París abre la puerta para llevar a Airbnb ante los tribunales

Es la primera administración que sopesa recurrir a esta vía

En Italia la plataforma está obligada a pagar el 21% de sus ingresos al Fisco

Anne Hidalgo, alcaldesa de París.
Anne Hidalgo, alcaldesa de París.

El cerco sobre Airbnb se estrecha. La proliferación de pisos turísticos en las grandes capitales europeas y en los grandes destinos españoles ha llevado a las administraciones a endurecer las sanciones contra aquellas plataformas que publiquen anuncios de alojamientos que no cuenten con un número de registro. Este obliga al propietario a cumplir con sus obligaciones administrativas y fiscales y permite a la administración disponer de la información necesaria para controlarle. Grandes plataformas como Booking o HomeAway lo han aceptado y han optado por retirar los anuncios que no tuvieran un número de registro ante la posibilidad de afrontar multas que en el peor de los casos podría ascender a 600.000 euros.

La única que se ha resistido es Airbnb, que rechaza publicar anuncios con números de registro y que también se niega a facilitar los datos de los propietarios. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, amenazó antes de verano con un borrador que obligaría a las plataformas a facilitar dicha información. Esa norma, por ahora, no ha salido adelante y todo ha quedado en un pulso sin resolver entre el Estado y la multinacional con sede en San Francisco.

El Gobierno galo estudia la entrega de tarjetas de crédito a los caseros emitidas en Gibraltar para realizar los pagos

La solución, sin embargo, puede venir de fuera. El ayuntamiento de París sopesa llevar a los tribunales a Airbnb ante el reiterado incumplimiento de la plataforma al no facilitar al consistorio el número de registro de los pisos que anuncia. Se trataría de la primera administración que recurre a esta vía y supone un cambio de estrategia con respecto a la llevada por ayuntamientos y comunidades autónomas en España, que han optado mayoritariamente por fijar multas a las plataformas. Así lo han hecho, por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona y la Comunidad Valenciana, que tienen abiertos expedientes sancionadores contra distintas plataformas y que han endurecido las sanciones a las plataformas.

París da un paso más adelante y al contrario que España prefiere cargar la culpa a Airbnb y no perseguir a los propietarios. “Ya se ha condenado a algunos propietarios, pero creo que la clave para resolver el problema es que las plataformas asuman su responsabilidad. No se puede continuar con esta impunidad que permite que las plataformas ganen mucho dinero con anuncios ilegales”, señaló Ian Brossat, concejal de vivienda del ayuntamiento de París en declaraciones a la radio France Info.

El consistorio parisino solo tiene censados en los registros oficiales 10.000 pisos para usos turísticos cuando solo Airbnb dice tener más de 50.0000 en la capital francesa. Muchos propietarios, por lo tanto, quedan al margen de la nueva legislación francesa, que limitará a partir del 1 de enero de 2018 a 120 el número de días que puede alquilar un particular un piso con fines turísticos. Si se supera esa cifra, el propietario estará obligado a tributar como una empresa, con lo que ello supone en términos de coste y de obligaciones fiscales frente a Hacienda que antes no tenía que cumplir. Para los que ingresarán menos de 23.000 euros al año, se considerarían rendimientos del IRPF y deberían tributarse como tales. Superado ese umbral, pasarían a ser considerados como rendimientos de actividades económicas. El tipo medio del impuesto de Sociedades en Francia es el más elevado en la UE, con un gravamen del 38%.

Francia no es la primera administración que trata de regularizar la oferta de pisos turísticos en Airbnb. Italia fue pionera con la aprobación de un decreto el pasado mes de abril, en el que fijaba dos novedades: establecía una tasa del 21% sobre los alquileres de viviendas turísticas inferiores a un mes y obligaba a la plataforma a pagarlo al considerarlo responsable tributario.

Las dificultades para hacer pasar por el aro a Airbnb y a otras tres plataformas (Windu, ParisAttitude y Sejourning) han llevado al ayuntamiento de Paris a abrir un expediente sancionador al detectar al menos 1.400 anuncios ilegales que carecen de número de registro. El siguiente paso, ante la posibilidad más que probable de que ignoren la norma, es denunciarlas ante los tribunales de Justicia para sancionarlas y obligarlas a adaptar su oferta a lo que marca la norma.

La pelea sobre la elusión fiscal también está encima de la mesa. Los ministros de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire y Gerald Darmanin, se reunieron ayer con la cúpula de Airbnb en Francia para esclarecer distintas informaciones que señalaban que la filial francesa de Airbnb entregaba tarjetas de crédito recargables a los caseros para transferir los pagos por el alquiler de sus propiedades. Nada anormal excepto que la tarjeta había sido expedida por Payoneer, radicada en Gibraltar, y el consistorio no tenía acceso a la información.

Lo que proponen las autonomías en España

Barcelona: 2.500 viviendas retiradas
El pulso que mantienen el ayuntamiento de Barcelona y Airbnb no se frena, pese a que la plataforma reconoció a finales de noviembre que había retirado 2.500 anuncios de su página: 1.300 por pertenecer a un propietario que tenía anunciado otro piso en la plataforma y 1.200 por no contar con un número de registro. Un gesto insuficiente para el consistorio que considera que esa cifra es muy inferior al de los pisos ilegales, cercana a los 7.000.

Madrid: Licencia obligatoria para operar
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, anunció recientemente que preparaba un nuevo marco regulatorio para el primer trimestre de 2018. La principal novedad es que se cambiará la calificación de la vivienda turística “para que si quiere funcionar como tal tenga que solicitar licencia y responder con la misma normativa que un hotel”. El que no lo haga quedará fuera de la ley. El ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena sopesó en primera instancia fijar un límite máximo de 60 días, pero desistió por las dificultades de control. El principal escollo de la propuesta de Madrid es que las competencias en materia urbanística y turística recaen en las comunidades autónomas y que debería alcanzar un acuerdo similar al suscrito en Cataluña, mediante el cual la Generalitat cedía esas responsabilidades al consistorio de Ada Colau.

Baleares: multa de 400.000 euros
Ante la segunda negativa recibida para regularizar su oferta, el Ejecutivo balear ultima un expediente sancionador contra Airbnb que puede acabar con la mayor sanción que fija la normativa autonómica (400.000 euros).

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