Deloitte asegura que Popular no cumplía la ley al provisionar su riesgo inmobiliario

La consultora tuvo 12 días para elaborar su estudio. Se usó el nombre en clave de Hippocrates para referirse al banco

banco popular
Logotipo de Popular.
Bruselas / Madrid

La Junta Única de Resolución (JUR) ha publicado este viernes la versión expurgada de buena parte de la documentación que sirvió de base para la intervención de Banco Popular, incluido el informe de valoración encargado a la auditora Deloitte. Los documentos revelan que el análisis de Deloitte, clave para la operación de venta de la entidad a Santander, se hizo de manera precipitada y sin acceso a numerosos datosconsiderados necesarios por la auditora.

Deloitte, que se refiere a la entidad con el nombre cifrado de “Hippocrates”, concluye que Popular tenía un agujero de entre 11.800 millones de euros en el mejor escenario y 20.600 millones en el peor, antes de su resolución y venta a Santander.

Según el informe, cuyo objetivo era estimar el valor que podría haber ofrecido un potencial comprador por el banco, la mejor estimación del ajuste de valoración de la entidad era de 14.700 millones de euros.

El agujero, según esta estimación final, se debería a un déficit de provisiones de 3.500 millones de euros en créditos, de 3.100 millones activos fiscales diferidos, de 2.700 millones por activos intangibles y de 500 millones por capital e ingresos fijos. La JUR ha oscurecido los agujeros ligados a las obligaciones legales, así como a subsidiarias y empresas conjuntas, que haciendo el cálculo supondrían en conjunto otros 2.700 millones.

Pero los auditores también se toparon con incumplimientos normativos por parte de la entidad. En activos inmobiliarios, en concreto, detectaron un agujero, que cifran en 3.100 millones de euros, “como consecuencia de la mala aplicación, por parte del Popular, de las normas comunitarias y españolas sobre valoración de activos.

SANTANDER 4,57 0,42%

La auditora reconoce en la presentación del informe que “esta valoración debe considerarse como altamente incierta y provisional”. Y añade que se ha incluía un colchón para pérdidas adicionales imposibles de estimar de manera precisa.

Fuentes del organismo europeo admiten, tras la publicación de los documentos, que la intervención se precipitó y les pilló en gran parte por sorpresa. “El calendario era impredecible”, señalan esas fuentes. “Y aunque le habíamos encargado a Deloitte un trabajo lo más rápido posible, al final hubo que pedir a los auditores que aceleraran el informe de manera dramática”, añaden esas fuentes.

La JUR, órgano presidido por Elke König, se había negado hasta ahora a publicar el informe de valoración. Pero en noviembre del año pasado, tras varios recursos de inversores, el Panel de Apelaciones del propio organismo recomendó la publicación de las partes no confidenciales.

El organismo de resolución ha acatado este viernes esa decisión, con mes y medio de retraso sobre el calendario previsto. La dilación se ha debido, en gran medida, al regateo entre las partes involucradas (JUR, FROB, BCE, Deloitte, Santander...) para eliminar del informe datos que pudieran considerarse sensibles.

“Se ha buscado un equilibrio entre el interés público y los intereses comerciales”, aseguran desde la JUR. El Santander se resistió a la publicación de ciertos detalles sobre activos del Popular que podía vender, pero esa información ha dejado de ser sensible una vez consumadas la operación. Deloitte también ha obligado a borrar precisiones sobre su tarea.

Pero el organismo que más censura ha impuesto parece haber sido el BCE, que ha obligado a tachar las cifras sobre colateral disponible o el volumen de las líneas de liquidez de emergencia.

En cambio, la JUR ha decidido ir más allá de la recomendación del Panel de Apelación y ha colgado en su web documentos sobre la venta del banco, que fue comprado por el Santander por un euro. El informe confirma que la entidad presidida por Ana Botín fue la única que presentó una oferta, aunque también se tanteó al BBVA.

El informe de Delotitte valoraba el banco el banco entre 1.300 millones y -8.200 millones, con un escenario base, que al final fue el más ajustado a la realidad, de -2.000 millones de euros. Esta factura se cubrió reduciendo a cero el valor de los títulos de los accionistas.

Deloitte reconoce que su trabajo se vio “seriamente limitado por la información y el tiempo disponible”, señala el Apéndice 1 del un informe de apenas 20 páginas.

Los auditores subrayan que hasta el 24 de mayo de 2017 no obtuvieron el permiso para acceder a la “sala de datos virtual” que recogía la información confidencial ofrecida a los potenciales compradores. Y el acceso a esa sala no se produjo hasta el 25 de mayo a las 14 horas. Solo 13 días después, el 7 de junio, de madrugada, desaparecía el banco.

Carencias

Además de falta de tiempo, Deloitte reconoce "importantes carencias de datos" e inconsistencias en la información disponible. Los auditores también señalan su "limitado acceso" a la dirección del banco y tuvieron que conformarse con un trabajo con personal de base.

A pesar de todo, fuentes de la JUR aseguran que "el resultado fue robusto tomando en cuenta las limitaciones". Se trataba de la primera intervención de un organismo casi recién nacido (enero de 2015) y que todavía opera con serias limitaciones de personal y recursos, según un reciente informe del Tribunal de Cuentas europeo.

A finales de 2016, solo seis meses antes de la intervención del Popular, la JUR disponía con la mitad de los empleados previstos para 2015, según alertó el informe del Tribunal, que destacaba la carencia de personal especializado, sobre todo, en los equipos encargados de preparar las intervenciones. La falta de personal en las direcciones que planifican las resoluciones afecta significativamente el proceso de planificación", señaló el Tribunal.

Activos sobrevalorados

  • El informe de Deloitte indica que el Popular sobrevaloraba muchos de sus activos.
  • En cuanto al negocio inmobiliario del Popular, Deloitte apunta que el "valor justo estimado" de los activos adjudicados supondría una quita de entre el 42 % y el 47 % sobre las estimaciones hechas por la entidad española, lo que implica un agujero de entre 2.494 millones de euros y 3.192 millones.
  • En el caso de los activos tangibles, la quita era de entre el 15 % y el 27 %, entre 126 millones y 231 millones, frente a lo previsto por el Popular.
  • En cuanto a los créditos, donde el ratio de morosidad del banco a 31 de marzo -fecha de la que datan los datos utilizados por Deloitte para hacer el informe- era del 14,9 %, la consultora señaló que toda la cartera parecía "poco atractiva para muchos compradores potenciales".
  • Deloitte también hizo una estimación de lo que habrían perdido y recuperado los inversores en caso de que el banco hubiese sido liquidado en lugar de resuelto, pero la JUR tachó esta información en la versión publicada hoy. Esta información se incluirá en otro informe que está haciendo también Deloitte y que se publicará en los próximos meses.
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