La fotovoltaica tramita proyectos por 20.000 millones de inversión
Las empresas depositan 235 millones en garantías para construir 23.500 MW La inmensa mayoría, 19.600 MW, son de proyectos que cobrarán el precio del mercado
Una nueva revolución renovable está en marcha en España. Más allá de los megavatios que fueron otorgados en las tres subastas que ha organizado hasta ahora el Gobierno, que se saldaron con la adjudicación de 3.900 MW fotovoltaicos (concretamente, en la tercera, celebrada en julio del año pasado), distintas inversores han presentado avales para construir plantas con una capacidad total de 23.500 MW.
Según datos del sector, la mayoría de dichos avales, que suman 235 millones de euros (a 10.000 euros por megavatio), se han presentado ante las comunidades autónomas (18.500 MW) y los 5.000 MW restantes se están tramitando ante la Administración Central (los Ministerios de Energía y de Medio Ambiente). Por su parte, de entre las comunidades, destacan los 7.900 MW de distintos proyectos en Extremadura, a la que siguen, a distancia, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Castilla y León (ver gráfico).
Teniendo en cuenta que la inversión media requerida es de 850.000 euros/ MW, se destinarán casi 20.000 millones de euros a la construcción de toda la capacidad avalada. En el caso de la energía eólica, la inversión mínima ronda el millón de euros/MW, un 15% más que para la fotovoltaica. En el cálculo de la inversión necesaria se tiene en cuenta la longitud de la línea de evacuación: esa resulta rentable si la distancia a la subestación es de un kilómetro por cada megavatio construido.
El hecho de que los inversores hayan depositado estas garantías ante las distintas administraciones es una prueba de que no van de farol. Este depósito es el paso previo a la tramitación de las distintas autorizaciones necesarias para construir las plantas (acceso y conexión a la red;, la declaración de impacto ambiental o DIA: la autorización administrativa y el acta de puesta en marcha).
Por otro lado, el hecho de que solo una sexta parte de estos avales se correspondan con la capacidad adjudicada en las subastas, es una prueba de que el sector ya camina solo: o porque le resulta rentable ir directamente a mercado o por el desarrollo de los nuevos contratos a largo plazo de suministro de electricidad con grandes consumidores, que reciben la energía de plantas concretas.
Se trata de los llamados PPA (en sus siglas en ingles), si bien, de la nueva potencia en trámite, solo una parte pequeña corresponden a este tipo de contratos. “Firmar PPA es un proceso largo y complejo”, señalan fuentes del sector, que interpretan que el alud de avales responde, más bien, “a la intención de los inversores de posicionarse para lograr puntos de conexión, que otorga el operador del sisteme eléctrico, REE, sin los cuales, no hay nada que hacer”. Por el momento, con este tipo de contratos se han avalado dos o tres proyectos, uno de ellos el que ha firmado EDP España con el grupo Calidad Pascual.
Las grandes eléctricas y distintos fondos de inversión se han apuntado al carro. Así, Iberdrola, que no resultó adjudicataria en ninguna de las subasta (en a dos de ellas no se presentó) ha anunciado un macroproyecto de hasta 500 MW fotovoltaicos en la provincia de Badajoz (entre Usagre e Hinojosa del Valle). Denominado Núñez de Balboa, el proyecto, que desarrolla la sociedad Ecoenergías Guadiana, cuenta ya con la DIA y la energética que preside Ignacio Galán, espera comenzar su construcción a finales de este año.
Otros grandes parques en marcha son los de Carril, en Puerto Lumbreras (Murcia), con 400 MW de capacidad, propiedad de Desarrollos Fotovoltaicos Carril; el Talayuela (Cáceres) que, con una potecia de 300 MW, desarollan Genia Global Energy, Solarcentury y Canopy y el de Don Rodrigo, en Alcalá de Guadaira (Sevilla) de 175 MW, que proecta Baywa.
La mayoría de las empresas opta por tramitar los permisos ante las comunidades autónomas (en el caso de que las plantas tengan menos de 50 MW), pues estas otorgan los permisos con mucha más rapidez que el Estado. No es extraño que, para ello, dividan el proyecto en plantas con una potencia por debajo de ese límite.
Tal es el caso del macroproyecto de Carmonita, en Mérida, que consta de cinco plantas de 50 MW o las seis que Endesa (a través de Enel Green Power) proyecta en tres localidades extremeñas (Talarrubias, Logrosán y casas de Don Pedro), con una capacidad total de 250 MW. Las grandes energéticas han optado por grandes proyectos “para aprovechar economías de escala”, señalan fuentes empresariales.
Todo apunta a que estas plantas fotovoltaicas podrán estar en funcionamiento a partir de 2020. Su futuro está en manos de la disposición de la banca a financiar los proyectos y a que REE les permita la conexión a la red.
Lejos de atisbar una nueva burbuja, en el sector consideran que la oferta renovable hará bajar los precios del mercado eléctrico y al optar por el mercado, la especulación provocada en su día por el cobro de primas no se dará ahora.
Pilar de la transición energética
La Fundación Renovable presentó hace unos días un informe con sus propuestas para una Transición Energética Sostenible, En él, considera que la fotovoltaica será “uno de los pilares de la cobertura de la demanda”, por tratarse “de una energía modular, distribuida, de recurso disponible conocido y diurno y muy competitiva”.
El desarrollo de la fotovoltaica debe centrarse, según esta fundación, en el desarrollo de plantas de generación centralizada, mediante subastas y apostando por la generación distribuida (individual o compartida).
El informe propone que en 2030 se instalen 85.000 MW de capacidad, incluyendo la asignada en las tres subastas celebradas hasta ahora (8.737 MW) y 15.000 Mw de repotenciación eólica. esto supondría una potencia adicional de 61.000 MW, de los cuales, 18.000 MW serían de generación distribuida o autoconsumo. En este último caso, reiteran una nueva regulación que elimine el llamado impuesto al sol.
El sector está proponiendo que el nuevo desarrollo de las energías renovables, como es el caso de la fotooltaica, pueda ir acompañado de otro industrial en las comunidades donde de vayan a instalar las futuras plantas, como fábricas de laminados metálicos.