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Los hoteleros madrileños acusan a Cifuentes de beneficiar a los grandes fondos

Exigen la retirada del borrador de decreto que regula las viviendas turísticas Alertan de una situación “crítica” para los vecinos si no se toman medidas

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.Efe

Los hoteleros de Madrid han presentado una enmienda a la totalidad al borrador de decreto que el ejecutivo de Cristina Cifuentes ha elaborado para tratar de poner orden a la regulación de las viviendas de uso turístico. En las alegaciones que han presentado al texto, los hoteleros consideran que si se aprueba esa norma tal y como está redactada, “la normativa madrileña se convertiría en la más laxa del mundo”.

Gabriel García, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, ha remarcado esta mañana en un encuentro con medios de comunicación que el borrador está concebido fundamentalmente para favorecer la desregulación, “en beneficio de ciertos intereses empresariales pese a los enormes problemas sociales y económicos que implica esta actividad”. Aunque no puso nombre y apellidos de forma explícita, García apuntó a los grandes fondos de inversión inmobiliarios como los principales beneficiarios del decreto. “Todo el inmobiliario que se está vendiendo en Madrid está ligado al turismo porque es de alta rentabilidad, con rendimientos del 12%, y apenas tiene control”, ha señalado. De hecho ha remarcado que en la actualidad hay 20.000 viviendas de uso turístico en Madrid, de las que tan solo 5.000 están censadas y otras 15.000 se encuentran en situación de ilegalidad. El presidente de los hoteleros madrileños precisó que la norma no tendrá ningún impacto si no se refuerzan los servicios de inspección y control. "En el último año y medio solo se han presentado 250 denuncias y solo se han impuesto cinco sanciones", ha precisado.

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García también ha sido especialmente crítico con el plazo de transición de dos años para la adaptación a la nueva normativa y alertó de la situación crítica que pueden vivir los vecinos si no se toman medidas en sentido contrario. “El precio de la vivienda se está disparando y los barrios de Madrid están perdiendo el perfil que tenían antes”, ha apuntado.

Ninguno de los puntos del nuevo borrador ha satisfecho a los hoteleros. Este establece la obligatoriedad de contar con un certificado de idoneidad, en el que se le exige a la vivienda, entre otros requisitos, que tenga agua caliente, fría, un extintor y un plano de señalización. “Con un extintor se liquidan las normas de seguridad cuando a los hoteles se nos llegan a exigir hasta 200”. Tampoco están de acuerdo con otra de las novedades del decreto, que considera como empresas a las personas que alquilan viviendas como un negocio. “Todas deben figurar como actividad económica para disipar las dudas acerca de la existencia de la obligación de los propietarios de tributar por las rentas generadas. Sería necesario vincular los datos del registro de viviendas turísticas con los registros fiscales para facilitar el control de que los titulares de dichas viviendas tributen adecuadamente”, ha precisado García.

Los hoteleros consideran que sería imprescindible acotar el número de días máximo de alquiler en el que una vivienda puede ser ofrecida a los turistas, en línea con las normativas aprobadas en otros grandes destinos turísticos como Londres, Amsterdam o París. En concreto, la regulación de la capital francesa entró en vigor en enero y obligará a los propietarios a cumplir con el límite oficial de 120 días para alquileres de corta duración para una residencia personal. Con esta medida, el ayuntamiento parisino busca frenar la escalada de precios de la vivienda en el centro de París y contribuir a que los vecinos tengan acceso al alquiler de casas. “En Berlín se ha llegado a prohibir de manera absoluta la actividad de las viviendas de uso turístico porque la disponibilidad de las viviendas a preciso asequibles se ha visto gravemente amenazada en toda la ciudad”, precisan en sus alegaciones.

La patronal madrileña considera que el establecimiento de ciertos límites razonables al ejercicio de la libertad empresarial “no supone una indebida restricción de la misma, sino un mecanismo necesario para garantizar que la actividad económica se desarrolle de manera adecuada, asegurando la protección de los derechos de los consumidores y usuarios y la seguridad de las personas”.

Las principales alegaciones de los hoteleros madrileños

Cesión por habitaciones. El borrador establece la posibilidad de que las casas puedan ser cedidas por habitaciones. Los hoteleros creen que provocará un incremento exponencial descontrolado de la oferta turística de la ciudad. “Sería como permitir una pensión, pero sin los requisitos que se le piden a una pensión”, apuntó García.

Economía colaborativa. Los hoteleros madrileños recurren a la última sentencia de la Justicia europea, en la que se considera a Uber como un servicio de transporte y debe someterse a la normativa nacional en la materia. “El Tribunal Superior de Justicia de la UE dictará resoluciones similares en el ámbito de las viviendas de uso turístico, dado que muchos de los problemas que se suscitan en este sector y en el de los transportes son similares”.

Comunidad de propietarios. Considera que la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan vetar los pisos turísticos no tiene ningún efecto práctico. “Requiere la reforma de los estatutos y que esta sea aprobada por unanimidad. Bastaría que un solo propietario votara en contra para que la prohibición no alcance la unanimidad y no llegara nunca a aprobarse”.

Servicios de inspección. Creen que si no se refuerzan los servicios de inspección y control de las viviendas turísticas, ninguna norma surtirá efecto. Los hoteleros calculan que hay 20.000 pisos turísticos en Madrid, de los que tan solo 5.000 están inscritos en los registros oficiales. En el último año y medio solo se han presentado 250 denuncias y se han impuesto cinco sanciones”.

Máximo días de alquiler. Proponen limitar el número máximo de días de alquiler, como ha sucedido en otras ciudades como Londres, París o Ámsterdam. En París solo pueden alquilarse 120 días; a partir de ese umbral está prohibido el alquiler en el centro de la capital francesa.

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