¿Cuál es la letra pequeña de las nuevas tasas Google y Tobin?

Los proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros detallan una serie de actividades exentas o las multas que se aplicarán a los infractores

Aplicaciones para móvil.Getty Images

“No podemos tener un Estado del bienestar moderno si nuestro modelo tributario está caduco”, defendió ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al anunciar que el Consejo de Ministros daba luz verde a los proyectos de ley de las llamadas tasas Google y Tobin, el primer paso de su reforma fiscal para adaptar España a una “fiscalidad del siglo XXI”. Dos textos que el Gobierno ya tramitó en 2019 pero que decayeron con la convocatoria electoral del 28A y que ahora rescata para acelerar la consecución de nuevos ingresos. La principal novedad es que aunque Hacienda mantiene su previsión de recaudar 850 millones de euros anuales con el impuesto sobre la compraventa de acciones, rebaja de 1.200 a 968 millones el objetivo de ingresos del tributo digital.

Montero achacó la revisión a la pérdida de empuje de la economía, que prevé que crezca este año un 1,6% frente al 2% de 2019. Si bien en ambos casos se trata de un retroceso del 20%, lo cierto es que las previsiones de ingresos del Gobierno son optimistas frente a las estimaciones de la Comisión Europea y más aún de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que el año pasado rebajó su impacto total a 350 millones.

Ambos tributos deben someterse ahora a la tramitación parlamentaria y no se aplicarán hasta tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que está por ver cuántos meses de 2020 estarán operativos. Con todo, los proyectos de ley, a los que ha tenido acceso este diario, contemplan liquidaciones de la tasa Google desde el segundo trimestre del año. La referencia, en todo caso, es solo para aclarar que este cobro y el del tercer trimestre se retrasarán excepcionalmente este año hasta después del 20 de diciembre. El objetivo, reconoció Montero, es dar tiempo a las negociaciones de la OCDE que buscan impulsar una tasa digital global para final de año.

De lograrse, el Ejecutivo sustituirá su impuesto por el internacional, buscando así eludir las amenazas arancelarias que la administración estadounidense que dirige Donald Trump ha esgrimido contra los países que comiencen a gravar por su cuenta a Amazon, Google o Facebook con medidas como esta. España sigue así los pasos de Francia, dejando en suspenso el cobro del tributo hasta final de año, lo que la ministra asumió que permitirá evitar el castigo comercial de EE UU.

La tasa Google española gravará al 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital entre consumidores o la venta de datos de usuarios de las compañías que facturen al menos 750 millones en el mundo y tres en España. Los servicios financieros quedarán exentos. Además, el texto contempla sanciones de 15.000 a 400.000 euros anuales a las firmas que traten de eludir el impuesto ocultando la localización de internet IP en la que operan.

El Gobierno aprobó también un impuesto sobre los intermediarios financieros que gravará al 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones. Dejará exentos los derivados financieros; la adquisición de títulos en salidas a Bolsa, incluyendo las de entidades colocadoras o aseguradoras; las operaciones de autocartera que busquen dar liquidez; o las de fusiones, escisiones o resoluciones.

Montero defendió que se trata de impuestos indirectos a las empresas de cada campo y que estas “no tienen por qué” trasladar el sobrecoste a sus clientes.

La ministra defendió que ambas medidas van en línea con las ya tomadas por países del entorno, como Francia, Italia o Reino Unido, pero su aprobación despertó una fuerte contestación en el sector empresarial. La patronal de cajas (CECA) dijo que la tasa Tobin desincentivará la inversión en empresas españolas; mientras que la asociación sectorial Adigital aseveró que “la tasa digital unilateral daña severamente la competitividad de España”.

La FEMP insiste en reclamar el IVA de 2017

 

Junta de municipios. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reunió ayer a su Junta para analizar la nueva senda fiscal del Gobierno (que el Congreso votará junto al techo de gasto la próxima semana), tras lo cual reclamó a este que legisle pronto para permitirles reinvertir su elevado superávit. Más allá, la FEMP creará un grupo de trabajo que traslade a Hacienda propuestas para compensar el impago del IVA de 2017 más allá de darles margen de gasto.