La reforma laboral, mejor pactada entre sindicatos y patronal

El acuerdo del SMI muestra el camino para construir una normativa laboral sin revanchas y pensando qué se necesita para crear empleo estable y de calidad

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el martes con los dirigentes de las patronales y los sindicatos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el martes con los dirigentes de las patronales y los sindicatos.

El pacto del SMI muestra el camino a seguir para construir una nueva normativa laboral sin revanchas y pensando qué se necesita para crear empleo estable y de calidad.

La semana pasada defendíamos aquí el salario mínimo interprofesional de 1.000 euros y el miércoles alcanzaban un acuerdo patronales, sindicatos y Gobierno para fijarlo en 950 euros. Es lo mejor que podía pasar, puesto que vale la pena esperar un año para alcanzar los mil euros, si a cambio se logra con acuerdo. Este pacto añade otro gran valor; muestra el camino ideal a seguir para la reforma laboral, que no debería ser otro que la negociación entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios para alcanzar un pacto sobre el marco y condiciones laborales. Luego el Gobierno lo lleva al parlamento para convertirlo en norma cuando así lo requiera, como sucede con la reforma laboral.

Este acuerdo sobre el SMI se alcanzaba mientras Pedro Sánchez se reunía en Davos con “los jefes”, los inversores que han prestado cantidades ingentes a este país, esos que si ponen la mano con el pulgar hacia abajo te mandan a los leones, como le sucedió a Grecia. Pedro Sánchez se fue al encuentro con la vicepresidenta Nadia Calviño (se imaginan la escena con Pablo Iglesias), desplegó todos sus encantos y se comprometió a reducir el déficit y el endeudamiento y a contener la efervescencia juvenil de sus socios de coalición.

Aprovechó el mismo viaje para reunirse con representantes de las multinacionales tecnológicas. Ahí estaba el capo de Apple, Tim Cook, que había mudado su tradicional camiseta negra de vendedor de móviles por su mejor traje y corbata, como quien busca en el uniforme un segundo aval para un crédito.

Todo forma parte de lo mismo. Se pactan mejoras en el SMI, porque de él dependen dos millones de españoles que, junto con los parados, son los grandes perdedores de la crisis. Se rinde pleitesía a inversores extranjeros y tecnológicas, porque hace falta que los primeros sigan comprando deuda del Reino de España como si fuera de Alemania, y que los segundos paguen de una vez impuestos.

España es un país que acumula una deuda de 2,8 billones de euros, de los que 1,2 billones los deben las Administraciones Públicas, 900.000 millones las empresas y 700.000 millones las familias. De ese importe, 2,1 billones los han prestado ahorradores extranjeros. Por eso Sánchez & Calviño, el político y su avalista, fueron a Davos con humildad de nazareno dispuestos a sacar en procesión a bancos y fondos, a esos que financian el déficit y que sus socios de Gobierno se permitían el lujo de llamarles “buitres”.

En las últimas semanas ha habido muchos financieros y empresarios, con más ceros que vergüenza, que se rasgaban las vestiduras porque la coalición de Gobierno defendiera un SMI de 1.000 euros para los parias de entre los 19,4 millones de afiliados a las Seguridad Social. Qué habrán pensado cuando ayer leían que S&P decía que había margen para subir el SMI, a la vez que avisaba que ojo con la reforma laboral, que si se toca mucho pueden bajar el rating.

La negociación de la reforma laboral ya ha empezado. En febrero de 2012 el gobierno del PP aprobó la actual normativa mediante un real decreto-ley de medidas urgentes. El Gobierno de Mariano Rajoy no negoció con nadie y seguro que hizo bien. Lo que tenía que aprobar era imposible de pactar por los sindicatos y lo sabían todos. Además, el Gobierno no tenía tiempo que perder. La EPA del cuarto trimestre de 2011 daba 5,3 millones de parados, con una tasa de desempleo del 22,56%.

Había que flexibilizar las condiciones laborales y facilitar la contratación. El paro siguió creciendo un año, hasta los 6,2 billones de la EPA del primer trimestre de 2013, pero después cayó a gran velocidad, y hoy hay 3,2 millones de desempleados, con una tasa del 13,9%, prácticamente la mitad del punto más alto.

Ahora el equilibrio de fuerzas entre sindicatos y patronal ha cambiado de signo, puesto que la coalición de Gobierno tiene un discurso claramente pro sindicatos, como corresponde a una coalición de izquierdas. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mamado sindicalismo. Su padre era el secretario general de CCOO en Galicia y ella es abogada experta en derecho laboral. Todo esto no es malo, no, aunque tiene un sesgo claro. Lo importante son los hechos y hay ejemplos muy buenos, como el de Portugal, que tanto enamora al empresariado.

Los extremos están entre los que dicen que hay que tirar la reforma Rajoy a la basura y los que no quieren tocar nada, aduciendo que caerán sobre España los males del averno. Como siempre, ni lo uno ni lo otro. Hay cuestiones evidentes a eliminar, como que te puedan despedir por ocho bajas en dos meses aunque tengas justificación médica; otras a reforzar, como las limitaciones en la subcontratación, y un sinfín de cuestiones nuevas a tener en cuenta, como son las nuevas formas de empleo en las empresas digitales, donde se encuentran los mejores y los peores sueldos, con una escala de castas a vigilar.

La incorporación de Podemos al Gobierno daba miedo, sobre todo a Pedro Sánchez. Tanto que primero pensó en meter su vicepresidencia en el complejo de Moncloa, para tenerlo vigilado; hasta que se dio cuenta de que el vigilado iba a ser él. Lo ha mandado al edificio del Ministerio de Sanidad y Consumo, con Alberto Garzón y frente al Museo del Prado. Lo cierto es que la coalición de izquierdas ha servido para moderar y calla a los de Podemos, mientras el PP se echa al monte, arrastrado por Vox, y Ciudadanos está desaparecido y dividido. España necesita al PP haciendo oposición, si ha perdido el PIN, que alguien le dé el PUK y vuelva a estar operativo.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Complutense