Las sanciones de la CNMC entre enero y abril alcanzan el 80% del volumen de 2018
El regulador ha impuesto multas por 178 millones en lo que va de año mientras que en 2018 ascendieron a 221 millones
La Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) acelera en la persecución de conductas empresariales que dañan la libre competencia y entre enero y abril de este año ya ha impuesto siete sanciones que en conjunto suman 178 millones de euros, lo que supone el 80% del volumen de las multas en todo el año pasado. La más importante de ellas, se ha debido a la formación de cárteles para repartir concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif. La multa asciende a 118 millones para las 15 empresas que formaron los cárteles y 660.000 euros para los directivos responsables.
Ya el año pasado, el orgnaismo supervisor había aumentado un 43% el volumen de las sanciones impuestas respecto a 2017. En total, 2018 se saldó con 24 sanciones que en su conjunto sumaron 221 millones de euros, respecto a los 155 del año anterior.
Las compañías multadas pertenecieron principalmente a los sectores de telefonía, medios de comunicación, energéticas y entidades financieras. Precisamente, la multa de mayor importe, con 91 millones en conjunto, corresponde a cuatro bancos (Santander, Sabadell, BBVA y CaixaBank) por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes, en las que se especificaba que se contratarían en condiciones de mercado.
En un escalón inferior, Telefónica fue sancionada con 8,5 millones de euros por incumplir sus obligaciones regulatorias mayoristas. El gigante de la telefonía, debido a su posición como operador con un poder significativo en el mercado de las telecomunicaciones, tiene prohibido llevar a cabo prácticas anticompetitivas, como reducciones de precios contrarias a la regulación sectorial. Sin embargo, en 2015, según la sentencia de la CNMC, presentó una oferta económica imposible de replicar para los posibles competidores en un concurso convocado por el Gobierno vasco.
Igualmente significativa fue la sanción a la energética Viesgo, con una multa de 6 millones por ofertar la energía producida en la central de carbón de Los Barrios (Cádiz) a unos precios desorbitados con la intención de alterar el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado.
De la suma de 221 millones en multas, 110 millones (el 49,7%) pertenecieron al desmantelamiento de cuatro cárteles. El primero, relacionado con empresas que intercambiaban información comercial sensible para repartirse las adjudicaciones de contratos de publicidad institucional. El segundo involucró a compañías de mensajería y paquetería empresarial porque habían acordado no contratar servicios con los clientes de sus socios comerciales para repartirse los clientes entre sí. El tercero implicó a empresas dedicadas a comprar baterías usadas de coches que intercambiaban información sensible para coordinar o alinear los precios de compra de estos componentes. El último, involucró a varias empresas que se repartieron clientes y pactaron precios y condiciones comerciales para encarecer los contratos de servicios informáticos a la Administración pública.
Según la CNMC, la lucha contra la formación de cárteles es la principal prioridad del organismo regulador y desde 2010 proporciona un programa de clemencia por el que exime del pago de la multa, o parte de ella, a las empresas que antes de ser sancionadas revelen voluntariamente la existencia del cártel en el que participan aportando las pruebas suficientes para su detección.
De las cuatro resoluciones que el consejo de la CNMC dictó en contra de empresas que participaban en cárteles en 2018, en una de ellas se aplicó el programa de clemencia por el que dos empresas de paquetería y mensajería (General Logistics Spain y su matriz General Logistics Spain BV) fueron eximidas del pago de 3,8 millones de euros.
No obstante, del importe total de 221 millones impuestos por la CNMC, algunas de las multas no corresponden exclusivamente a conductas que violan la Ley de Defensa de la Competencia, ya que, según explican fuentes del organismo, “la CNMC también impone multas en aplicación de la ley de telecomunicaciones, de la ley de energía y de la ley del servicio postal”. Además, algunas de las sanciones que corresponden a colegios profesionales o pertenecen a un ámbito regional y local, “son impuestas desde la CNMC, pero la instrucción se lleva a cabo desde la autoridad regional”, concluyen las mismas fuentes.
A pesar de las altas cantidades impuestas cada año desde su creación en 2013, la CNMC no llega a cobrar el total del importe de las multas. Según indican expertos legales, las empresas sancionadas pueden presentar alegaciones, primero ante la Audiencia Nacional y después ante el Tribunal Supremo para recurrir la multa. De esta forma, da comienzo un proceso judicial que se puede dilatar entre ocho y diez años hasta que el pago de la multa se hace efectivo.
De hecho, el pasado mes de enero, el Tribunal Supremo tumbó una multa de 120 millones a Telefónica, Vodafone y Orange (que había sido rechaza por la Audiencia en 2017) por un supuesto abuso de posición de dominio en el mercado de mensajes de texto.
Programa de clemencia
32 casos de cárteles desmantelados. Las solicitudes de clemencia han dado lugar al desmantelamiento directo de un total de 27 cárteles desde enero de 2010, que es la fecha en la que se resolvió el primer expediente sancionador en aplicación de este programa.
Exención o reducción de la multa. Con la presentación de una solicitud de clemencia, las empresas o personas físicas que participen en un cártel pueden beneficiarse de la exención de la multa, que se concedería solo al primero que presente la solicitud de clemencia, o de una considerable reducción del importe de la penalización para el segundo y de menor cuantía para los siguientes solicitantes, siempre que aporten a la CNMC elementos de prueba que posibiliten la detección del cártel.
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