La opa de Abertis, ¿otra guerra como la de Endesa?

La exigencia del Gobierno de autorizar la oferta de Atlantia resulta más que dudosa

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Sede de Abertis en Madrid.

Lo de las opas sobre Abertis recuerda cada vez más a la encarnizada guerra por el control de Endesa que entre 2005 y 2007 disputaron Gas Natural, Eon, Acciona y Enel. Aquello fue un auténtico vodevil, ciertamente entretenido pero con algunas escenas deplorables y un desenlace final cuando menos cuestionable, y esto va camino de convertirse en algo parecido. Es lo que pasa cuando las operaciones corporativas, so pretexto de afectar a compañías estratégicas para el interés nacional a criterio del Gobierno de turno, acaban rigiéndose más por criterios políticos que por razones estrictamente empresariales. No todo es igual, claro: entonces, en lo de Endesa, el enemigo a batir era alemán y el amigo era italiano. Hoy, paradojas del destino, las tornas parecen haber cambiado.

¿Qué es lo que está ahora en discusión? Básicamente, si la opa de Atlantia sobre Abertis, que fue aprobada por la CNMV el pasado 9 de octubre, debería haber pasado también por el peaje de la autorización del Gobierno, en la medida en que conllevaría (de resultar exitosa) una toma de control indirecta de las concesionarias de autopistas españolas pertenecientes a Abertis y de Hispasat, operador de nuestros satélites de comunicaciones e igualmente filial de Abertis. Así lo entienden el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que el 7 de diciembre, apurando al máximo el plazo legal de que disponían para ello, presentaron sendos requerimientos a la CNMV para que revocara el acuerdo de aprobación de la opa de Atlantia por no haber obtenido esta las autorizaciones mencionadas. Por supuesto, esas autorizaciones serían también exigibles a la opa de Hochtief/ACS, pendiente todavía de aprobación por la CNMV, pero parece que en este caso ya habrían sido solicitadas (aun cuando Hochtief, al presentar su opa, declaró que no estaba sujeta a ninguna otra autorización).

¿Son realmente exigibles estas autorizaciones? A nuestro juicio, es más que dudoso, sobre todo en lo que respecta a la autorización reclamada por el Ministerio de Fomento en relación con las autopistas. Pero, consideraciones jurídicas al margen, quizás lo más sorprendente –y criticable– de la pretensión gubernamental sea su extemporaneidad. Tiempo más que sobrado ha tenido el Gobierno para consensuar una posición común al respecto con la CNMV, de modo que esta hubiera podido aprobar la opa de Atlantia con todas las bendiciones que fueran de aplicación, evitándose así el lamentable espectáculo de enfrentamiento entre Administraciones públicas al que estamos asistiendo. Algo grave falla en el sistema cuando el propio Gobierno pone en cuestión la legalidad de las resoluciones de la CNMV. Tampoco llega a entenderse bien la finalidad de esta maniobra gubernamental: convengamos en que cualquier intencionalidad de veto debe quedar descartada; pero es que, aun cuando tal intencionalidad existiera, ¿cree alguien que el Gobierno podría utilizar esta herramienta para detener a un oferente y dar vía libre al otro, siendo ambos respetables sociedades cotizadas europeas?

¿Y qué puede pasar ahora? Pues depende de si la CNMV atiende o no a los requerimientos ministeriales. Si lo hace y revoca el acuerdo de aprobación de la opa de Atlantia, esta tendría que volver a presentarse y no podría ser autorizada por la CNMV hasta que no hubiera obtenido la autorización del Gobierno. Técnicamente, la opa de Hochtief se convertiría en oferta inicial y la de Atlantia en competidora (posición inversa a la que ocupan ahora), lo que perjudicaría a Atlantia al forzarle a mejorar los términos de la opa de Hochtief y hacerle perder las ventajas que la ley reserva al primer oferente. Un bonito enredo, susceptible de complicarse aún más si Atlantia, como sería de prever, impugnase la revocación de su opa. En caso contrario, esto es, si la CNMV no aceptase revocar la opa de Atlantia, los ministerios requirentes tendrían dos meses de plazo para interponer un recurso contra el acuerdo de aprobación de dicha opa ante la Audiencia Nacional, quien podría decidir la suspensión cautelar de la misma. Esa suspensión afectaría asimismo a la opa de Hochtief en tanto que oferta competidora, ya que todas las ofertas en liza tienen que jugarse al mismo tiempo.

Hemos mejorado: ahora el Gobierno se limita a amenazar con recursos judiciales. Intervencionismo, sí, pero de momento ajustado a derecho

El plazo que tiene la CNMV para contestar los requerimientos ministeriales expira el próximo lunes 8 de enero. Lo más probable es que decida mantener la aprobación de la opa de Atlantia, teniendo en cuenta que esta ya ha anunciado su intención de solicitar las autorizaciones gubernamentales. En esas circunstancias, además, no tendría mucho sentido que los ministerios requirentes impugnasen judicialmente la resolución de la CNMV, pero habrá que esperar para ver cómo evolucionan los acontecimientos en las próximas semanas. En cualquier caso, todo este embrollo tendrá como efecto seguro un indeseable retraso en el desarrollo del proceso de opas, eventualmente muy prolongado, en perjuicio de los accionistas de Abertis y de los más elementales principios de seguridad en el tráfico que deberían regir el funcionamiento del mercado.

Pero no seamos tan agoreros y acabemos con un mensaje de optimismo más propio de las fechas en que nos encontramos. Volviendo al paralelismo con la guerra de opas sobre Endesa, hay que ser justo y reconocer que hemos mejorado bastante en términos de respeto de las reglas del juego. El Gobierno de entonces no dudó en sacarse de la manga un real decreto ley para imponer a uno de los oferentes en liza, en mitad del partido, la exigencia de obtener una autorización administrativa que no existía cuando presentó su oferta. Ahora el Gobierno se limita a amenazar con recursos judiciales. Intervencionismo, sí, pero de momento ajustado a derecho. Sin duda, vamos progresando.

Vicente Conde Viñuelas es socio de Osborne Clarke España.

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