Ábalos presentará antes de verano la ley para limitar el precio del alquiler

El Gobierno también trabaja en la futura Ley de Vivienda Estatal

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en una foto de archivo.

El compromiso que adquirió el PSOE con Unidas Podemos en el acuerdo de gobernabilidad, y que prometía establecer un control en el precio del alquiler de la vivienda, empieza a coger forma. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, llevará al Congreso antes del verano la iniciativa legislativa que permitirá a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar de manera coyuntural y temporal los precios del alquiler en las "zonas tensionadas", aquellas que hayan sufrido "subidas desorbitadas" en los últimos años.

Ábalos, que ha anunciado esta medida en su comparecencia en el Congreso para avanzar las líneas generales de su departamento en esta legislatura, ha defendido que esta es una medida "oportuna, ponderada, tasada y proporcional". La política de la vivienda, ha defendido, es una asignatura pendiente con más de una década perdida. "Ante una situación tan complicada hacen falta medidas excepcionales. No vamos a mirar hacia otro lado, no vamos a estar ausentes".

De momento no se conoce si esta iniciativa se incluirá en la nueva ley de vivienda estatal en la que trabaja el Gobierno. Así, por ahora, Ábalos no ha aclarado si el proyecto se articulará en la nueva normativa o si se hará a través de una modificación de la ley de arrendamientos urbanos. Lo que sí ha confirmado el Ministerio es que las "subidas desorbitadas" podrán detectarse gracias al Índice Oficial de precios de alquiler que se publicará a partir del mes de marzo.

La futura Ley de Vivienda Estatal en la que "estamos trabajando desde hace unos meses" tiene el objetivo de garantizar la igualdad de todos los españoles para acceder a una vivienda digna y adecuada. "El derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear del que se derivan otros derechos básicos. Lo grave es que algo así se haya gestionado como un bien mercantil, trastocando los planes de miles de jóvenes que no pueden ni independizarse ni crear una familia".

Hace menos de un año, el anterior Gobierno anunció las primeras medidas para atajar la problemática de la vivienda, entre las que se encontraban la ampliación de contratos de tres a cinco años (o siete si el arrendador es una empresa) y el impedimento a subidas de renta dentro del contrato por encima del IPC. Sin embargo, el índice de precios quedó en suspenso hasta la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo.

La limitación de precios cuenta con el amplio rechazo de la gran mayoría del sector inmobiliario, entre socimis, fondos, portales y diversos agentes. Los expertos ven con buenos ojos un índice que aporte información y transparencia al mercado, para así tener una visión más amplia que permita tomar mejores decisiones. Sin embargo, no apoyan un control por parte de la Administración. El pasado mes, el propio Banco de España advirtió de que este tipo de medidas "no solucionan de manera duradera los problemas de fondo, y pueden causar aumentos de precios en las zonas no afectadas por la regulación".