La Audiencia plantea suspender los recursos por Popular hasta oír a la justicia europea

Plantea a las partes paralizar las acciones contra el FROB hasta que se pronuncie el TJUE

El Fondo remite una justificación de sus actuaciones pero limita la documentación por “confidencialidad”

FROB
Oficina de Banco Popular.

La Audiencia Nacional ha propuesto dejar en suspenso la tramitación de los recursos contencioso administrativos por la resolución de Banco Popular hasta que la justicia europea se pronuncie sobre el asunto.

Concretamente, en una providencia conocida este miércoles, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha planteado a las partes congelar las actuaciones contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la operación.

El organismo actuó por mandato de la Junta Única de Resolución europea, y la Audiencia propone ahora aguardar a pronunciarse hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) resuelva los recursos presentados en el cauce comunitario.

“Con el propósito de dotar de la mayor efectividad a la tutela judicial y de evitar en la medida de lo posible incidentes que solo retrasarían y complicarían la tramitación de los asuntos”, la Audiencia considera preferible esperar al pronunciamiento de la Corte de Luxemburgo.

Información "confidencial"

Antes de decidir, la Audiencia ha dado un plazo de 10 días a las partes personadas antes de "acordar la suspensión del curso de las actuaciones en el estado en el que se encuentran hasta la fiscalización de los procesos pendientes en el Tribunal General de la Unión Europea".

En paralelo, la Audiencia Nacional ha recibido también el expediente administrativo facilitado por el FROB en el que explica y justifica su intervención sobre Banco Popular y que será remitido a las partes. Sin embargo, el organismo de reestructuración ha remitido solo una parte de la documentación alegando “razones de confidencialidad”.

Los afectados por el fin de Popular siguen a la espera de ver si la JUR termina haciendo público el informe encargado a Deloitte que fundamentaba la decisión de resolver la entidad tras la fuga masiva de depósitos que sufrió en sus últimas semanas de vida.

Una resolución judicializada

Banco Popular fue resuelto el pasado 7 de junio por decisión de la autoridad europea e inmediatamente vendido por un euro simbólico a Banco Santander. El movimiento causó pérdidas millonarias a miles de accionistas y bonistas de la entidad, que perdieron de golpe todo su dinero.

La entidad que preside Ana Patricia Botín ha emitido unos bonos perpetuos como compensación a algunos de los accionistas afectados (los que participaron en la ampliación de capital de Popular en junio de 2016)y bonistas a cambio de que renuncien a litigar.

Aunque los títulos han logrado una amplia aceptación, existe otro gran número de afectados que han decidido acudir a la vía judicial, incluyendo a grandes accionistas que han optado mayoritariamente por imponer recursos contra la decisión de resolver Popular, bien contra el FROB en la Audiencia Nacional, bien contra la JUR ante la justicia europea.

En paralelo, el juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto una investigación para dilucidar las posibles responsabilidades penales de los gestores de la entidad (incluyendo a los miembros de las dos últimas cúpulas del banco, la presidida por Ángel Ron y la que dirigió su sucesor, Emilio Saracho).

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