Los desahucios por impago del alquiler caen por primera vez en tres años

El 67,5% de las ejecuciones en España tiene lugar sobre inquilinos, según el CGPJ

De cada 100 desahucios que se ejecutan en España, más de 67 corresponden a viviendas en régimen de arrendamiento. Según los datos hechos públicos este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el único organismo que registra de forma oficial los lanzamientos sobre inquilinos a nivel estatal, del total de 54.006 desahucios que se contabilizaron en el país a lo largo de 2019, más de 36.400 provienen del impago del alquiler. Pese a la desigual proporción, no obstante, el pasado ejercicio fue el primero en tres años que registró un descenso en este tipo de lanzamientos. Los que corresponden al impago de la hipoteca, por su parte, alcanzaron en 2019 un total de 14.193 procesos, a los que se les añaden otros 3.346, provenientes de otro tipo de causas.

Los datos del CGPJ confirman que en España, a lo largo de los últimos ejercicios, ha habido una tendencia de trasvase de este tipo de procesos hacia el régimen del alquiler, proveniente en su mayor parte del mercado hipotecario. En relación al año 2013, cuando el organismo judicial empezó a contabilizar estos datos, del total de ejecuciones (67.189), más de 25.800 correspondían al impago del préstamo hipotecario y 38.141 al impago del alquiler (un 57%). En seis años, ya cerrados los números de 2019, los primeros han caído un 45%, frente al 4,4% de los segundos.

Que casi siete de cada 10 procesos estén vinculados al alquiler, en opinión de la analista inmobiliaria Beatriz Toribio, muestra que “la demanda principal de vivienda se mueve hoy alrededor del arrendamiento”. Esto se debe, por un lado, a una subida de los precios en la compra de vivienda, “inasumible” para buena parte de la población. Pero por otro, añade, evidencia que sigue habiendo un problema generalizado de acceso a la vivienda.

Los datos del CGPJ, a su vez, también sugieren una cierta estabilización en los precios del alquiler. Tal y como explica Toribio, la caída de los desahucios por impago del arrendamiento supera a la media española en zonas tradicionalmente tensionadas como las provincias de Madrid, Barcelona o Islas Baleares. Si a nivel estatal, el descenso medio entre 2018 y 2019 se sitúa en el 2,2%, en Madrid asciende al 6%, en Barcelona supera el 4% y en Baleares alcanza el 3,8%. “Es un síntoma de que el mercado está empezando a estabilizarse y moderarse”, señala la experta.

Para Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, las cifras también evidencian que a lo largo de los últimos años el negocio inmobiliario se ha trasladado al alquiler. Y recuerda que los números del CGPJ recogen únicamente los desahucios que se registran por los cauces oficiales. En esta línea, adelanta, y según los datos de un estudio elaborado de forma conjunta –y que será presentado próximamente– por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Agencia de Salud de Barcelona y la consultora La Hidra, más del 40% de las mudanzas de inquilinos registradas en Barcelona durante 2019 fueron “forzosas”. No son lanzamientos judiciales, “sino desahucios que nosotros catalogamos como invisibles, y que tienen lugar por acoso inmobiliario o por una subida inasumible del precio del alquiler”.

Los lanzamientos hipotecarios caen un 45% desde 2013, frente al 4% de los de arrendamiento

Desglosados los datos por comunidades autónomas, Cataluña, con 12.446, (el 23% del total nacional) fue donde se practicaron más lanzamientos en 2019, seguida por Andalucía (con 8.806) y Comunidad Valenciana (7.390). Respecto a los desahucios derivados del impago del alquiler, Cataluña se sitúa en primera posición de nuevo, con 8.427, seguida por Andalucía, con 5.135, Madrid, con 4.849, y Comunidad Valenciana, con 4.486. Los procesos por impago del préstamo hipotecario vuelven a poner a Cataluña a la cabeza (3.971), seguida de Andalucía (3.292), Valencia (2.561), Madrid (1.583) y Murcia (960).

El Gobierno frenará los lanzamientos sobre inquilinos en zonas tensionadas

El Gobierno adoptará medidas dentro de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para “evitar” los desahucios por impago en el alquiler de las viviendas propiedad de grandes tenedores en aquellas zonas con precios tensionados, tal y como anunció este lunes en un comunicado. Se trata de un nuevo compromiso añadido al programa de PSOE y Unidas Podemos para “poner freno” a esta “lacra social”, según detallaron a agencias fuentes de La Moncloa. Estas zonas tensionadas, a falta de la definición que establezca el Gobierno, suelen ser aquellas en las que los hogares destinan más de un 30% de sus ingresos al arrendamiento, aunque también se admiten otros supuestos, como aquellos lugares en los que el precio ha aumentado entre un 25% y un 30% en pocos años.

La medida va en la misma dirección que la prórroga a la moratoria de desahucios hipotecarios ya anunciada –y que caduca el próximo mes de mayo tras varias ampliaciones–, y pondrá el foco en zonas con alquileres tensionados cuando la propiedad del inmueble pertenezca a “grandes tenedores”. Este mes, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hará público el primer índice oficial de precios del alquiler, que cruza millones de datos de fuentes oficiales para establecer de forma exacta el precio medio de los arrendamientos en cada zona. Antes de que llegue el verano, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, llevará al Congreso la iniciativa que permitirá a comunidades y ayuntamientos limitar de manera coyuntural y temporal los precios. Por ello, la medida anunciada este lunes por el Gobierno sugiere que a esta norma se le añadirá la prohibición expresa de poder desahuciar por impago del alquiler, en función de diferentes condiciones aún por determinar.

Las reacciones del sector inmobiliario no se han hecho esperar. Buena parte de los grandes tenedores, según recoge Efe, afirman que si no van a poder desahuciar deberían recibir ayudas públicas que compensen esa brecha en la renta. “Si alguien no me paga el alquiler le tengo que echar, y si el Gobierno no quiere que le eche, que me pague la renta el Gobierno, pero no puedes decir que con mi bien privado tengo que mantener a alguien que no me paga”, explicó a Efe el consejero delegado de la consultora inmobiliaria Colliers Internacional, Mikel Echavarren.