Alternativas a subir las pensiones con el IPC: blindar la mínima o retrasar la jubilación

Ligar solo las prestaciones más bajas a la inflación exigiría subir lo recaudado por IRPF un 6% anual durante cuatro décadas, frente al 36% que requeriría la vinculación total

Manifiestación de pensionistas en Bilbao en el pasado mes de agosto.EFE

El Gobierno en funciones quiere blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y, además, garantizar la revalorización de las prestaciones según el IPC de cada año. Para ello, ha incluido entre sus 370 propuestas para negociar la investidura con Podemos, su intención de eliminar las dos medidas aprobadas en 2013 por el Gobierno del PP para contener el crecimiento del gasto en pensiones: el índice de revalorización (IRP) que obligaba a una actualización de solo el 0,25% de las prestaciones siempre que la Seguridad Social tuviera déficit; y el factor de sostenibilidad, que introducía pequeños recortes en las nuevas pensiones vinculados al aumento de la esperanza de vida.

Según coinciden la inmensa mayoría de los expertos, ambos factores hubieran sido suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social aún con la avalancha de jubilados nacidos en el baby boom, que empezarán a llegar al sistema a mediados de la próxima década. Si bien, esta misma mayoría de especialistas, entre los que están los propios técnicos del Banco de España, admiten que, limitar la revalorización de las pensiones al 0,25% provocaría la pérdida de hasta un 30% del poder adquisitivo de las prestaciones de jubilación a lo largo de la vida del pensionista. Esto generaría un problema de suficiencia de las pensiones que se traduciría en un empobrecimiento de los jubilados y, por ende, en un problema social.

Sin embargo, entre una vuelta a esta vinculación automática entre cuantía de las pensiones y la evolución de los precios y el citado factor conocido como “el 0,25%” puede haber otras soluciones intermedias para contener el gasto.

Tres expertos en materia de pensiones, Ángel del la Fuente (Fedea y CSIC), Miguel Ángel García (Universidad Rey Juan Carlos y Fedea) y Alfonso R. Sánchez (Cunef y Fedea) han elaborado un trabajo sobre la Salud financiera del sistema público de pensiones: proyecciones de largo plazo y factores de riesgo, que se ha publicado ahora en Hacienda Pública –la revista del Instituto de Estudios Fiscales, del Ministerio de Hacienda–. Dicho análisis aporta soluciones intermedias a los planes del Gobierno en funciones para vincular las pensiones al IPC.

Estos autores utilizan para sus análisis el escenario central de las proyecciones para España del grupo de trabajo sobre envejecimiento (Aging Working Group) de la Comisión Europea y parten de la premisa de que desmantelar las dos últimas reformas de pensiones para volver al modelo anterior a 2011, como se ha llegado a plantear, “no sería una situación factible porque eso nos dejaría con niveles de gasto insostenibles durante las próximas décadas”.

Estos especialistas admiten que mantener la cuasi congelación de las pensiones con el factor de sostenibilidad tampoco es factible en tiempo por lo que recomiendan varias medidas para “mitigar” o “suavizar” los efectos secundarios del factor de revalorización, sin desmantelarlo.

La primera de estas medidas parciales que proponen es blindar la prensión mínima. Esto es que solo las pensiones más bajas queden totalmente vinculadas a la inflación. Esta medida tendría un coste medio anual “asumible” de cuatro décimas del PIB durante los próximos 40 años, que habría que financiar con impuestos. Esto requeriría un incremento de la recaudación por IRPF del 6% anual durante las próximas décadas. Mientras que si se vincularan todas las pensiones al IPC el aumento del gasto en pensiones se elevaría hasta 4 puntos del PIB en torno a 2050 (con un valor medio de 2,7 puntos durante las próximas cuatro décadas), lo que requeriría una subida del 36% en el IRPF, “algo completamente inasumible”, dicen. Si bien, el mantenimiento de un incremento de la recaudación de este impuesto del 6% anual, que exigiría el blindaje de las mínimas también parece, a día de hoy, un objetivo difícil de mantener en el tiempo.

Otra fórmula intermedia sería “asegurar al menos parcialmente el poder adquisitivo de las pensiones una vez concedidas a cambio de una reducción compensatoria en su cuantía inicial o de otros ajustes del modelo”. Entre estos ajustes proponen un aumento adicional de la edad de jubilación o un pequeño incremento de los tipos de cotización o en sus topes máximos. Asimismo, sugieren la posibilidad de ajustar la actual fórmula de revalorización de forma que la actualización no sea tan baja. Otra posibilidad a considerar, añaden, sería poner un tope máximo a la pérdida de poder adquisitivo de la pensión a lo largo de la vida del pensionista.

Finalmente, apuntan la posibilidad, ya barajada por los legisladores, de financiar parte de las pensiones con impuestos. Pero esto supondría, según los autores de este trabajo “aplazar unos años el problema financiero del sistema pero no lo resolvería”. Es más, esta opción dificultaría la necesaria reducción del déficit público en los próximos años, y generaría “problemas obvios de credibilidad –por no aplicar el índice de revalorización cuando empieza a tener efectos– que podrían afectar a la prima de riesgo española”.

Cuatro riesgos

Estos riesgos que apuntan tienen que ver con la demografía, la productividad, el empleo y la inflación. De todos ellos, su mayor alerta consiste en advertir que, “la experiencia de las últimas décadas sugiere que el estancamiento de la productividad no es en absoluto un riesgo descartable (...) y eso tendría efectos desastrosos para el sistema de pensiones, cuyo gasto se dispararía hasta el 17% del PIB en torno a 2050". Por otra parte, un menor empleo supondría un PIB más bajo y un mayor peso del gasto en pensiones. Mientras que los riesgos de la inflación --a la que es muy sensible el gasto en pensiones- dependerá totalmente de la normativa que se aplique. Así, si se cumpliera la norma actual, a más inflación menos gasto en pensiones y más pérdida de poder adquisitivo, pero si las prestaciones se ligan al IPC, supondría exactamente lo contrario.