Análisis

Lecciones que dejó el 14D para sindicatos y Gobiernos

Los sindicatos tocaron el cielo y desde entonces, víctimas del éxito, han perdido influencia en las empresas y en la sociedad

El expresidente del Gobierno, Felipe González, estrecha la mano a Nicolás Redondo, exsecretario general de UGT.
El expresidente del Gobierno, Felipe González, estrecha la mano a Nicolás Redondo, exsecretario general de UGT.

Hace 30 años hoy que los sindicatos UGT y CC OO paralizaron el país y pusieron al Gobierno de rodillas en la mayor huelga general que recuerdan las generaciones vivas: el 14D de 1988. Hoy es un referente histórico inalcanzable e irrepetible para el sindicalismo, así como un espejo en el que se reflejan tanto los activos generados entonces como las debilidades y las carencias del movimiento asalariado en el siglo de la globalización.

El atronador silencio que aquel miércoles desertizó las fábricas, los accesos a las grandes urbes, los colegios y las calles de toda España, ferió el comercio en plena Navidad y dejó la televisión con permanente carta de ajuste fue una demostración suprema de poder de los sindicatos y una censura en toda regla al Gobierno de Felipe González por sus políticas liberalizantes y su forma soberbia de relatarlas y aplicarlas. Pero fue también un punto de inflexión en la influencia del movimiento obrero, que cual víctima de su éxito, emprendió una paulatina retirada, una pérdida de presencia en los centros de trabajo y un desapego involuntario de las nuevas generaciones de asalariados que le han relegado a la irrelevancia en cuestiones en las que era protagonista obligado.

Seguramente porque la bomba atómica solo se lanza una vez, el abuso de una fórmula como el paro general que entonces triunfó más allá de las mejores expectativas fue restándole finura hasta convertirla en una moneda devaluada. Nada menos que diez huelgas generales estrictamente laborales han convocado UGT y CC OO en democracia, y con seguimientos decrecientes. Y quizás hoy, con un escenario laboral más deteriorado que el de hace 30 años, con el precariado como creciente clase laboral, una desigualdad cada día más explícita que consagra voluminosos colectivos de trabajadores pobres y un batallón de reserva tan numeroso como el de antaño, una llamada a la movilización general podría resultar estentórea, casi marciana, y convertirse en el canto del cisne para el sindicalismo de clase. El siglo XXI se parece poco al XX. La ciudadanía ha echado mucho de menos las aportaciones sindicales para salir de la pasada crisis y considera que el vínculo de representatividad es ya demasiado débil. El trabajo de los sindicatos en los próximos años, con las futuras generaciones, es, por encima de todo, casi como cuestión de supervivencia. Recuperar el crédito siendo una herramienta útil para la defensa de los derechos laborales en un mercado de creciente uberización, digitalización e individualización de las relaciones industriales.

Este siglo, tras la crisis, el PIB avanza a lomos de una ‘uberización’ laboral e industrial que extiende el precariado y la desigualdad

Cómo se llegó al punto sin retorno de la huelga general de 24 horas en un país que crecía a tasas reales superiores al 5% y creaba empleo a espuertas; cuáles fueron los réditos para los vencedores y encargos a los vencidos; y cuáles las lecciones que dejó para todo el que quiera aprenderlas.

En el otoño de 1988 el Partido Socialista llevaba seis años en el Gobierno, tras dos victorias muy mayoritarias en las elecciones de 1982 y 1986. Era un Ejecutivo fuerte, muy respaldado, y encarnaba para la gente el sueño socialdemócrata que había triunfado en Europa décadas antes. Pero encontró una España en profunda crisis política y económica y puso el empeño en culminar la transformación de la economía industrial en una posindustrial y de servicios, tras superar la más larga de cuantas crisis de crecimiento y empleo se recuerdan (11 años seguidos destruyendo ocupación tras la recesión iniciada en la doble crisis del petróleo) y en integrar al país en el Mercado Común. La metamorfosis, aplazada por unos Gobiernos débiles de la UCD absorbidos por la delicada transición política, exigió no pocos sacrificios salariales para tratar de domeñar la inflación; fiscales para recomponer el agujero de las finanzas públicas que Fuentes Quintana solo había aflorado, y laborales para reconvertir un aparataje industrial desfasado ante la pujanza tecnológica y de costes de los productores asiáticos. Así como encajar una liberalización europeizante de la normativa que flexibilizase entrada y salida en el mercado laboral (contratos y despidos), que suponía quitar a jirones el vasto barniz proteccionista y prolabor de la legislación franquista.

Los sindicatos, cuasi ninguneados en la negociación de los Pactos de la Moncloa y solo parcialmente oídos en el diseño del Estatuto de los Trabajadores, trataron de minimizar pérdidas en la bronca reconversión de la siderurgia, el naval, los electrodomésticos, el textil, etc., en las zonas más prósperas del país, en las que tenían una sólida implantación afiliativa y una gran capacidad movilizadora. Lograron salidas bien remuneradas para los excedentes laborales (despidos), pero fracasaron en sus intentos de lograr una reindustrialización compensatoria que ofreciese futuro, mientras observaban cómo el desempleo pasaba de 1,1 millones de personas en 1982 a los tres millones en 1987, y con seguro y subsidio solo para uno de cada tres, la tasa más baja jamás registrada.

La UGT, el sindicato que defendía desde la oposición el proyecto común socialista con el PSOE, se sintió decepcionada y engañada tras firmar en octubre de 1984 un Acuerdo Económico y Social (AES), que era un compendio de política económica y social del que solo se ejecutaron los sacrificios (control salarial y contratos temporales) y se pospusieron las compensaciones (más protección por desempleo, más formación y fórmulas de cogestión empresarial).

Autónomos y unidos

Una decepción que agotó la paciencia del sindicato y de su secretario general, Nicolás Redondo, que no entendía cómo Felipe González, elegido por él en Suresnes para renovar el PSOE, se desviaba de la ortodoxia socialdemócrata y abrazaba el liberalismo de Miguel Boyer y Carlos Solchaga. Cuando en 1985 el Gobierno endureció drásticamente las condiciones de acceso a la pensión pública y la determinación de su cuantía (que le costó la primera huelga general en junio de 1985, convocada en solitario por Comisiones Obreras), tuvo que encajar el elevado precio de la ruptura de la unidad en el Grupo Parlamentario Socialista, con el voto en contra de la reforma de cuantos diputados se pusieron del lado de la UGT (todos los que tenían cargo sindical), y el abandono de sus actas de diputados. La familia socialista había saltado por los aires. La concepción leninista del sindicalismo como correa de transmisión de las decisiones políticas había muerto: había surgido la autonomía sindical.

Tal desencuentro, que se intensificó en los años siguientes por la negativa gubernamental a las peticiones sindicales, unificó las voluntades de los dos grandes sindicatos nacionales, que hasta entonces habían caminado por senderos distintos, entre otras cuestiones por la particular mala mezcla química entre sus dos líderes históricos, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo. El relevo de Camacho por Antonio Gutiérrez en 1987 solventó las diferencias, lo que condujo a una unidad de acción que culminó en la huelga general de 1988 y que se ha mantenido hasta ahora, pese a sus inevitables crisis matrimoniales. Una renovada comunión de intereses que respondió siempre al respeto de un sindicalismo puramente laboral y económico, y que dejaba las cuestiones políticas para quienes las trabajaban, que no eran otros que los partidos parlamentarios, por mucho empeño que pusiese el Ejecutivo de González en identificar a los sindicatos y su huelga como un conflicto que pretendía, como todas las huelgas generales en la historia, derribar al Gobierno. En una ofensiva de los comunistas que engulló en su estrategia a los socialistas.

Tal lectura politizada del conflicto era la carta exhibida de mano por un Ejecutivo sin oposición política fuerte, con la derecha en fase de reconstrucción incipiente, y donde los sindicatos habían levantado la bandera en demanda de un giro social, cuando a ojos de la gente eran la única oposición real al poder de La Moncloa. El ideario de la huelga la conformaban demandas laborales tales como elevar el salario mínimo; subir al 48% la cobertura del seguro de paro; negociar un alza de las pensiones; crear un sistema de prestaciones no contributivas; reglamentar la negociación colectiva en la función pública, y retirar el plan de empleo juvenil, una especie de contrato de aprendizaje para los jóvenes que no hubiesen trabajado nunca, sin apenas coste para las empresas, que se reveló como la mejor bandera de enganche para la movilización.

¿Cuáles de estas demandas se consiguieron entonces, cuáles después y cuáles nunca? El logro más tangible fue la creación de un régimen de pensiones no contributivas para cuantas personas no hubiesen alcanzado los 15 años de cotización exigibles a la Seguridad Social y careciesen de recursos, junto con la institucionalización de la negociación colectiva en la función pública, cuyo rechazo hasta entonces y la sustitución de los sindicatos de clase por centrales corporativas o impostadas había envenenado a UGT y CC OO. La mejora de la cobertura de los parados fue muy lenta y al hilo de los ciclos, las pensiones mínimas solo experimentaron fuertes alzas en los primeros años del siglo XXI, y el salario mínimo siempre ha ido a remolque del sueldo medio, y solo en los dos últimos años ha experimentado fuertes subidas, y no precisamente por la presión sindical.

Los sindicatos han perdido el favor de la mayoría de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, y se han refugiado en el funcionariado

Pero el plan de empleo juvenil y su contrato basura a la carta, que se guardó en el cajón tras la huelga del 14D, ha vuelto a la palestra varias veces corregido y aumentado, y han terminado filtrándose en la normativa de contratación formatos incluso más precarios que aquel que entonces fue un auténtico casus belli.

La obtención de los réditos tras el choque fue muy lenta y corrió paralela a un deterioro acelerado de la influencia sindical, precipitado por la crisis financiera de la UGT, atrapada en el fiasco de su cooperativa de vivienda. Hasta el punto de que muchas de las reivindicaciones fueron convertidas en un alarde de generosidad política por parte de aquel Gobierno y otros ulteriores, en un ensayo de socialdemocracia sin sindicatos practicado por un PSOE que parecía haber salido indemne del choque y que se mantuvo en el poder hasta 1996. No obstante, justo es reconocer que no necesariamente habrían sido puestas en la norma de no haber existido primero la demanda sindical y el apoyo de la población el 14D.

Una renovación integral

A la pérdida de capacidad afiliativa y movilizadora de los sindicatos tras la reconversión industrial, donde estaban sus mejores cuadros y su verdadera fortaleza, se sumó la pérdida de respaldo público, entre otras cuestiones por entender las nuevas generaciones de asalariados que las siglas sindicales formaban también parte de un mecanismo viciado con prácticas poco transparentes (fraude en cursos de formación, colaboracionismo en la crisis de las cajas) y que únicamente defendían a quienes tenían empleo y preferentemente fijo. Por contra, habían desaparecido de actividades en las que la temporalidad primero y la devaluación salarial después habían penetrado hasta el tuétano.

Cuantos intentos hicieron por recomponer su pulso y su imagen fracasaron, pese a renovar el compromiso en cada congreso y a mantener con más o menos convicción los pactos con los empresarios. Sus afiliados y delegados envejecían, tal como recogen sus registros internos, y solo los sectores de empleo seguro acaparaban afiliación (la función pública es la única fortaleza sindical).

Cuando más necesita la fuerza laboral defensa en las empresas, las centrales están ausentes, tal como muestra el descenso de convenios de empresa en la que estampan su firma, que ha pasado del 38% a principios de siglo al 30% actual. La obsesión por ponderar los convenios de sector y despreciar los de empresa, así como por un cómodo sindicalismo cupular que interactúe con los Gobiernos y las patronales, y que hace dejación de trabajar la tierra donde se labra el sindicalismo, la empresa, ha llevado a las centrales a un poder minimalista cuando más fracturado y desregulado está el mercado laboral.

Tanto UGT como CC OO han intentado fórmulas de renovación de sus bases precisamente ahí donde más roto está el mercado laboral. Pero la utilización de las redes sociales, aunque proporciona velocidad, es más propensa a la promiscuidad que a la fidelidad. De hecho, es una herramienta utilizada por grupos de trabajadores para sindicar la defensa de sus derechos al margen de los sindicatos, en una especie de cobas (comités obreros de base) digitales exprés.

La creciente utilización de contratos de falsos autónomos, del tiempo parcial voluntario y obligado, del teletrabajo, y la ausencia también creciente del lugar físico de trabajo dificulta el proselitismo sindical. No obstante, los movimientos ciudadanos sí han tenido éxito en la unificación de demandas populares, unas económicas y otras políticas, y las centrales no han encontrado la vía de penetrar en ellos. Reenfocar la estrategia para acoplarla a la globalización, a la defensa del medio ambiente y al encaje de los movimientos migratorios son cuestiones tan urgentes como ausentes en el movimiento sindical.

Las leyes de la física dicen que cuando alguien deja libre un hueco, otro lo ocupa. Y de hecho, tales movimientos sociales, como demostró el 15M y su trasunto político Podemos y las Mareas, han cogido con éxito las banderas sindicales y han logrado canalizar la opinión de la izquierda sociológica y rentabilizarla en decisiones políticas concretas. Hasta el punto de que hoy la presencia de Podemos en el Parlamento difumina más a los sindicatos, pues es el partido de Iglesias quien obtiene los réditos de cuestiones puramente laborales como los salarios (SMI) o la corrección de lo que ellos llaman los excesos de la reforma laboral de 2012.

La canalización parlamentaria de este tipo de demandas es un elemento que enfriaría las opciones de replicar hoy una huelga general como la de 1988. González no tenía entonces una oposición política consistente, ni a izquierda ni a derecha, y los sindicatos eran el único bastión de las demandas populares. Eso sí: Podemos ha tratado de ampliar su balance con la creación de sindicatos alternativos a los tradicionales en sectores con empleo estable y también ha fracasado.

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