El Gobierno restituirá en una ley urgente todas las competencias de la CNMC
El Consejo de Ministros prevé aprobar el viernes un decreto-ley El supervisor fijará los peajes de la luz y el gas y la retribución de REE y Enagás
El Consejo de Ministros del próximo viernes tiene previsto aprobar un nuevo real decreto ley de medidas urgentes que incluirá, entre otros, la devolución de todas las competencias que le fueron hurtadas por el Gobierno del Partido Popular a la CNMC, según indican fuentes empresariales. Tal como desveló ayer en una entrevista a Cinco Días la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el organismo fijará por primera vez los peajes de la electricidad y el gas que entrarán en vigor en enero.
Esta medida requiere de la aprobación de una norma con rango de ley que modifique, a su vez, varias leyes aprobadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy en las que este se atribuyó, o no reconoció, las competencias que la Unión Europea otorga al regulador independiente. La maniobra le costó a España la apertura de una investigación que se saldó en 2016 con un dictamen motivado por haber transpuesto incorrectamete al ordenamiento jurídico las directivas sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad y del gas.
Para evitar que Bruselas ejecute en breve su amenaza de presentar un recursos por incumplimiento contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la UE y poner fin a los litigios que la CNMC mantiene contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo, el Ministerio de la Transición Ecológica ha elaborado una propuesta de norma para devolver al supervisor sus potestades. También para cumplir con el compromiso adquirido en junio con el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.
Además de elaborar la metodología, estructura y valor de los peajes de acceso a las redes eléctricas y del gas natural, la Comisión también fijará a partir de ahora la retribución de las actividades de transporte y distribución de gas y luz y de las plantas de gas natural licuado (GNL). Concretamente, la metodología, los parámetros retributivo y la remuneración de estas actividades. Por otra parte, el organismo que preside José María Marín, establecerá las reglas de funcionamiento de los mercados organizados; aprobará la retribución de los operadores de los sistemas eléctrico (REE) y gasístico (Enagás) y supervisará sus planes de inversión. Tambien tendrá competencias respecto a los derechos de acometida o enganches.
Con esta finalidad, el real decreto ley en marcha cambiará algunos contenidos de la Ley de Creación de la CNMC, de 2013; la del Sector Eléctrico y la de Hidrocarburos, estas dos últimas modificadas en 2014 por el Ministerio de Industria a través de una ley ajena al sector: la de Metrología. Mientras la primera de esas normas y las otras dos (antes de ser modificadas) reconocían, al menos, la potestad de la Comisión de elaborar el método de cálculo de las tarifas de acceso, aunque no su estructura ni su fijación, la de Metrología supuso una vuelta más de tuerca, al traspasar al ministerio incluso la función de diseñar la metodología de los peajes.
De esta manera, el departamento que dirigía a la sazón José Manuel Soria, junto a su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, pudieron sacar adelante, en contra del criterio de la CNMC, la polémica tarifa en alta tensión de la industria vasca, o euskopeaje, que supuso de facto la ruptura de la tarifa única en todo el Estado.
Para colmo, el precepto, que este organismo recurririó ante el Tribunal Supremo, fue desarrollado posteriormente, en 2017, en el decreto que establecía la estructura orgánica del extinto Ministerio de Energía, dirigido por Álvaro Nadal.
Una vez que entre en vigor el nuevo RDL, la CNMC establecerá los peajes y las reribuciones antes citadas mediante circulares. Eso sí, el organismo deberá respetar las orientaciones de política energética y, especialmente, el principio de sostenibilidad económica del sistema. Si los Gobiernos anteriores se resistieron a dejar en susmanos la fijación de las tarifas fue precisamente para evitar subidas que les perjudicaran políticamente.
En todo caso, los llamados cargos (otros costes de las tarifas reguladas que no son estrictamente los peajes, como es el caso de los incentivos a las renovables, las subvenciones a los archipiélagos o la amortización de la deuda eléctrica), los seguirá fijando y calculando el Gobierno. Entre los costes anuales del sistema, los cargos representan unos 10.000 millones, frente a los 7.000 millones de los peajes.
Las críticas de las petroleras
El real decreto ley con medidas energéticas que el Gobierno podría aprobar el viernes, incluirá, según fuentes del sector, algunas cuestiones relativas al estatuto de la industria electrointensiva o medidas sobre el futuro de la cogeneración. El estatuto es un mecanismo que ya aplica Francia, según el cual, se ofrecen ayudas al precio de la electricidad a grandes consumidores a cambio de inversiones eneficiencia e innovación.
El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, lamentó ayer que la intención del Gobierno de prohibir en 2040 la venta de vehículos de motor de combustión, “socava los principios de libertad y progreso” del sector.
En un acto de celebración del 25 aniversario de la AOP, en el que participó la ministra de Transición Ecológica, Aires consideró que esta medida, recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, va en contra del “progreso y la neutralidad tecnológica” y, además, crea “incertidumbre” en el sector automovilístico.
Sobre la firma