Un fallo que prueba la urgencia de un marco efectivo contra la piratería

La sentencia a favor de Telefónica abre la puerta para habilitar a las empresas para hacer frente con agilidad a este problema

La batalla contra la piratería en internet se ha apuntado una importante victoria tras una sentencia dictada por un juzgado mercantil de Madrid que faculta a Telefónica Audiovisual Digital para solicitar a operadoras y proveedores de la red que bloqueen el acceso a un listado de webs identificadas como piratas, así como para actualizar semanalmente la lista durante tres años. El contenido del fallo, dictado en el marco de la lucha judicial de la operadora contra las páginas que reproducen de forma ilegal la señal televisiva de los partidos de fútbol, refuerza notablemente la potestad y la agilidad de las empresas para frenar la proliferación de sitios ilegales, al no tener que solicitar una declaración oficial previa de responsabilidad sobre las webs y poder actualizar el listado sin tener que acudir a los tribunales. El juzgado otorga a las operadoras y proveedores 72 horas para bloquear los sitios señalados por Telefónica, un plazo que se reduce únicamente a tres respecto a las actualizaciones semanales que la compañía podrá realizar durante un trienio.

La sentencia que ha dictado el juzgado madrileño habilita por primera vez un marco jurídico de actuación empresarial capaz de hacer frente de forma efectiva a la mayor dificultad que entraña la lucha contra la piratería digital: la proliferación constante y vertiginosa de páginas que reproducen una y otra vez los contenidos ilegales. El hecho de que cada vez que se cierra una página pirata se abra casi al instante otra nueva se ha convertido en un verdadero caballo de batalla en la lucha contra la piratería y ha hecho de la red una suerte de territorio de legalidad blanda – cuando no nula– a efectos de protección de la propiedad intelectual. Parte del problema tiene que ver con las limitaciones que ofrecen unas herramientas y procedimientos administrativos y judiciales pensados para una realidad mucho más estática de la que ofrece la red y que, aun en el mejor de los casos, son mucho menos ágiles que los administradores de las webs, también por la necesidad de respetar las garantías procesales que contempla la ley.

La piratería digital es un delito con consecuencias extremadamente serias que incluyen pérdidas millonarias y la desaparición de miles de empleos. La sentencia dictada a favor de Telefónica demuestra lo urgente que resulta aumentar los medios para perseguir esta actividad, así como dotar a las empresas de medios agiles defensa, pero también un recordatorio de la conveniencia de buscar fórmulas para compaginar esa lucha efectiva con el mantenimiento de garantías administrativas y procesales suficientes.