Más inversión en infraestructuras y una política de Estado contra la sequía

La escasez de agua, desde hace ya cuatro años, pone en riesgo el abastecimiento

La agricultura es la más perjudicada, ya que consume el 70% del líquido

Sequía
El pantano de La Pedrera, en Alicante, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Segura, a finales de octubre.

Hace una década, España sufría una sequía severa: no llovía lo suficiente entre 2004 y 2007. Hoy sucede lo mismo, desde 2014 las precipitaciones son escasas, pero con una diferencia: la crisis ahora es hidráulica, es decir, el agua de los embalses se agota (la reserva se encontraba ayer en el 38% de su capacidad total) y hay dificultades para abastecer la demanda, como ha sucedido en Vigo o Málaga, que han recurrido a camiones cisterna, o los daños que han sufrido los frutales y las cosechas de cereales, castaña, olivo y viñedos.

¿Cuál es la solución a una situación cíclica? ¿Encomendarse al Dios de la lluvia? El invierno alberga alguna esperanza ya visible, aunque insuficiente todavía, sobre todo para las cuencas más afectadas: el Júcar, el Segura –las de siempre– y el Duero, con un 25%, 14% y 31% de reserva, respectivamente). Los problemas son de fondo si añadimos la presión demográfica (9.800 millones en 2050 según la ONU), que suponer subir un 70% la producción de alimentos (prevé la FAO) y el cambio climático.

“En España, el 27% de los 3,6 millones de hectáreas de regadío están sin modernizar. El sistema de riego es de los denominados a manta, por inundación, que consume hasta un 50% más de agua, cuando este recurso debe llevarse a pie de parcela”, revela Albert Martínez Lacambra, director de Agbar y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una inversión que, a su juicio, puede llevarse a cabo vía impuestos, tarifa o ayudas.

“Como el 70% del consumo va a la agricultura [y son los más perjudicados porque se prima el suministro a la población], tenemos que dotar de tecnología al campo para que se vele por su uso racional”, defiende Martínez Lacambra en El agua y los retos del siglo XXI, una publicación científica, Aqua Pepers, de la Fundación Aquae, con el apoyo de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y el Colegio de Economistas de Madrid.

En el 38% se sitúa apenas la reserva hidráulica española

Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Regantes, niega este déficit tecnológico –“es una leyenda negra ecologista subjetiva, dice– y afirma: “España se puede presumir de una transformación muy grande. Antes el 59% de los cultivos utilizaba el riego por inundación, ahora es menos del 24%”, apunta.

Y, en cambio, propone que se aumente un 25% la capacidad de los embalses, que se sitúa en 56.000 hectómetros, un proyecto que cuenta con un informe técnico incluido en el plan hidrológico de 2011. “Gracias a estas obras de regulación, hemos soportado durante prácticamente cuatro años la sequía sin sentirla hasta ahora, y ayuda a controlar las inundaciones, otra consecuencia del cambio climático”, aboga.

Más allá de ser un recurso limitado, y de si la gestión es pública, privada o mixta, se echa de menos una mayor gobernanza, planificación a largo plazo, otro de los reclamos, en un país donde las políticas se fijan según la comunidad autónoma y donde se mezclan “intereses partidistas y electoralistas”, señalan Martínez Lacambra y Del Campo, que piden un pacto nacional por el agua y un regulador independiente.

Otros puntos pendientes

Depuración. Alarma, asombro, ocasionó la imagen de una playa en Ibiza cubierta de toallas íntimas. Baleares, con una masificación turística ascendente, no es la única. Murcia, con la proliferación de algas tóxicas en el mar Menor, Andalucía o Castilla y León se suman a los males en depuración. Un déficit que le ha valido a España varios expedientes sancionadores de la UE, el que más, por “su incomprensible falta de inversión”, lamenta Albert Martínez Lacambra, de Agbar.

Tarifas. Transparencia es la principal demanda. “Depende del municipio, se aplican numerosos tributos (cánones) que distorsionan la información al usuario y elevan la simetría de precios, a veces de hasta el 350%. Hay que revisar su estructura, no solo el nivel”, considera Gonzalo Delacámara, director académico del Foro Económico del Agua.

Reutilización. Las tan criticadas plantas desaladoras “deben mantenerse como seguro de vida”, así como la reutilización directa (el agua residual tratada para consumo humano tras su potabilización), prohibida en España  pero que ya es una opción en California, opina Martínez Lacambra. La renovación, además, de las redes de abastecimiento y alcantarillado, agregan en AEAS. La patronal Seopan calcula que se necesitan 12.014 millones de euros en infraestructuras de agua, 510 actuaciones prioritarias, el 38% de ellas son básicas.

Fernando Morcillo, presidente de la patronal AEAS, confirma que se han iniciado las conversaciones con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para que se incorpore el tema en la agenda de los políticos.

También es una cuestión de dinero: “La obsesión por el cumplimiento del déficit va en detrimento del entorno”, concluye Martínez Lacambra, en referencia a los recortes presupuestarios.

Tejerina escucha a los regantes

E.P.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, aplaude la decisión del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de aumentar en 4,3 millones la subvención para agua desalada en 2017, cumpliendo así una de las cuatro reivindicaciones del Círculo por el Agua, aunque insiste en pedir un riego de socorro de 60 hectómetros cúbicos para "salvar" 44 millones de árboles frutales.

Otra de las reivindicaciones de agricultores y regantes es la puesta en marcha de las desaladoras a su máxima capacidad, además de que se pongan en funcionamiento las de Muchamiel (Alicante) y Villaricos (Almería) , según ha recordado el también portavoz del Círculo por el Agua en declaraciones a Europa Press.

En concreto, según Orden Ministerial dictada por la ministra Isabel García Tejerina y publicada en el BOE el pasado 22 de diciembre, se ha establecido un precio rebajado de 0,30 euros por metro cúbico para el agua producida por la desaladora de Torrevieja de Alicante y una ayuda de 0,10 euros por metro cúbico para el agua procedente de la desaladora de Valdelentisco (Murcia), destinada en ambos casos exclusivamente al agua producida para riego durante el presente 2017.

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