Iberdrola descarta por ahora su imputación en el caso Villarejo

La empresa mantiene la investigación interna abierta y reconoce que han desaparecido documentos

Oficinas de Iberdrola

Iberdrola ha publicado hoy una nota en su página web en la que señala que en las investigaciones internas en curso en relación con los contratos con Cenyt, empresa del excomisario José Manuel Villarejo, "no se ha identificado ninguna conducta ilegal ni contraria a las normas que conforman el sistema de gobierno corporativo" de la compañía. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán afirma que "a esta fecha", los hechos "no pueden considerarse jurídicamente relevantes", esto es, que la compañía descarta por ahora ser imputada como persona jurídica, como ha ocurrido con el BBVA por sus contratos con la misma empresa.

Iberdrola ha anunciado que ha entregado al juez "toda la información de que se dispone y el resultado íntegro del trabajo forensic desarrollado por PwC", la misma firma que se encargó de realizar el forensic en el caso de BBVA, según la nota publicada por Iberdrola, cuyo contenido se ha incluido en su informe anual de gobierno corporativo para cumplir las exigencias de la CNMV. También como en el caso del BBVA, la investigación interna sigue abierta.

El juez Manuel García Castellón está investigando tanto la contratación de Villarejo por parte de BBVA como por parte de Iberdrola, pero en el caso de la eléctrica la empresa no ha sido por ahora imputada como persona jurídica. El juez sí ha llamado a declarar como imputados y testigos a algunos de sus directivos, entre ellos el exjefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, que anunció hace este mes que dejaba de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en la investigación.

El año pasado, Iberdrola pidió al juez investigar un "supuesto documento interno", que fue publicado por El Confidencial, que acusaba a la dirección de la compañía de ordenar espionajes y usar facturas falsas, pero que al buscarlo dentro de la empresa, había "sido totalmente imposible localizarlo", según la compañía. PwC también ha sido incapaz de encontrar dicho documento tras más de 3.000 horas de trabajo, procesar 4,4 millones de archivos, revisar más de 300.000 archivos y más de 3.000 facturas en el forensic.

Ni el informe forensic, ni su contenido, ni sus conclusiones, ni sus limitaciones al alcance han sido hechos públicos por la compañía.

En su nota, Iberdrola asegura que el 15 de junio, cuatro días después de aparecer la primera noticia sobre la contratación del "señor Villarejo", como se le cita en la nota, por parte de Iberdrola, la unidad de cumplimiento formuló un primer informe identificando 14 facturas emitidas por Cenyt a Iberdrola entre los años 2004 y 2009 (por un importe total de 1.017.824,14 de euros) y otras tres facturas, emitidas entre 2012 y 2017 a Iberdrola Renovables (por un importe conjunto de 114.200,00 de euros), que son las únicas que se han encontrado tras todas las investigaciones internas, que también han concluido que su pago se corresponde con facturas recibidas y con las aprobaciones requeridas.

Auditoría Interna concluyó que la única sociedad vinculada a Villarejo (a través de su cónyuge y de su hijo) que facturó al grupo Iberdrola fue Cenyt; y que las facturas satisfechas se correspondían con servicios contratados por la Dirección de Seguridad Corporativa que, según sus manifestaciones, "fueron efectivamente prestados por Cenyt en el contexto del proceso de expansión internacional de Iberdrola, con el propósito de asegurar la integridad de sus directivos en sus desplazamientos a países de riesgo, garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y de las reuniones relevantes del equipo directivo y reforzar la seguridad de emplazamientos vitales para la actividad de generación del grupo".

A partir del 8 de octubre de 2019, recuerda Iberdrola, se publicaron en los medios nuevas noticias referidas a supuestos encargos concretos de Iberdrola a Cenyt, describiendo, en esta ocasión, contenidos o finalidades presuntamente ilegítimos. Así, se publicó que Iberdrola contrató a Villarejo para investigar al juez que bloqueaba una central millonaria, que investigara a los líderes políticos y vecinales que se oponían a la puesta en marcha de su central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz), que la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán también le pagó para investigar la vida privada y "puntos oscuros" de Pizarro, que controló las llamadas de la alcaldesa de Arcos de la Frontera y de un directivo de Endesa, o que encargó al comisario Villarejo que espiara al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, para frenar el asalto de la constructora a su consejo de administración en 2009, motivo que ha llevado a dicho empresario a personarse en la causa.

Documentación destruida

Desde el propio 8 de octubre, según Iberdrola, se inició una investigación interna que aún está en curso. Las investigaciones internas han comprendido todas las evidencias documentales disponibles, pero la propia compañía dice que "es preciso señalar que, en determinados casos, ya sea por la naturaleza de los servicios prestados, el tiempo transcurrido desde que estos se realizaron (que excede sobradamente el plazo de seis años establecido legalmente para la conservación de la documentación empresarial) o la falta de colaboración de determinados exempleados, no ha podido hallarse una documentación completa".

En su nota de hoy, Iberdrola no hace referencia a ninguna de esas informaciones en concreto. Dice que de momento "no se han identificado evidencias ni indicios que permitan sospechar que los servicios referidos en las facturas revisadas no fueran prestados". "En particular, de las investigaciones internas en curso, y con base en la información de que se dispone en Iberdrola e Iberdrola Renovables, no se ha identificado ninguna conducta ilegal ni contraria a las normas que conforman el sistema de gobierno corporativo".

La conclusión del consejo es que "a esta fecha, tanto por la información interna como por los acontecimientos externos de los que se ha tenido conocimiento, los hechos no pueden considerarse jurídicamente relevantes para la Sociedad por lo que su impacto, de existir, se circunscribiría al ámbito reputacional". "En este último sentido, la monitorización de la evolución de la reputación corporativa ha correspondido a la Comisión de Desarrollo Sostenible y al Consejo de Administración de Iberdrola, sin que se haya advertido deterioro en la reputación general del grupo, ni impacto negativo en la relación con sus profesionales, clientes, accionistas y proveedores", añade, para concluir: "Los hechos a los que se refiere esta nota no han tenido, tampoco, reflejo negativo en el rendimiento económico del grupo", en línea con lo que también ha defendido BBVA en su propio caso.