El Gobierno permitirá a REE gestionar la producción hidráulica de bombeo
El Ejecutivo quiere otorgar esta función al operador y que Bruselas lo incluya en la directiva eléctrica La propuesta ha provocado un profundo malestar entre las empresas del sector
En el borrador del nuevo real decreto ley de medidas urgentes del sector energético, el Gobierno otorga al operador del sistema, REE, una función que esta venía reclamando desde hace años: la gestión de las centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo. Una potestad que la UE no otorga a los operadores y transportistas (TSOs) nacionales.
Pese a su retórico nombre (Medidas Urgentes en Materia de Cambio Climático y para el Establecimiento de un Marco de Certidumbre y Equidad en la Transición a una Economía Descarbonizada), el objetivo del decreto ley, a cuyo borrador ha tenido acceso Cinco Días, es restituir, antes de fin de año, las competencias que el Gobierno del PP hurtó a la CNMC y evitar así que Bruselas lleve a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE por incumpliento de su normativa sobre reguladores independientes.
No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aprovechado el trámite del texto legal, que prevé aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene, para reforzar a REE. Así, en un artículo relativo a “la integración de las renovables en el sistema eléctrico”, se indica que para cumplir con dicho objetivo, “el aprovechamiento del dominio público hidráulico no fluyente para la generación eléctrica tendrá como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías renovables no gestionables en el sistema”.
Para ello, el Gobierno promoverá este tipo de centrales y, “reglamentariamente, establecerá los mecanismos que permitan al operador aplicar una estrategia de bombeo y turbinado para maximizar la integración de renovables”.
Tal como está redactada, y a falta de desarrollo, fuentes empresariales consideran que esta medida no implica que REE vaya a entrar en generación eléctrica, algo que sí le prohíbe expresamente la Directiva 2009/72/sobre mercado interior de la electricidad, actualmente en vigor. Esta establece que una misma persona no puede ejercer control sobre funciones de generación y suministro y, al mismo tiempo, ejercer control sobre la red de transporte.
Revuelo en Bruselas
Sin embargo, el Gobierno no se siente seguro sobre la legalidad de la medida. Así lo demuestra la iniciativa lanzada ayer en Bruselas, que ha provocado un enorme revuelo y malestar entre las empresas eléctricas. A través del embajador-representante de España ante la UE, y en el marco del debate sobre las directivas del llamado Paquete de Invierno , España propone incluir en la de electricidad un precepto que respaldaría el que ha incluido en el borrador de decreto ley respecto a la compañía que preside Jordi Sevilla.
Concretamente, “con el objetivo de avanzar hacia un sector eléctrico completamente descarbonizado”, España pide que se avance “en la dimensión estacional del almacenamiento, en particular de las tecnologías hidroeléctricas”. Y añade que “es un elemento que serviría como herramienta para el funcionamiento del sistema tanto en el corto plazo como en los horizontes estacionales, a fin de hacer frente a la variabilidad de la producción con energía renovables y las contingencias asociadas en esos horizontes”.
El bombeo se debe considerar, según la iniciativa española, “como una capacidad de reserva para facilitar la integración de las renovables mediante la participación en los mercados de balanceo en condiciones estrictas establecidas por el operador del sistema y aprobadas por el autoridad competente”. En este sentido, sugiere que dicha directiva “proporcione un marco claro para el desarrollo del almacenamiento reversible de bombeo hidráulico como herramienta para integrar las renovables en el sistema de una manera eficiente, segura y confiable”. Precisamente, otra medida del RDL es la creación de la figura del almacenamiento, que actualmente no recoge la Ley del Sector Eléctrico.
Las grandes eléctricas, a las que en su día le fueron expropiadas las redes de alta tensión en beneficio de REE, siempre han estado recelosas sobre las funciones de esta compañía. Endesa sufrió en 2014 la expropiación de una central de bombeo en Canarias, la de Chira-Soria, si bien, la regulación sí lo permitía por tratarse de un sistema aislado en el que la generación también se considera regulada y no libre como en la península.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha expresado su deseo de aprovechar las concesiones hidráulicas que vayan caducando en beneficio del consumidor y el sistema.
El descarbonización en 2050 depende del cumplimiento de 2030
Aunque en los distintos borradores del nuevo decerto ley los objetivos de reducción de emisiones de CO2 siguen siendo los mismos (a 2030, un 20% respecto a 1990, y en 2050 un 90%), en la exposición de motivos, el Gobierno advierte que si no se consigue el objetivo del primer horizonte no se podrá lograr el de 2050, que es el compromiso adquirido por España en el Acuerdo de París.
Esta puntualización se ha interpretado como una marcha atrás del Ministerio de Transición Ecológica por presiones de Hacienda, si bien, no hace ninguna alusión a su propuesta de eliminar la venta de coches de motor de combustión en 2040 y su circulación en 2050, como figura en el borrador de anteproyecto de ley de Cambio Climático.
Una medida relevante es la ampliación de las ayudas a la minería del carbón. Según el acuerdo marco 2019-2027 firmado entre Gobierno, sindicatos y Carbunión, las medidas sociales para el sector se ampliaran más allá del 31 de diciembre, en que terminan las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de las empresas.
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