Un programa económico que prepare a España para un frente frío

El paquete de medidas de Pedro Sánchez no facilitará la creación de empleo ni agilizará la actividad

Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto, hechos públicos ayer, apuntan a que la desaceleración económica empieza a hacer mella en el motor del empleo. El número de afiliados a la Seguridad Social descendió en 212.984 personas en el octavo mes del año, un 1,1%, lo que supone el peor dato registrado desde 2008. Aunque no resultaría razonable esperar un agosto boyante en términos de afiliación, dado que tradicionalmente se trata de un mes en el que se destruyen puestos de trabajo, el mal comportamiento del mercado es un hecho, que deja la tasa de creación anual de empleo en el 2,55%, el nivel más bajo desde 2014 y casi medio punto menos que hace un año. Por ramas de actividad, la destrucción de puestos ha sido general, pero más acusada en educación, construcción e industria.

Pese a que el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, recordaba ayer con razón la incidencia en la afiliación del efecto calendario y de otras variables coyunturales, un análisis realista de los datos debe servir de acicate para extremar la vigilancia y para sopesar con seriedad las medidas de reforma que la economía necesita frente a los riesgos e incertidumbres actuales. Como advertía este fin de semana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el enfriamiento de la actividad en Europa puede ser mayor de lo previsto y España no está bien preparada para afrontar un escenario de desaceleración abrupta. No solo no lo está, sino que a la vista del documento de 370 medidas con las que Pedro Sánchez espera recabar el apoyo necesario para su investidura, no parece que vaya a estarlo en la próxima legislatura. Propuestas como ligar las pensiones al IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, subir el salario mínimo hasta el entorno de los 1.200 euros y apostar por recuperar una reforma tributaria que eleva la carga fiscal de las empresas y crea nuevos tributos –sobre transacciones financieras y negocios digitales– pueden facilitar un pacto de investidura, pero no reforzar la economía, potenciar la creación de empleo e impulsar la actividad. Tampoco acierta el presidente en funciones al insistir en revertir aspectos de una reforma laboral, la de 2012, que es sin duda mejorable y revisable, pero que no funcionará mejor si se recuperan rigideces cuyos resultados sobre el empleo, lamentablemente, son ya bien conocidos. España necesita un Gobierno capaz de aportar estabilidad política, pero también de diseñar un paquete económico eficaz y realista para un entorno que amenaza tormenta.

Normas