Luz verde a las tasas Google y Tobin para recaudar 2.000 millones de las empresas

El Gobierno aprueba dos tributos para hacer frente a la "competencia desleal" y dar "equidad" al sistema financiero

La portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá.
La portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá. EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los dos proyectos de ley que desarrollan los impuestos a las grandes empresas digitales (conocida como tasa Google) y a las transacciones financieras, dos tributos de nuevo cuño, que figuran en el acuerdo presupuestario cerrado el pasado mes de octubre con Unidos Podemos, con los que el Gobierno prevé recaudar 2.050 millones de euros de las empresas y que todavía deben ser tramitados en el Congreso de los Diputados y el Senado. La intención del Ejecutivo es instaurarlos este año, sin embargo, para entrar en vigor requieren ser aprobados de forma independiente a los Presupuestos Generales del Estado de 2019, cuyo proyecto comenzó el pasado lunes su tramitación parlamentaria.

La portavoz del Gobierno en el Congreso, Isabel Celaá, ha señalado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo que se trata de dos tributos "sobre los que los países miembros de la UE llevan tiempo negociando" y que, a falta de alcanzar un acuerdo definitivo a nivel comunitario, ya han sido puestos en marcha en algunos países por su cuenta. De hecho, el anterior Gobierno del Partido Popular, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, ya tenía en su agenda crear estas dos nuevas figuras impositivas.

En el caso del nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas, conocido como tasa Google, Celaá ha explicado que tendrá una liquidación trimestral y se prevé recaudar con él 1.200 millones de euros, con un tipo impositivo del 3% en línea con la propuesta de la Unión Europea. Ha explicado que hará frente a la "competencia desleal" ante plataformas que trabajan de forma "privilegiada" y ha subrayado que afecta a empresas con una cifra de negocio de más de 750 millones de euros a nivel mundial y que superen los tres millones de euros en España. "Han de cumplir diversos requisitos", ha insistido Celaá, que también ha hecho hincapié en que "se limita a gravar los servicios de publicidad dirigida en línea, de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario".

En el caso del impuesto a las transacciones financieras, la intención del Gobierno es gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero con el fin de proporcionar "equidad". Según Celaá, sigue el modelo francés y, en concreto, se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, mientras que no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. "No hablamos de pequeñas operaciones", ha asegurado Celaá, que ha indicado que el impacto recaudatorio esperado de 850 millones de euros se destinará a las pensiones y a los sistemas de protección de la Seguridad Social.

En octubre, cuando el Consejo de Ministros comenzó a trabajar en este proyecto normativo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó que este impuesto no se aplicará a la salida a bolsa de las empresas, sino que recaerá en los intermediarios financieros que operan en el mercado secundario. También se indicó que quedarían fuera de este impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los productos derivados.

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