicas de las que se beneficiarán los hogares y pymes más golpeados: “Creemos que más de medio millón de familias”, señaló el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. Las empresas propietarias de inmuebles, sin embargo, ven como algo negativo que se haya hecho distinciones entre propietarios y que se pueda castigar el ahorro institucional.
Grandes propietarios como Merlin, Colonial, GMP, Intu, Azora, Klepierre o Iberdrola Inmobiliaria, a través de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), valoran el apoyo a los ciudadanos afectados, pero lamentan que el texto “haya introducido el concepto de gran tenedor para discriminar el ahorro institucional”.
"Es importante volver a recordar que el ahorro colectivo o institucional no es otra cosa que sociedades de gestión que representan a millones de ciudadanos individuales que deciden unir sus ahorros para facilitar inversiones colectivas más grandes y a más largo plazo", aseveran desde Asipa. "Esta medida, por tanto, castiga, sin justificación alguna y de forma indirecta, a ahorradores privados, muchos de ellos pensionistas, y pone en riesgo el futuro del acceso a la vivienda de los españoles, al atentar contra la necesaria seguridad jurídica que este ahorro colectivo necesita para financiar el 1,5 millones de vivienda social y asequible que hay que construir en España para resolver los problemas de acceso a la vivienda de los jóvenes y familias", añaden.
También recuerdan que el “ahorro institucional ya se adelantó al Gobierno”, ofreciendo planes de ayudas a sus inquilinos, algo que también suscriben desde Blackstone, el principal casero de España a través de Testa Homes y Anticipa.
Por su parte, la portavoz de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler Asval, Beatriz Toribio, por su parte, llama al “diálogo con la Administración”, ya que las consecuencias de la crisis durarán mucho tiempo. “Blackstone ya avanzó hace unos días que prestaría especial atención a las familias vulnerables afectadas por el Covid-19 que no pudieran asumir el pago del alquiler. Ahora, trabajaremos para implementar las nuevas medidas y dar apoyo a nuestros inquilinos en situación de dificultad, para que puedan superar esta situación", recalcan.
Javier Rodríguez Heredia, presidente de Lazora, otro de los grandes caseros de España, destaca "la respuesta equilibrada y responsable del Gobierno y la puesta en marcha de un programa de ayuda directa que contribuye de forma real a solventar la situación de los inquilinos más vulnerables sin poner en riesgo el ahorro de este país". El responsable de esta compañía, gestionada por Azora y propiedad del fondo CBRE Global Investors, sin embargo lamenta los ataques a este tipo de empresas que canalizan el ahorro colectivo: "Rechazamos las posturas populistas y los calificativos despreciativos hacia las sociedades especializadas en el alquiler a largo plazo, ya que solo buscan sacar rédito político de esta grave crisis sanitaria".
- Qué dice la norma
La norma amplía los supuestos de vulnerabilidad necesarios para acogerse a las ayudas, articula una línea de crédito destinada a los damnificados y distingue entre pequeños y grandes propietarios, fijando la frontera a partir de los 10 inmuebles.
Para acogerse a la moratoria es necesario acreditar situación de vulnerabilidad, para la que el Gobierno ha ampliado los supuestos. Entrarán los desempleados, los afectados por un ERTE y los que hayan reducido su jornada por motivo de cuidados. En caso de ser empresario o autónomo habrá que acreditar la “pérdida sustancial de ingresos”, no alcanzando el total de miembros del hogar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (Iprem), con más flexibilidad si se tienen hijos o personas dependientes a cargo. También se contemplará a los hogares que tengan que dedicar más del 35% de sus ingresos al pago de alquiler y suministros básicos.
Los inquilinos de grandes propietarios que cumplan estos requisitos podrán pedir una prórroga de cuatro meses. A partir de aquí, el arrendador podrá elegir entre ofrecer al arrendatario una reducción del 50% de la deuda o ir fraccionando las cuotas a deber en el plazo de tres años y sin ningún tipo de interés acumulado.
En el caso de los pequeños propietarios, el 85% de los alquileres según cálculos del Gobierno, y en el caso de que no se acepte la moratoria, el inquilino podrá acceder al crédito del ICO, a devolver a cero interés en el plazo de hasta 10 años. Los hogares que no se hayan recuperado tras la crisis, y que no puedan hacer frente a esa devolución, contarán con el apoyo de un plan público creado para ese propósito. El Gobierno estima en 700 millones de euros el dinero movilizado en esta medida, que incluye la suspensión de desahucios por impago del alquiler durante seis meses y la prorrogación de los contratos a punto de vencer.
- La opinión de los sindicatos de inquilinos
Los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona, organizaciones cercanas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, valoran positivamente la paralización de los desahucios por impago de alquiler y la prórroga automática durante seis meses de los contratos a punto de vencer. Sin embargo, el grueso del real decreto se les queda "muy corto", explica uno de sus portavoces. La norma, prosigue, implica que las personas más afectadas por la crisis tengan que seguir pagando alquileres inflados a costa de endeudarse, esta vez con el Estado.
En su opinión, por muy cómoda que sea la devolución de los créditos del ICO a cero intereses, la medida supone que los hogares que van a ver reducidos sus ingresos de forma drástica durante uno, dos o tres meses tengan que afrontar posteriormente el pago. "Si las familias van a ver reducidas sus rentas, tendrían que ver reducidas sus obligaciones con los propietarios en las mismas medidas". Para ello, pedían el apoyo del dinero público movilizado en el caso de los inquilinos de pequeños propietarios, y una suspensión temporal del alquiler en las viviendas de los grandes tenedores.
Aunque no hay datos oficiales, el Ministerio de Agenda Urbana calcula que entre el 85% y el 90% del mercado residencial del alquiler está en manos de pequeños propietarios, en su mayoría familias que necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades. Las consultoras inmobiliarias elevan esa cifra a cerca del 96%, mientras que los sindicatos de inquilinos la cuestionan y esgrimen estudios que reflejan que solo el 16% de los que ponen su casa en alquiler lo hacen por una "necesidad económica urgente".