Las marcas piden seguridad jurídica y regulación más eficaz a los poderes públicos

La venta de falsificaciones e imitaciones no es condenada por la sociedad ni por las Administraciones, a pesar del daño económico y los riesgos que suponen, incluidos los que afectan a la salud

propiedad intelectual
De pie, Ileana Izverniceanu, head of public affairs y portavoz de la OCU; Inés Bermejo, directora de consumibles de HP EMEA, y David Gómez, socio de Baylos Abogados y asesor de Grupo Schweppes. Sentados, José Antonio Moreno, director general de Andema, y Nuria Garrós, directora de asesoría jurídica & compliance de Tous.

En una sociedad cada vez más preocupada por la sostenibilidad y el impacto en el medio ambiente, en la que se busca impulsar el consumo responsable, existe una doble moral: los consumidores prefieren en muchas ocasiones comprar falsificaciones o imitaciones en vez de los productos originales, cuyas empresas tienen más medios económicos para garantizar esa sostenibilidad tan buscada.

Además, al mismo tiempo que se quieren defender los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, se mantiene la compra de productos a los manteros, pensando que eso les ayudará a salir adelante, cuando en realidad "estamos trayendo de vuelta la esclavitud a Europa", subrayó Ileana Izverniceanu, head of public affairs y portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) durante un desayuno sobre la Defensa de la marca organizado por CincoDías.

Según el Informe de situación de 2019 sobre la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e Intelectual (DPI) de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), publicado el pasado junio, los 11 sectores clave de la economía pierden en España 6.700 millones de euros al año debido a las falsificaciones –cifra que se eleva hasta los 60.000 millones en toda Unión Europea–, lo que equivale al 10,6% de las ventas. A este dato se suman los 15.000 millones de euros que se pierden todos los años en ingresos fiscales y contribuciones a la Seguridad Social a causa de la falsificación y la piratería, según un informe del Ministerio de Industria. "La competitividad y el valor que generan las marcas es una tentación para aquellos infractores que perciben lo fácil que es conseguirlo por la vía de la imitación", puntualizó José Antonio Moreno, director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema).

De hecho, David Gómez, socio de Baylos Abogados y asesor de Grupo Schweppes, aseguró que la venta de falsificaciones es "la actividad ilícita más rentable", que además carece de "riesgo penal". Una rentabilidad que es incluso mayor en el caso de las imitaciones, ya que el "riesgo es aún menor pues se trata de una actividad más difícil de abordar", añadió. Mientras que un producto falsificado busca ser una réplica del original, copiando incluso el embalaje o el logo e intenta confundir al consumidor, la imitación trata de asemejarse pero realiza ligeras modificaciones que lo diferencian y el comprador es consciente de que está adquiriendo otra marca, por lo que el delito sería más complicado de demostrar.

Y es que uno de los problemas que los participantes en el encuentro destacaron es la falta de seguridad jurídica a la que se enfrentan las marcas en este sentido. "Hay una necesidad de regular la defensa de la marca", subrayó Inés Bermejo, directora de consumibles de HP para Europa, Oriente Medio y África. Los jueces no se ponen de acuerdo en las sentencias sobre esta materia y las normativas están en constante cambio. A ello hay que añadir la falta de concienciación sobre las implicaciones de adquirir este tipo de artículos. De hecho, hoy en día, los tribunales no creen en "el delito penal de la falsificación", subrayó David Gómez.

Todo este problema se ha amplificado con la llegada del mundo online, aún más complicado de controlar y regular. Entre las dificultades que se pueden encontrar en la esfera digital está la falta de un derecho internacional aplicable pues "cuando hablamos del mundo offline, se trata de infracciones que se producen en un territorio; pero en el mundo online, no sabemos en el fondo dónde están y surgen problemas de jurisdicción o de qué tribunales pueden ser competentes", explicó Gómez.

La I+D, en manos del sector privado

Los recortes presupuestarios de los últimos años tras la crisis económica han reducido las partidas destinadas a la investigación y la innovación. De hecho, el gasto público en I+D representó solo el 1,2% del PIB en 2017 –últimos datos disponibles–. Estas cifras tan bajas en comparación con el resto de países de la Unión Europea –la media es del 2,7% – son compensadas con el gasto realizado por las empresas. "En España, la inversión en I+D está asociada en un 55% a las marcas", subrayó Inés Bermejo, que destacó la repercusión que este gasto tiene en la innovación, la generación de empleo, la atracción de talento e incluso en la búsqueda de una mejora de la sostenibilidad.

Una advertencia que lanzó David Gómez es que "si las empresas no tienen unas garantías de que van a recuperar la inversión realizada y, por tanto, obtener un beneficio, se las está desincentivando a invertir". Para ello puso como ejemplo el caso de las farmacéuticas y los medicamentos genéricos. Las compañías realizan una gran inversión que el sector público no puede asumir, pero se les da un derecho de explotación limitado en el tiempo para que luego revierta. "Si se quiere que esto no continúe así, la Administración podría adquirir dicha patente", aunque para ello habría que elevar los impuestos, un planteamiento al que la sociedad se opone, afirmó.

Al gasto dedicado a innovación, las marcas recuerdan que deben sumar también el que supone detectar y sacar las falsificaciones del mercado, guardarlas en sus almacenes y soportar pleitos que duran años. "El hecho de que no haya soluciones a la problemática que hay detrás de las imitaciones supone a las empresas una factura elevadísima", enfatizó Nuria Garrós. Unos costes a los que, por supuesto, no tienen que hacer frente las compañías infractoras. Todo ello lleva a algunas firmas a plantearse "no demandar, al considerar el coste frente al beneficio" que obtienen de toda esta lucha, recalcó Ileana Izverniceanu.

Los participantes subrayaron la falta de colaboración por parte de las plataformas de venta online. Aseguraron que mediante el uso de la inteligencia artificial se podrían detectar las falsificaciones, pero estas plataformas solo las utilizan en función de que cada compañía llegue a un acuerdo con ellos, aseguró Moreno.

Asimismo, Bermejo resaltó el hecho de que tenga que ser la propia empresa la que realice una inversión para asegurar la protección de su marca, como ocurre en el caso de HP, buscando profesionales especializados que rastreen las redes. Y es que, como explicó Gómez, la doctrina del puerto seguro establece que salvo que una plataforma tenga conocimiento de que en su portal se estén vendiendo falsificaciones, no tiene obligación de hacer nada, por lo que es la propia compañía "la que tiene que demostrarle que sí existe ese producto", una tarea prácticamente imposible teniendo en cuenta los millones de artículos que se comercializan y la infinidad de marcas que los distribuyen, cuyo nombre cambia diariamente.

En cualquier caso, antes de poder regular la protección de las marcas, las empresas consideran que es esencial la concienciación sobre su valor e importancia, y los primeros que tienen que dar el paso son los políticos. "Si no hay una voluntad política de solucionar el problema, no hay nada que hacer", afirma Moreno. Los poderes públicos tienen que trabajar para que desde "el punto de vista judicial, este problema se perciba como una amenaza para nuestra economía, nuestra sociedad y nuestros consumidores", explicó.

Es necesaria "una voluntad política que termine en regulación, con una legislación potente que se pueda aplicar luego en los juzgados, todo ello unido a un mayor control por los cuerpos y fuerzas de seguridad", puntualizó Izverniceanu.

Todo ello debe ser aplicado también a la formación que reciben los propios abogados. Gómez, que es docente en la universidad, explica que, actualmente, en la carrera de Derecho no se imparten asignaturas obligatorias de propiedad industrial e intelectual, cuestiones que tampoco aparecen en el temario de muchas oposiciones públicas. "¿Cómo van a aplicar los tribunales una normativa que no se ha estudiado?", se preguntó.

Además, esta cuestión se agrava cuando se trata de la normativa que regula la protección de la marca online, al ser un mercado que está en constante cambio y cuyas leyes, por tanto, deben actualizarse prácticamente todos los días.

No obstante, no todo son malas noticias pues, como recordó el director general de Andema, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha anunciado un plan integral contra las falsificaciones –que no ha visto la luz por las actuales circunstancias políticas– para intentar luchar de forma más coordinada y sistemática.

En cualquier caso, esta voluntad política y esta regulación tienen que transformarse también en una concienciación al ciudadano, que debe comenzar en colegios e institutos, para que "en un futuro se crea en la riqueza de la marca", puntualizó Nuria Garrós, directora de asesoría jurídica & compliance de Tous. Y es que es entre los jóvenes donde más se percibe esa doble moral a la que todos los ponentes aludieron: "Miran la trazabilidad, la sostenibilidad, compran teniendo en cuenta parámetros que no son solo calidad y precio, como por ejemplo, el reciclaje, pero sin embargo, el consumidor joven es el que adquiere más productos falsos", explicó la portavoz de la OCU.

En este sentido, los presentes constataron el cambio que ha habido en la mentalidad de los consumidores, que en vez de asociar una marca a un producto, hoy en día la relacionan con unos valores. Y son estos ideales los que les atraen y les hacen adquirir los artículos de unas marcas en vez de los de otras, lo que podría ir en contra de la compra de falsificaciones o imitaciones. Sin embargo, también puntualizaron que el cliente es capaz de dejar de lado todas esas exigencias cuando una empresa de la competencia ofrece un producto similar por un precio ligeramente inferior. "No sé si estamos equivocándonos en la forma de fidelizar", se preguntó Moreno. Por ello, Bermejo hizo un llamamiento a las empresas para ser "más transparentes" y capaces de transmitir aquellos valores que hay detrás de sus productos y de sus insignias.

La portavoz de la OCU aseguró que en campañas como la cercana del Black Friday, las marcas tienen "una oportunidad magnífica para llegar al consumidor con mensajes emocionales y deben ser capaces de comunicarles el daño individual y colectivo que se produce al comprar un producto falso". Un daño que, además de impactar negativamente en las cuentas económicas de las compañías, también puede tener repercusiones sobre la salud o la seguridad de los consumidores, pues estos productos no son supervisados por ningún organismo oficial para detectar si cumplen con los estándares necesarios para su venta al público.

Por otra parte, no obstante, habría que diferenciar los casos en los que el consumidor compra un producto falso de manera consciente de los que lo hace de forma inconsciente, situación que se da sobre todo en las compras online. En este segundo caso, se estaría produciendo un delito de estafa. Además, otro de los problemas que se están encontrando las marcas es que los imitadores están elevando el precio de sus productos, de manera que si antes era más sencillo diferenciar un producto no original porque era más barato, ahora esta herramienta ya no funciona.

Por todo ello, Gómez subrayó que es "imprescindible aumentar la seguridad jurídica, base para el desarrollo de las empresas, las marcas y la economía". Pero las marcas también tienen una responsabilidad en este sentido y es "ofrecer garantías al consumidor y mantener su compromiso con la innovación y con la sociedad desde el punto de vista de la sostenibilidad", concluyó Inés Bermejo, de HP.

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