La ‘tasa Google’ de Sánchez prevé recaudar en un año lo que la británica en tres

Francia, España y Reino Unido lanzan sus tributos al no haber pacto global

La sede británica de Google, en Londres.Getty images

El fracaso del Ecofin esta semana a la hora de consensuar posiciones para impulsar un impuesto comunitario sobre los nuevos negocios digitales, la llamada tasa Google, ha decidido a varios de los mayores países del Viejo Continente a desarrollar sus propios tributos nacionales sobre la materia. Francia se sumó ayer al frente abierto primero por España y luego por Reino Unido anunciando que creará un impuesto sobre “los gigantes de Internet”. Bajo este mismo espíritu, sin embargo, las regulaciones de cada país presentan algunas diferencias formales y de expectativa, como ilustra el hecho de que la tasa digital española aspire a recaudar en su primer año en vigor lo mismo que la británica ingresará en tres ejercicios.

“Desde 2019 tasaremos a nivel nacional a los gigantes digitales si los estados europeos no asumen sus responsabilidades y no aplican lo que parece preferible”, un impuesto digital comunitario que volverá a debatirse en marzo, declaró ayer el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, en una entrevista al canal France 2. El Gobierno galo no ha especificado el diseño que tendría su nuevo impuesto, pero los Ejecutivos español y británico sí han dado ya un alto grado de detalle.

El Gobierno español ha articulado su modelo en el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que recoge un gravamen del 3% sobre los servicios de publicidad en línea, la intermediación online y la venta de datos de usuarios, siempre sobre empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y al menos tres millones en España. El alcance del gravamen es más ambicioso que el planteado en la UE y afectaría a firmas como Google, Facebook, Amazon, Airbnb o Uber.

La recaudación prevista por la aplicación del impuesto, según los cálculos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, es de 1.200 millones de euros para 2019. El Ejecutivo del PP, que ya estudiaba aplicar la tasa, estimó que podría ingresar unos 600 millones en su primer medio año y 1.500 en el siguiente ejercicio.

“El Gobierno no va a ingresar lo que dice que va a ingresar, de la misma manera que el PP” excedió su estimación, aseveraba esta semana José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), un servicio de análisis ligado a la patronal.

Más allá de su valoración, la cifra contrasta con las previsiones que tiene Reino Unido sobre su propio impuesto. El Gobierno de Theresa May avanzó que establecerá una tasa Google a partir de abril de 2020. Su previsión es que recaude 275 millones de libras (309 millones de euros) ese año y tenga efectividad plena desde 2021, cuando ingresaría 370 millones. En 2022 prevén 400 millones de ingresos y en 2023, 440 millones. Es decir, que Downing Street espera recaudar 1.045 millones de libras (1.174 millones de euros) en los tres primeros años de aplicación de la tasa, prácticamente lo mismo que La Moncloa prevé hacer en solo un año. Hay que tener en cuenta, eso sí, que la tasa británica tiene un gravamen menor, del 2%, y se centrará en los beneficios de motores de búsqueda de Internet, redes  sociales y gigantes del comercio online, de firmas que facturen al menos 25 millones de libras al año en Reino Unido y más de 500 millones en el mundo.

El texto español, en todo caso, todavía está sujeto a posibles retoques tras culminar su paso por audiencia pública, en la que ha recibido decenas de alegaciones de los distintos actores interesados en la norma. El Ministerio de Hacienda, según fuentes conocedoras del proceso, está analizando actualmente los comentarios recibidos con la determinación de incluir todas aquellas aportaciones que mejoren la norma sin modificar su esencia. El proceso, que podría tomar unas semanas, culminará con la aprobación de la nueva norma en el Consejo de Ministros, bien a finales de año o ya en enero, para iniciar después su tramitación parlamentaria. Previsiblemente, por tanto, el visto bueno definitivo del Parlamento y entrada en vigor no llegarían hasta mediados de 2019 lo que reduciría a la mitad la recaudación que pueda lograrse en el ejercicio.

España, Francia y Reino Unido, en todo caso, han avanzado que amoldarán sus tasas a los impuestos digitales que acaben pactando en el futuro la UE o la OCDE.

La letra pequeña

Exención británica. El impuesto sobre negocios digitales diseñado por Reino Unido contempla la exención del pago para las compañías que incurran en pérdidas y la reducción del tipo efectivo de gravamen para aquellas empresas con muy bajos márgenes de beneficio.

 

Sanciones españolas. La tasa española incluye un sistema de sanciones para quienes oculten la geolocalización o dirección de Internet IP desde la que acceden los usuarios para tratar de eludir el pago del impuesto. Las multas serán de 150 euros por cada acceso falseado con un límite anual de 15.000 euros para personas o compañías que no tengan actividad económica, o del 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año anterior para quienes desarrollen negocios.

Legislación europea. Aparcado el debate sobre una tasa digital comunitaria, la comisión del Parlamento Europeo que estudia la legislación de las grandes empresas tecnológicas votó ayer a favor de endurecer la regulación en torno a la protección de datos que deben aplicar los gigantes de Internet para establecer murallas chinas que impidan compartir datos de usuarios con firmas subsidiarias sin su consentimiento, recoge Reuters.