Madrid amenaza con sanciones de 300.000 euros a Airbnb

El borrador de decreto obliga a las plataformas a retirar las viviendas sin registrar Limitará el número de personas que se pueden alojar en función de la superficie

Cristina Cifuentes, presidenta de a Comunidad de MadridEfe

Madrid ha hecho público esta mañana el borrador del decreto con el que pretende regular las viviendas de uso turístico en Madrid. En la actualidad solo Airbnb cuenta con más de 13.000 anuncios en la capital, a lo que habría que sumar la oferta de otros portales como Home Away o Booking. Madrid es junto a Barcelona el municipio más afectado por el fenómeno del turismo masivo a través de estas plataformas, lo que ha provocado un choque entre los intereses de vecinos y turistas que este decreto trata de mitigar.

La nueva norma establece como primer requisito que toda aquella persona que alquile una vivienda para alojar turistas deberá contar con un certificado de idoneidad, que deberá ser expedido por un arquitecto o un ingeniero y que le servirá para dar de alta su vivienda en el registro que habilitará el Ejecutivo regional. Este documento certificará que cumple con los requisitos fijados en la normativa, como contar con un seguro de responsabilidad civil, hojas de reclamaciones, calefacción en funcionamiento, suministro de agua fría y caliente, fuentes de energía suficiente, un extintor, señalización básica de emergencia y un plano de evacuación del edificio y de la vivienda. Asimismo los propietarios estarán obligados, al igual que hacen los propietarios de apartamentos turísticos reglados o casas rurales, a remitir a la Dirección General de la Policía los datos de las personas que alojen.

Uno de los principales cambios del decreto se refiere a la consideración de las plataformas, que pasan a figurar como empresas turísticas. La principal obligación que les marca es la de controlar la oferta que presentan en sus plataformas, de tal manera que solo podrán ofrecer aquellas que cuenten con el certificado de idoneidad y que estén inscritas en el Registro. Ese será con toda seguridad el principal punto de fricción con las plataformas como Airbnb, ya que ellos consideran que no son un negocio y que simplemente intermedian entre propietarios y huéspedes, por lo que no tienen capacidad ni obligación de controlar la oferta. Asimismo 

En caso de que no lo haga , el texto faculta a la Comunidad de Madrid a abrir un expediente disciplinario que podía acabar en sanciones de hasta 300.000 euros. Una cuantía importante, pero que representa la mitad de la penalización máxima que fija el ayuntamiento de Barcelona. En concreto, el pasado verano cerró el expendiente que desembocó en una multa de 600.000 euros contra Airbnb y amenazó con imponerle una sanción de la misma cuantía.

Todas las viviendas deberán contar con un certificado de idoneidad expedido por un arquitecto o un ingeniero

El Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes ha evitado limitar el número de días o habitaciones que se pueden alquilar para evitar problemas con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo recurrió en marzo de 2015 la anterior normativa de Madrid en materia de alquileres turísticos, al considerar que vulneraba la capacidad de elección del consumidor, ya que solo permitía alquileres superiores a cinco días, lo que consideraba que dejaba el mercado de estancias cortas en manos de los hoteleros. La única restricción que marca la nueva normativa es el número máximo de personas que podrán alojarse en la vivienda. En viviendas con una superficie inferior a 25 metros cuadrados solo podrán alojarse un máximo de dos personas; entre 25 y 40 metros , el número se amplía a cuatro y por cada quince metros adicionales se podrán alojar hasta dos personas más.

Los propietarios estarán obligados a identificar a los inquilinos ante la Dirección General de la Policía

En cuanto a la gestión de la convivencia entre huéspedes y vecinos, el texto remite a la Ley Regional de Ordenación del Turismo y obliga a los propietarios a facilitar información sobre las normas de civismo. El principal mecanismo de control de la norma es la posibilidad que deja a las comunidades de vecinos de prohibir el alquiler turístico, siempre y cuando quede reflejada en sus estatutos.