Suspenso en obras hidráulicas

Plantas de depuración, riego, abastecimiento y potabilización son algunas de las demandas básicas prioritarias del sector del agua.

Las infraestructuras hídricas requieren 12.000 millones de inversión

Aspecto de los trabajos de Castroviejo (Burgos), una de las pocas obras de envergadura.
Aspecto de los trabajos de Castroviejo (Burgos), una de las pocas obras de envergadura.

Camiones cisterna abasteciendo a pequeñas poblaciones de España ha sido una de las imágenes del verano –y del principio del otoño-. Antes sólo sufrían esta situación localidades de Andalucía, Murcia y Almería, pero este año se han sumado Castilla y León, Castilla La Mancha e incluso Asturias y Navarra.

Nadie niega que sea un país árido, el 72% de su superficie se encuentra en situación de estrés hídrico severo, pero uno de las principales problemáticas a las que también se debe hacer frente es la falta de inversión en infraestructuras. De hecho, en comparación con la media europea, el porcentaje de inversión respecto del PIB es el más bajo (0,1% frente al 0,27%), según el estudio La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros, elaborado por PwC en colaboración con Acciona.

La mayoría de grupos constructores no ha realizado infraestructuras acuíferas de relevancia en los últimos años dentro de nuestras fronteras. Si cuentan con proyectos de gran envergadura en Canadá, Australia, México y Sudamérica, pero en la península salvo la presa de Castrovido (Burgos), cuyas obras, llevadas a cabo por FCC, se encuentran al 98% de ejecución, no hay mucho más que contar.

En el informe Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España, realizado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) y la ingeniería Sener, se detallan 814 proyectos prioritarios, de los que 510 son referentes al agua. Todas estas actuaciones conllevarían una inversión de 12.014 millones de euros repartidas en 15 tipologías de obras hidráulicas: depuración, riego, conducciones, presas, ingeniería fluvial, abastecimiento, reutilización, potabilización o tanques de tormenta, entre otras.

La inversión de las Administraciones públicas ha caído desde 1923 millones hasta los 959 millones de euros.

“Lo más relevante de dicho análisis es que un 37% de esa inversión es de naturaleza básica, lo que implica su obligada ejecución hasta 2021 para evitar la imposición de sanciones por parte de la Comisión Europea”, advierte Julián Núñez, presidente de Seopan. Todas las propuestas están centradas en la planificación hidrográfica 2017/2021 y el cumplimiento de las directivas 2000/60/CE y 2007/60/CE y RDL 1/2001, que contemplan el principio de la plena recuperación de los costes de los servicios del agua. Sin embargo, lejos de acometer estas actuaciones, la inversión ha caído un 51% en los últimos cuatro años, desde los 1.923 millones en 2013 hasta los 959 millones de 2016, según datos de la patronal en los que se reflejan las licitaciones de contratos de infraestructuras del conjunto de Administraciones Públicas.

Por su parte, el secretario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, indicó en unas recientes jornadas sobre el agua, organizadas por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que “la inversión en planes hidrográficos hasta 2021 supone un monto de 20.000 millones en actuaciones que contemplan 10.000 medidas diferentes”, y recordó que el Gobierno ha reservado en sus Presupuestos Generales del Estado una inversión a esta partida que alcanza los 1.614 millones. En ese mismo encuentro, Juan F. Lazcano, presidente de la confederación, subrayó que la licitación en obra civil del Ministerio se situó en 2016 en el mínimo desde 2007, con un descenso del 95%.

Factura barata

El problema es que para invertir se necesita dinero y no hay que olvidar que las Administraciones Públicas se encuentran en una situación financiera grave. Por ello, las distintas voces insisten en acometer una reforma de la gestión del agua que recaiga en una subida del coste del precio. Según la OCDE, con los valores de tarifas actuales, España es el único país desarrollado en el que la tarifa no permite cubrir los costes de saneamiento y distribución. Sin embargo, ya existe un elevado número de países donde no solo cubren estos costes, sino la totalidad de los gastos incurridos en el servicio. Sin duda, también nos encontramos a la cola de esta tendencia.

En el estudio de PwC anteriormente citado, nuestro país cuenta con unas tarifas de agua que se sitúan por debajo del rango de las europeas. Por otra parte, también recoge que, el hecho de que el precio del agua no repercuta en el coste real incurrido de desarrollo del servicio, desincentiva la inversión y empeora la eficiencia, recayendo en un aumento de las pérdida de agua y generando un exceso de demanda con el consiguiente despilfarro de un recurso escaso y valioso. Además, recuerda los hechos producidos en entre 2007 y 2010, cuando las inversiones de las redes de distribución de agua se redujeron un 19% a la vez que se incrementaron las pérdida de agua desde el 24% hasta el 25,9%.

Las tarifas del agua en España tendrían que subir para cubrir los costes de las infraestructuras. Están por debajo de las europeas.

“Con el crecimiento de la población ha aumentado la demanda, y cada vez tenemos más necesidades tecnológicas y energéticas que necesitan agua. El estado de bienestar y confort es innegable, ya que conlleva un mayor consumo de este bien escaso en nuestro país”, afirma Irene de Bustamante, directora adjunta del Instituto Imdea agua. “Pero debemos recurrir a nuevas fuentes como el ahorro, la desalación y la reutilización”, cree Bustamante.

Dotaciones y precios

España cuenta ya con más de 900 desaladoras. Casi la mitad sirven para desalar aguas salobrales, que tienen un contenido en sal menor que la de mar, bien por la intrusión de agua salina en acuíferos o por aportes naturales de sal en la cuenca. La otra mitad son de agua de mar. Los costes de energía del funcionamiento de estas últimas son superiores a las primeras, por tener que llevar a cabo una mayor eliminación de concentración de sal. Por esta razón, muchas de ellas, sobre todo del área mediterránea de Murcia y Almería, se encuentran paradas y otras, infrautilizadas.

“Es evidente que no se han hecho bien las cuentas, pero es que no tenemos otra solución. España es un país seco y a la vez muy turístico, con el consiguiente desarrollo de actividades de ocio que requieren un consumo alto de agua”, manifiesta Bustamante. “De todas formas, el agua se paga y el problema es que no estamos acostumbrados”, lamenta.

“Llevar a cabo infraestructuras hidráulicas es un asunto muy complejo social, política y medioambientalmente y hay que echar números. No se trata de echar cemento, hay que pensar en el bienestar no solo del ciudadano sino también del medio ambiente, y aunque las nuevas soluciones tecnológicas conlleven un coste mayor, pueden resultar más convenientes para todos”, sostiene la directora adjunta de IMDEA.

La realidad es que nuestra insuficiencia de infraestructuras hidráulicas ha llegado a oídos de la Comisión Europea, lo que le llevó a pedir una multa de más de 46,5 millones de euros por la situación irregular de 17 aglomeraciones urbanas que carecían de un tratamiento adecuado de aguas residuales y que incumplían la directiva comunitaria que obliga a tratar el 100% de las mismas. Si para 2018 estas obras no están acometidas, España deberá pagar una cifra superior a los 170.000 euros diarios. Sin duda, una cuantía que serviría para afianzar la primera posición del país en el ranking de multas por incumplimientos comunitarios.

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