Blackstone estudia una moratoria para sus inquilinos afectados por la crisis del coronavirus

El fondo, el gran casero de España, lo valora para sus inmobiliarias Testa y Anticipa

Blackstone estudia una moratoria para sus inquilinos afectados por la crisis del coronavirus

Las empresas del sector inmobiliario comienzan a reaccionar voluntariamente para abordar los problemas que pueden tener sus inquilinos o los compradores de viviendas nuevas por el parón económico tras el decreto de estado de alarma. Las cinco grandes promotoras residenciales comunicaron ayer su decisión de aceptar el retraso de las cuotas en la entrada para la compra de una casa a los afectados por la crisis del coronavirus. Además, el gigante Lazora, propietario de 7.000 casas, anunció una moratoria en el pago del alquiler. Pero previsiblemente no será el único. El fondo Blackstone, el mayor casero del país y propietario de Testa Homes y Anticipa, ya estudia también la moratoria que podría llegar en los próximos días, según avanza un portavoz a Cinco Días.

Un portavoz del fondo Blackstone, que agrupan a cerca de 30.000 hogares, reconoce que es una medida que está en estudio. Incluso cree que será una decisión que se extienda al sector, porque “todo el mundo va a ser tremendamente flexible”, opina.

Sin embargo, Lazora fue la que dio el primer paso en el mercado de alquiler. La inmobiliaria ha decidido establecer una moratoria en la renta del alquiler para aquellas familias cuya situación se vea deteriorada como consecuencia del impacto en su economía del Covid-19. El programa consiste en aplicar condiciones especiales de aplazamiento del pago de las rentas durante el periodo de estado de alarma y el fraccionamiento posterior, durante un año, de las rentas no abonadas.

Lazora es una sociedad que tiene como accionista principal a la gestora de fondos CBRE Global Inverstors y como minoritario al fondo Madison. A su vez fue impulsada y está gestionada por la inmobiliaria Azora. Fue la primera gran empresa en profesionalizar el alquiler residencial en España, con la creación de este vehículo hace 17 años con el objetivo de proveer vivienda en alquiler a largo plazo. La mitad de las viviendas que gestiona son protegidas y la otra mitad están en el mercado libre.

Esta es una de las grandes inmobiliarias propietarias de residencial para arrendamiento, junto a otras sociedades como Testa Homes y Anticipa (ambas de Blackstone), Building Center (CaixaBank), Témpore (el fondo TPG y Sareb), Vivenio (el fondo holandés APG y Renta Corporación) o Encasa Cibeles (Goldman Sachs).

Desde Vivenio, por su parte, se explica que siempre han tratado con la mayor atención todas las necesidades que han tenido los inquilinos. “Por supuesto, ahora no va a ser una excepción”.

  • El caso de las promotoras

En el mismo sentido de aplazar las cargas al cliente, Aedas, Habitat, Metrovacesa, Neinor y Vía Célere –las cinco grandes promotoras residenciales– introducen un periodo de carencia a sus clientes en el pago de las cuotas de la entrada de la casa, que deben realizar durante el plazo que dure la obra de su vivienda y antes de firmar la hipoteca, un periodo en el que se paga alrededor del 20% del importe.

“Con el fin de colaborar con la economía familiar de sus clientes, las principales promotoras del sector Aedas Homes, Habitat Inmobiliaria, Metrovacesa, Neinor Homes y Vía Célere, conscientes de la gravedad de la situación, han acordado conjuntamente aplazar el cobro de los próximos dos pagos a cuenta de los clientes que así lo deseen”, informaron las empresas en un comunicado.

Cuando un cliente compra una vivienda, debe hacer frente al pago del 20% que el banco no financia en el crédito hipotecario. Inicialmente, las familias pagan un señal por la reserva, posteriormente alrededor del 10% del valor en el momento de la firma y el 10% restante en cuotas cuando empieza la obra, que suele durar 20 meses. Son estos desembolsos los que ahora se retrasan. Para un ejemplo de compra de una vivienda de 300.000 euros, ese 10% dividido en 20 mensualidades se distribuye en alrededor de 1.500 euros por cuota.

El decreto de estado de alarma no hace referencia a las obras de edificación, por lo que las empresas han continuado con la construcción en la mayoría de los casos. Los expertos ven a estas compañías, sobre todo a las de menor tamaño, como vulnerables a la crisis ya que dependen de las ventas previas para hacer caja con la que retomar nuevos proyectos, y por el previsible enorme parón en la demanda.

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