Antolín Aldonza: “Hay que repercutir los costes de infraestructuras en el precio del agua”

“España tiene un reto importante en materia de depuración. Es un problema que las competencias estén en manos de los ayuntamientos”

Antolín Aldonza
Antolín Aldonza, director general de Asagua

Con un valor de 200.000 millones de euros, el stock de capital público del ciclo urbano del agua ha de ser “conservado e incrementado” para dar cobertura a las necesidades de la ciudadanía. La fórmula del director general de Asagua (Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua), Antolín Aldonza (Pinilla de la Valdería, León, 1950) consiste en que la inversión se recupere tras constantes caídas desde 2008 y que la Administración se tome “en serio la colaboración público-privada” para poder “conseguir lo que queremos todos, unos planes hidrológicos sensatos y realizables”.

Con menos del 60% de reservas, ¿el abastecimiento de agua está garantizado?

El abastecimiento está garantizado si hay agua; desde luego, es el uso prioritario y no es preocupante en España.

La directiva europea sobre el agua potable habla de la racionalización del uso. ¿El consumo ha de ser más eficiente?

El agua es un elemento escaso y necesario para la vida con muchos frentes abiertos que, con la debida solidaridad y sentido común, se podrían y deberían resolver. Uno de sus principales problemas es el precio; el agua hay que tomarla, transportarla, tratarla, repartirla y devolverla a la naturaleza, y no se le da el valor que tiene.

¿Se paga poco por este recurso?

En España se paga poco. La Directiva Marco del Agua dice que el precio ha de incluir todos los costes, incluso los de primera instalación. Hay, por tanto, que repercutir los de infraestructuras. Aquí hay pocos lugares donde el precio llegue al euro por metro cúbico, mientras que en países como Bélgica o en el norte de Europa se pagan entre 3 y 7 euros.

La directiva también establece criterios para mejorar la calidad de los materiales de las redes de abastecimiento. ¿Se cumplen en España?

Salvo pequeñas excepciones, el agua de consumo en España es buena. La directiva ha sido modificada en varias ocasiones y se esperan novedades a lo largo de 2020; ahora conocemos la presencia de microplásticos, productos farmacéuticos, alteradores endocrinos… y hay métodos para eliminarlos del agua. Por otra parte, es lógico que la directiva trate de actualizar cómo el agua, con estas características, afecta a los materiales.

El reglamento de la ley de desindexación pone un tope a los intereses que el mercado no puede asumir

La red de saneamiento alcanza unos 200.000 kilómetros. ¿Cuál es su estado?

Es muy antigua, en muchos casos supera los 30 o 40 años. Necesita renovación porque tenemos pérdidas del 25% que van al suelo, contaminan acuíferos e incluso pueden llegar a la propia red de saneamiento. Hemos de actuar de forma urgente y con inversión suficiente.

Europa ha sancionado a España por incumplimientos en materia de depuración. ¿Cómo evitar que esto se repita?

España tiene un reto importante en materia depuración. Es un problema que las competencias estén en manos de los ayuntamientos porque faltan infraestructuras. Hay previstas alrededor de 950 actuaciones, de las cuales al Estado le van a corresponder alrededor de 130 declaradas de interés general. Mientras, hay municipios que no tienen recursos para tener su depuradora y, si se la hace el Estado, no pueden mantenerla y ha de ser atendida por la comunidad autónoma.

Se calcula que hay que renovar más de tres millones de contadores de agua para evitar multas. ¿Cómo se ha llegado a este punto?

Igual que se ha llegado a una sanción por un procedimiento de infracción en materia de depuración y quedan otros tres, porque no se cumplen las obligaciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado nuevas medidas en el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR). ¿Permitirá cumplir esas obligaciones?

Las necesidades de agua en España están plasmadas en los planes hidrológicos de cuenca y estamos esperando que se renueve el plan nacional. En cuanto a los primeros, vigentes los del segundo ciclo 2015-2021, son muy ambiciosos y no se están cumpliendo. En 2018 el DSEAR, en su justificación, ya decía que los planes hidrológicos se habían cubierto al 25% y, por tanto, había que hacer un plan. Un plan muy ambicioso porque exige unas inversiones muy fuertes. Y si no se han cumplido las de los planes hidrológicos de cuenca, difícilmente se van a poder cumplir sus previsiones.

La inversión tendría que ser vinculante en los Presupuestos; en 2008 se ejecutaron 14.000 millones y en 2018, 5.995

El Ejecutivo prevé también un Plan Director de Regadíos para invertir en instalaciones. ¿Celebran la propuesta de nuevas inversiones públicas?

Claro que lo celebramos. Si el plan se materializa y hay más agua disponible para riego con métodos más eficientes, bienvenido sea. Porque, a partir de 2008, las inversiones han venido decayendo hasta un punto insostenible.

Todo ello requerirá de financiación presupuestaria. ¿Qué demandas de la patronal deberían ser también contempladas en las próximas cuentas del ­Estado?

El problema son las actuaciones que no se llevan a cabo, por eso la inversión tendría que ser vinculante en los Presupuestos Generales del Estado. Con datos consolidados, en 2008 se ejecutaron 14.000 millones de euros y, en 2018, 5.995 millones. Desde 2010 hasta ahora se ha hecho la mitad de la mitad de lo que debería haberse hecho. Si en las cuentas públicas ganan peso las cuestiones sociales y el dinero que se recauda es el mismo, ¿cómo vamos a hacer las infraestructuras que necesitamos y mantener las que ya existen? ¿Por qué no damos paso a la colaboración público-privada? Tenemos que ir más allá de las concesiones, hay que regularlo de verdad. El reglamento de la ley de desindexación pone un tope a los intereses. Tope que el mercado no puede asumir.

El pacto de Gobierno de coalición contempla la prohibición de la compraventa de derechos concesionales del agua. ¿Qué resultados espera?

Me parece bien que se actualicen las concesiones y se pongan las cosas en su sitio. Claro que hay que acabar con la compraventa, el tiempo dirá si se hace o no y cómo se va a regular.

Cuando el país sufrió en 2017 una sequía severa se intentó sacar adelante un pacto de Estado, ¿en qué ha quedado? ¿Sigue siendo necesario?

Se lograron avances, la situación política cambió y aquello se paró. En vez de un Pacto Nacional del Agua tenemos el plan DSEAR y el libro verde de la gobernanza del agua, una actuación también muy positiva. Antes decía que el plan DSEAR tenía unos objetivos muy ambiciosos, pero animamos a que siga adelante porque eso significaría que habría suficiente inversión para acometer todas las actuaciones. También animamos a la Administración para que continúe desarrollando el libro verde con el que pretende poner orden en el mundo del agua y para que retome el Pacto Nacional. Es muy difícil porque cada comunidad autónoma tiene sus intereses, pero el agua no debe ser un arma arrojadiza de unos contra otros. Los ciudadanos tienen derecho a agua limpia y de calidad en cantidad suficiente y a disfrutar del medioambiente, que es sinónimo y garantía de salud.

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