No debe haber ‘brexit’ a la carta

Nunca hay que subestimar a los negociadores británicos ni firmar un acuerdo debilitante

Delegación británica, con una cesta de productos del país, a su llegada a una reunión con la UE en torno al 'brexit', el pasado día 10 en Bruselas (Bélgica).
Delegación británica, con una cesta de productos del país, a su llegada a una reunión con la UE en torno al 'brexit', el pasado día 10 en Bruselas (Bélgica).

Theresa May y los 27 miembros restantes de la UE se enfrentan a negociaciones decisivas durante 2018. El Consejo Europeo de mediados de diciembre aprobó que el Reino Unido y la Comisión Europea negocien un acuerdo comercial posbrexit. El principio de acuerdo del pasado diciembre aborda las tres condiciones previas que exigían los 27 para acceder a la segunda fase del diálogo.

En materia de derechos de los 3,7 millones de ciudadanos de la UE ya residentes en Reino Unido, el compromiso garantiza que continuarán gozando de los derechos que disfrutan en la actualidad durante el resto de sus vidas. Continuarán compitiendo en igualdad de condiciones que los británicos por empleos y recibirán las mismas prestaciones sociales. No se podrá discriminar contra los ciudadanos británicos residentes en la UE en función de su nacionalidad. Pero en el año posterior al referéndum del brexit, 123.000 ciudadanos de la UE abandonaron Reino Unido.

En cuanto a la factura por el divorcio, la Comisión acepta la cantidad provisional de 45.000 millones de euros. Reino Unido se compromete a pagar su contribución al presupuesto de la UE hasta 2020, su parte de préstamos del Banco Europeo de Inversiones y otros pagos, como ayudas a refugiados turcos cuya cantidad final –a pagar en euros– deberá concretarse. La Comisión cedió en su exigencia de que Londres pague por el traslado de las sedes de las agencias de la UE que se encuentran en Reino Unido.

El futuro de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte es el ámbito menos realista del principio de acuerdo. Londres se compromete a no restablecer una frontera con controles entre Irlanda del Norte e Irlanda. Asimismo, pretende cuadrar el círculo y asegura que Irlanda del Norte seguirá vinculada al mercado único de la UE aunque la legislación británica sea de obligado cumplimiento.

La UE fija octubre como plazo deseable de un acuerdo definitivo para dar tiempo a su ratificación antes de finales de marzo de 2019 (fecha en que el Reino Unido debería abandonar la UE), proporcionar estabilidad regulatoria a las empresas y evitar fisuras entre los 27.

Dicho acuerdo definitivo debe concretar las condiciones del plazo de transición de dos años durante el cual Reino Unido continuará sometido a la legislación comunitaria y contener un marco para las relaciones comerciales posbrexit.

Londres sigue reclamando la libertad de movimiento de servicios, mientras que la Comisión y su negociador para el brexit, Michel Barnier, advierten que no habrá un acuerdo a la carta. Si Londres insiste en abandonar el mercado único y la consiguiente libertad de movimiento de trabajadores, sólo puede aspirar a un acuerdo comercial con la UE que abarque bienes, como los alcanzados por Bruselas con Canadá y Corea.

La UE posbrexit seguirá siendo la segunda economía del mundo y cinco veces mayor que la británica. Londres alardea de los grandes acuerdos de libre comercio que sellará por su cuenta. Pero la UE es el mayor socio comercial de 59 países, el comercio de bienes y servicios representa el 34% de su PIB y duplicó el volumen de sus intercambios comerciales con el resto del mundo entre 1999 y 2010. El tipo medio de los aranceles de importaciones de productos industriales a la UE es de solo el 2,3%, y el 3,6% si contamos productos agrícolas.

Algunos ministros británicos amenazan con no pagar nada si no hay acuerdo comercial y restringir la cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, son los 27 los que negocian desde una posición política de fuerza. No hay fisuras entre los eEstados miembros porque los posibles aliados de Londres en Europa oriental quieren seguir recibiendo el mismo nivel de fondos estructurales y de cohesión.

El Partido Conservador está dividido entre los partidarios de un brexit duro y los que defienden uno suave. La Cámara de los Comunes deberá pronunciarse sobre el acuerdo final. La mayoría del gobierno de May en los Comunes depende de los votos del Partido Unionista Democrático, que se opone a una salida del Ulster del mercado único.

La Unión Europea no desea que el periodo de transición durante el cual Reino Unido continuará siendo miembro de la UE se alargue más allá del final de 2020. Durante la transición el Reino Unido continuará aplicando la legislación comunitaria, las políticas de la UE y aceptando la supremacía legal del Tribunal Europeo de Justicia. Pero Londres no tendrá voto en las instituciones europeas ni en asuntos como el reparto de cuotas de pesca.

La UE debe insistir en que el Reino Unido posbrexit debe aplicar políticas de competencia, ayudas estatales y regulaciones equiparables a las comunitarias. La economía británica pierde fuelle, mientras que las de los principales miembros de la UE crecen a un mayor ritmo.

Es comprensible el deseo de la Comisión y estados miembros de la UE de conseguir un acuerdo con Londres que despeje las incertidumbres del brexit. Pero nunca hay que subestimar a los negociadores británicos ni firmar un acuerdo que siente un precedente y debilite la integración europea.

Alexandre Muns es profesor de OBS Business School

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