Pimco denuncia que la JUR invitó a pujar por Popular por un euro
Los grandes fondos critican que se aceptara la valoración mínima La Junta asume que será la justicia de la UE quien evalúe su decisión
Los grandes fondos de inversión afectados por la desaparición de Banco Popular culpan a la Junta Única de Resolución (JUR) europea de haber contribuido a dejarles sin un solo euro de su inversión al animar a los potenciales postores a quedarse el banco por "nada".
“Hemos encontrado algo en lo que estamos de acuerdo con Deloitte: que su valoración es ‘altamente incierta y provisional’, como lo indica el informe” de la auditora en el que la Junta Única de Resolución (JUR) europea se basó para acabar con Banco Popular, exponen desde el bufete Quinn Emanuel.
Este es prácticamente el único punto de la información parcialmente revelada hace una semana con el que están conformes los abogados que representan a Pimco, Anchorage, y otros grandes fondos de inversión internacionales que perdieron unos 850 millones de euros invertidos en bonos de Popular.
Quinn Emanuel considera que la documentación censurada solo aclara que la decisión de resolver el banco fue tomada en solo unos minutos, basándose en un informe elaborado de forma atropellada y sin toda la información necesaria. Más allá, denuncian, la información facilitada “plantea más preguntas de las que responde”.
Desde el despacho denuncian que la versión no confidencial facilitada omite la información sobre la fuga de depósitos que sufrió Banco Popular en sus últimos días, y que habría propiciado su resolución; no detalla la liquidez de asistencia que le estaba prestando el Banco Central Europeo, ni por qué se cortó, condenando a la entidad; no aclara si la resolución fue más lesiva para los accionistas y bonistas afectados que una liquidación al uso; ni detalla la metodología aplicada por Deloitte para decir que Popular valía entre 1.300 millones en positivo y 8.200 en negativo, con un escenario central de -2.000 millones.
En este punto, los abogados de los fondos critican que, aunque Deloitte dijo que la valoración más fiable sería la mejor oferta presentada por un postor, la JUR acabó trabajando con la peor estimación y regalando la entidad. “La carta de proceso de venta invitó al comprador a hacer ofertas a un precio mínimo de un euro, o en la práctica nada, indicando por lo tanto que la oferta inicial de la JUR era imponer pérdidas a las acciones y bono”, dicen. Un euro es lo que Santander pagó por el banco.
Desde la JUR declinaron hacer comentarios, más allá de asegurar que su actuación fue “adecuada” y de que “corresponde ahora al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) evaluar la legalidad de la acción de resolución”.
