Las limitaciones del activismo accionarial
Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, hace falta un liderazgo empresarial fuerte
Recientemente, Jaime Silos et al., de Forética, han presentado en IE Law School un excelente informe que lleva por título Más activos, más sostenibles: entrando en la era del activismo ESG. Dicho informe abre un campo de reflexión muy interesante al conjugar dos fenómenos de creciente relevancia en el ámbito corporativo. Por una parte, la creciente involucración de los inversores en la marcha de las empresas para tratar de influir en su conducta con el objeto de promover sus intereses: el llamado activismo accionarial; por otra parte, el despegue del movimiento conocido como inversión sostenible (ESG por sus siglas en inglés), que se centra en buscar oportunidades de inversión en empresas que operen con criterios de sostenibilidad bien definidos.
La tesis principal de los autores es que el activismo accionarial sostenible (el que tiene como objetivo modificar la conducta de las empresas para mejorar su sostenibilidad) está creciendo con mucha rapidez, de modo que los activos gestionados con criterios ESG están creciendo a buen ritmo y alcanzaron a finales de 2017 los 31 billones de dólares americanos en el mundo. Además, los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de una empresa sostenible que por el de una empresa promedio. Esto se ve reforzado por otras dos tendencias: en primer lugar, por el despegue en los últimos años de los instrumentos de inversión pasiva, que ha supuesto que los inversores velen con más atención por la buena marcha de las compañías en las que invierten; y, en segundo lugar, por la apuesta que han hecho organismos reguladores en todo el mundo para promover una mayor responsabilidad fiduciaria.
Así, durante 2018 se implementaron en todo el mundo más de 170 disposiciones regulatorias en torno a aspectos ESG, de las cuales unas 140 estaban destinadas a la actividad inversora. En Europa, tanto la Directiva 2017/828 sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas como el Plan de Acción de la Comisión Europea para Financiar el Desarrollo Sostenible establecen un marco regulatorio favorable al activismo sostenible y a una visión a largo plazo en la gobernanza de emisores e inversores.
La pregunta que me interesa analizar al hilo del informe tiene que ver con la capacidad del activismo accionarial de promover la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Se abren aquí dos grandes interrogantes: ¿Qué definición de sostenibilidad manejan los activistas ESG? Y ¿qué relación existe entre el activismo ESG y otros tipos de activismo accionarial, y como impactan en la conducta global de la empresa?
El profesor Andrew Hoffman, en un artículo publicado en Stanford Social Innovation Review con el título La siguiente fase de la sostenibilidad empresarial, sugería que el concepto de sostenibilidad corporativa ha pasado de denotar una actitud reactiva de las empresas frente a las presiones de sus stakeholders para presentar la empresa bajo una luz más amable sin tener que modificar su estrategia o modelo de negocio a largo plazo, a referirse a una actitud proactiva, por la que las empresas asumen el reto de transformar los mercados en los que operan para procurar el éxito de sus estrategias sostenibles. Existen tres razones para este cambio de paradigma: en primer lugar, las ciencias de la tierra muestran sin asomo de duda el enorme impacto negativo de la actividad industrial sobre los ecosistemas, y esto se ha plasmado tanto en el derecho internacional sobre el medio ambiente como en los objetivos de desarrollo sostenible; en segundo lugar, la inmensa capacidad que tienen las grandes multinacionales para liderar la transformación requerida para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible; en tercer lugar, un cambio cultural a nivel global que prima lo sostenible frente a lo que no lo es. Estos factores permiten vislumbrar una transformación del sistema capitalista actual a una velocidad y a una escala nunca vista antes, y permiten entender la sostenibilidad como una virtud del sistema económico en su conjunto, y no de acciones discretas que no pueden cambiar el modelo de negocio de empresas individuales.
No está claro que el activismo sostenible tenga por sí solo fuerza para operar un cambio de tal magnitud, aunque sí puede servir para identificar empresas particularmente sostenibles en el mercado.
La razón principal es que el concepto mismo de activismo es ambiguo. Se refiere generalmente a una reacción enérgica que busca, a través de mecanismos más o menos agresivos, conseguir cambios en el orden social, político o económico. El activismo accionarial, por ejemplo, suele referirse a estrategias cortoplacistas para generar retornos a corto plazo con independencia de la sostenibilidad a largo de la empresa, pero puede tener connotaciones más positivas cuando se habla del activismo sostenible.
Sin embargo, dentro del activismo sostenible se pueden distinguir también muchos tipos de activismo, como el ambiental, el judicial, el ciudadano o el económico, que buscan frecuentemente promover visiones de la sostenibilidad parciales o sesgadas, con más fuerza que profundidad intelectual, y sin pensar demasiado en las consecuencias negativas que pudieran derivarse. Algunas sentencias judiciales recientes, como Urgenda en Países Bajos o Rocky Hill Mine en Australia han sido catalogadas por algunos como activismo judicial ambiental. El activismo sostenible opera a través de muchos actores distintos, con agendas también distintas y a veces contrapuestas. Esto obliga a ser cautos a la hora de evaluar la relación entre la sostenibilidad y cualquier tipo de activismo desde una perspectiva excesivamente unilateral.
¿Puede el activismo sostenible neutralizar el activismo cortoplacista e ignorante de los temas de sostenibilidad? Y en ese caso, ¿es una herramienta adecuada para contribuir a la clase de postura proactiva, intelectual y de largo recorrido que se requiere para operar el necesario cambio de paradigma hacia la sostenibilidad? En mi opinión, si bien el activismo sostenible puede jugar un cierto papel en ese sentido, sus limitaciones hacen absolutamente necesario un liderazgo fuerte del mundo empresarial que, acompañado por el sector público, opere el cambio de paradigma a nivel global que se necesita para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Javier de Cendra es decano de IE Law School