Los grandes propietarios piden al Gobierno que no apruebe una moratoria en los alquileres

Empresas como Merlin, Colonial, Mutua o Iberdrola creen que se dañaría al ahorro privado de los españoles y pondría en riesgo el mercado de la vivienda

Los grandes propietarios piden al Gobierno que no apruebe una moratoria en los alquileres

Los grandes propietarios inmobiliarios han salido en defensa de sus intereses y de las familias con propiedades en alquiler al pedir al Gobierno que no establezca una moratoria en el residencial en arrendamiento, debido a la crisis del coronavirus, porque pondría en peligro ese mercado en un futuro y también el ahorro privado de las familias.

Socimis como Merlin, Colonial, GMP, Intu, La Finca y Unibail, aseguradoras como Allianz y Mutua Madrileña o inmobiliarias como Azora, Klepierre e Iberdrola Inmobiliaria han emitido un comunicado este viernes a través de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) dirigido al Ejecutivo.

"Advertimos del grave riesgo a medio y largo plazo que supone adoptar medidas gravosas y discriminatorias como la condonación del pago del alquiler de viviendas a costa del ahorro privado. Un grave riesgo, sobre todo para jóvenes y familias de renta baja que verán comprometido el acceso a una vivienda en el futuro inmediato, una vez superada esta crisis", señala en el comunicado.

Desde Asipa cree que adoptar este tipo de medidas supondría "un serio atentado contra la necesaria seguridad jurídica del sector, poniendo en riesgo la supervivencia económica de muchos ahorradores privados". Por eso, estas empresas creen que es importante dejar claro, una vez más, que el ahorro institucional no es otra cosa que sociedades de gestión que representan a millones de ciudadanos individuales, frecuentemente a través de planes de pensiones, que deciden unir sus ahorros para facilitar inversiones colectivas más grandes y a más largo plazo.

En los últimos tiempos, formaciones políticas como Unidas Podemos han puesto el foco en este tipo de sociedades como socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) y fondos inmobiliarios para acusarles de ser el causante de la subida de precios de los alquileres. Una aseveración unánimemente refutada por el sector debido a que este tipo de grandes propietarios apenas controlan el 5% del parque conjunto del alquiler, que se encuentra, sin embargo, en manos de familias.

El Gobierno ha estudiado diferentes medidas que pudiesen beneficiar a los afectados por el parón económico sin precedentes por la crisis del coronavirus, entre ellas establecer alguna moratoria en los pagos de rentas del alquiler. Sin embargo, desde el equipo económico del Ejecutivo, hasta ahora se ha descartado esta opción.

Grandes empresas propietarias de viviendas como Blackstone, tal como adelantó Cinco Días, estudian medidas para flexibilizar esos pagos, o establecen moratorias como ya ha realizado Azora, entre otras inmobiliarias. "Queremos recordar que los propietarios privados tomaron la iniciativa y desde el comienzo de la crisis sanitaria están ofreciendo ayudas a aquellos inquilinos cuya situación económica se haya visto afectada por Covid-19, demostrando su compromiso y responsabilidad social, de forma solidaria y adaptada a la capacidad de cada uno para no poner en riesgo su viabilidad", aseveran desde esta asociación de grandes empresas.

De hecho, en el comunicado, las empresas agrupadas en Asipa apuntan a que el ataque a estas compañías es "es injusto, interesado y contradictorio hablar de fondo buitre para referirse a estas sociedades de ahorro colectivo que financian y mantienen grandes parques de vivienda a largo plazo, tan necesarias para dar acceso a la vivienda a miles de familias. El ahorro institucional no es parte del problema, sino parte de la solución".

"Creemos que el uso de este término solo busca justificar la aplicación arbitraria de medidas discriminatorias a este tipo de ahorro, que son más cosméticas que reales, pues este tipo de ahorro solo representa un 2% del total de viviendas en alquiler en España", destaca el comunicado de Asipa.

Algunas de estos grandes empresas patrimonialistas agrupadas en esta asociación empresarial no son propietarias de vivienda, como es el caso de Merlin, Colonial, Unibail o Mutua. Azora, sin embargo, sí es uno de los grandes impulsores de este mercado en España desde 2003, cuando lanzó el vehículo de inversión Lazora, actualmente propiedad de CBRE Global Investors, además de ejercer como gestor de este tipo de casas en arrendamiento. El presidente de la asociación Asipa es Fernando Lacadena, experimentado ejecutivo del sector y actualmente director financiero de Merlin.

Desde Asipa ven con preocupación algunas informaciones aparecidas en medios de comunicación hablan de aplicar la obligación de condonar el pago de las rentas a cualquier ahorrador privado con más de dos viviendas, ampliando la definición de gran tenedor a todo aquel que tenga más de ocho. "Esta campaña contra el ahorro privado busca ya extenderse, también de forma injusta, hacia pequeños ahorradores".

En los últimos meses, el sector inmobiliario ha venido recordando al Gobierno la escasez de oferta de vivienda asequible en alquiler que hace que se dispare los precios ante la fuerte demanda de jóvenes y familias que no pueden acceder a los créditos hipotecarios por falta de ahorro. Y exige que con fórmulas de colaboración público-privadas se ponga en el mercado más de 100.000 viviendas al año a bajo coste para los inquilinos.

"Este tipo de medidas tendrían efectos colaterales negativos, porque el verdadero problema de fondo en materia de vivienda en España es la escasez de vivienda disponible para alquilar, sobre todo para los jóvenes y para familias de rentas bajas", recuerdan las empresas.  "Y es el ahorro privado el único que puede financiar el 1,5 millones de viviendas que hacen falta de aquí a los próximos 10 o 15 años, y acudir a la llamada de colaboración de las administraciones públicas para crear el parque social y asequible que se necesita. Y es por ello, que debilitarlo con medidas como las citadas, afectaran a dicha capacidad poniendo en riesgo el acceso a la vivienda de millones de ciudadanos en el medio plazo".

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