Trump: entre la guerra comercial y el nacionalismo

Washington ha optado por una política fiscal a favor de los estadounidenses y eso exige cerrar el país

El presidente de EE UU, Donald Trump, en el jardín de la Casa Blanca, en Washington.
El presidente de EE UU, Donald Trump, en el jardín de la Casa Blanca, en Washington.

El pasado domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump amenazó con aumentar los aranceles a productos de alta tecnología del 10% al 25%. Esta medida es un órdago para dejar clara su posición en las negociaciones comerciales. Quien juegue al mus sabe que si se lanza un órdago es posible que se acepte, y en ese caso conviene tener buenas cartas. Muchas veces se olvida que una guerra comercial no afectaría tanto a Estados Unidos como se suele pensar, y China podría ser el país más perjudicado.

Nadie puede dudar del marcado carácter nacionalista de los gobernantes de China, quienes desde hace décadas se preocupan de conseguir que la producción del país crezca a un ritmo elevado. Para lograr su objetivo han utilizado todas las herramientas a su alcance, incluyendo la guerra cambiaria y el desprecio por la propiedad intelectual. El yuan se ha mantenido en un nivel artificialmente bajo, lo que ha hecho posible que las exportaciones crezcan al tiempo que el bajo poder adquisitivo de los ciudadanos imposibilita que el resto de los países exporten sus productos a China para mantener un equilibrio comercial. Además, la industria china ha podido crecer de forma acelerada gracias a las patentes extranjeras, sobre todo estadounidenses, cuyo uso no ha sido solicitado ni se ha pagado por ellas.

En los países europeos, unidos por la cooperación razonablemente exitosa, no acabamos de comprender las políticas nacionalistas que buscan crecer a costa del vecino. Cuando el sistema de tipos de cambio fijo desapareció a comienzos de los años setenta, nosotros continuamos con nuestras monedas ligadas al marco alemán en vez de al dólar. Fruto de esa voluntad de acuerdo surgió el euro, que aúna a países con diferentes necesidades pero que cooperan sacrificando su autonomía monetaria para lograr lo mejor para el conjunto. Además, nuestra política fiscal está sujeta a la supervisión de la Comisión Europea, que prefiere reducir el crecimiento a corto plazo para controlar la deuda. En Estados Unidos o China no existen estos procesos de cooperación y de control y sus gobernantes se centran en defender los intereses de sus países por encima de cualquier otro objetivo.

Estados Unidos es una economía volcada en el consumo, que representa más de dos tercios del PIB. Los gobernantes de la principal economía del mundo hasta ahora han puesto en primer lugar la defensa de los intereses de sus consumidores por delante de las empresas. Los consumidores son también votantes y Estados Unidos, a diferencia de China, es una democracia en la que el Gobierno rinde cuentas al electorado. En el país americano no se ha puesto el crecimiento empresarial como primer objetivo porque conllevaría sacrificar el bienestar presente y los electores no lo habrían consentido. Sin embargo, tras cuatro décadas de déficit comercial casi ininterrumpido, un número creciente de ciudadanos se ha percatado de que su nivel de consumo solo podrá mantenerse si la economía norteamericana sigue produciendo, ya que en caso contrario la deuda exterior será impagable.

Para paliar los efectos en la economía real de la crisis financiera de 2008, los bancos centrales de todos los países desarrollados, con la Reserva Federal a la cabeza, decidieron aplicar una política monetaria expansiva que redujo el tipo de interés a niveles cercanos a cero. Una vez que el tipo de interés ya no podía reducirse más, se constató que muchos países habían llegado a la trampa de liquidez, que no es más que una situación en la que la emisión de más dinero por parte del banco central deja de tener efectos positivos en la economía. En este escenario, el presidente Trump comenzó su mandato prometiendo un crecimiento robusto del PIB, pero ya no podía usar la herramienta que mejor funciona con tipos de cambio flexibles.

Como en la actualidad es impensable retornar a un sistema de tipos de cambio fijo entre las principales divisas del mundo, la única alternativa con la que el Gobierno estadounidense cuenta es la política fiscal. El principal problema de la política fiscal expansiva es que el efecto positivo en la economía conduce a una pérdida de competitividad y al aumento de las importaciones. Esto es algo que en los países de la Unión Europea no sería tan importante, ya que cooperamos entre nosotros, pero es un efecto que debe impedirse a toda costa en un país como Estados Unidos. Si la política fiscal expansiva contribuye al enriquecimiento de sus socios comerciales, el país se endeudará todavía más con el exterior y solo aumentará el consumo de sus ciudadanos, pero no la producción del país.

En esta tesitura, el presidente Trump ha optado de manera clara por llevar a cabo una política fiscal que favorezca principalmente a los estadounidenses, y para ello se ve obligado a cerrar comercialmente el país tanto como sea posible. Con este objetivo, lanza el órdago de la subida de aranceles. Si el Gobierno chino se compromete a respetar más la propiedad intelectual, Estados Unidos habrá ganado y sus empresas recibirán ingresos y se enfrentarán a una competencia lícita. Si finalmente no hubiera acuerdo y el mercado norteamericano se cierra, a pesar de la crisis a corto plazo, también se habrá alcanzado una situación mejor para sus empresas, aunque se resienta el consumo de sus ciudadanos.

En cualquier caso, independientemente de lo que decida China con el órdago de Trump, parece que el nacionalismo económico ya ha ganado el juego.

Juan Luis Santos es profesor en la Universidad CEU San Pablo e investigador asociado en el IAES y en el Grupo de Sistemas Complejos en Ciencias Sociales de la Universidad de Alcalá


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