Bruselas exige a la banca un refuerzo anticrisis de 117.000 millones
La JUR fijará a cada entidad el plazo para reforzar el colchón de seguridad La cuenta atrás empezará a correr en el primer trimestre de 2018
La banca europea presenta un agujero de 117.000 millones de euros en los instrumentos de absorción de pérdidas exigidos por la nueva normativa europea anticrisis, según los datos recabados por la Junta Única de Resolución, el organismo europeo dirigido por Elke König y encargado de la liquidación de entidades en dificultades.
La normativa europea introdujo en 2016 el mantenimiento en todo momento de una cantidad suficiente de recursos propios y pasivos para absorber potenciales pérdidas de una entidad y garantizar el funcionamiento de sus actividades neurálgicas, un colchón conocido por sus siglas en inglés MREL (Minimun Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
Pero Bruselas no había concretado hasta ahora ese requisito. Una tregua a punto de concluir. La JUR ha anunciado que en 2018 fijará objetivos concretos y obligatoros para las entidades sistémicas o complejas y objetivos orientativos para el resto. Y el examen previo ya ha revelado que faltan decenas de miles de millones de euros para garantizar la seguridad del sistema.
La UE tiene previsto conceder un plazo de cero a cuatro años para que las entidades completen el colchón de seguridad. Pero fuentes comunitarias insisten en que el objetivo es que se cubra "lo antes posible". Y fuentes del sector reconocen que, en el caso de ciertas entidades, "los plazos serán muy cortos y deberán solucionar el problema en cuestión de días o semanas". Aunque nadie menciona nombres, todas las vistas se vuelven hacia Italia, cuya banca acumula casi la cuarta parte de los 800.000 millones de euros en créditos fallidos del club europeo.
Bruselas subraya, sin embargo, que la exigencia del nuevo colchón se adaptará siempre al perfil de cada entidad. Y que no se pretende imponer una exigencia general como la aprobada a nivel mundial (16% a partir de 2019) para las grandes entidades sistémicas, entre las que figuran 13 bancos europeos (solo el Santander por parte de España).
En Europa, los objetivos serán obligatorios para las entidades consideradas sistémicas a nivel del continente (por la Autoridad Bancaria Europea), un listado en el que figuran en estos momentos 37 entidades, incluidas cuatro españolas (Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia). Para el resto, serán orientativos. Pero, además, serán obligatorios para las entidades que sean calificada como "complejas", una categoría en la que, según fuentes comunitarias, estarán incluidos el Sabadell y la mayoría de los bancos españoles.
La JUR, de momento, ya ha detectado en el conjunto del sector, incluidas las entidades con objetivo obligatorio y las que no, una carencia de 117.000 millones de euros. Casi el 40%, unos 47.000 milones, deberán cubrirse con instrumentos de deuda subordinada. Y el resto, con capital, según las estimaciones preliminares.
El alarmante dato es fruto de un muestreo realizado por JUR en el que han participado 76 entidades que representan el 80% del sector supervisado por la UE.
El boquete deberá empezar a cubrirse a partir del momento en que se fijen los objetivos vinculantes, previstos para el primer trimestre de 2018. Incluso las entidades con un objetivo orientativo pueden verse forzadas si el mercado impone, como parece inevitable, el cumplimiento a rajatabla de la norma.
Más calidad
Las exigencias se impondrán a cada entidad en función de la calidad de sus activos o de su modelo de negocio. Y aunque la obligación mínima será mantener fondos y pasivos equivalentes al 8% de los activos ponderados por riesgo, en la práctica la exigencia será mucho mayor, lo que puede colocar a muchas entidades frente al dilema de ampliar capital o reducir su perímetro de actividad.
En su primer escrutinio, la JUR ya ha impuesto como objetivo una media del 26%. Y el organismo anuncia, además, su intención de endurecer los criterios de calidad sobre los instrumentos que pueden esgrimir las entidades para alcanzar su objetivo.
Solo se aceptarán recursos que estén disponibles en el balance de los bancos durante al menos un año, para evitar que se sumen aquellos que pueden evaporarse tan pronto como clientes o inversores perciban las dificultades de una entidad.
Fuentes europeas niegan que el endurecimiento se deba a la amarga experiencia del Banco Popular (de hecho, este requerimiento estaba previsto con anterioridad), el primer banco intervenido por la JUR, una operación que se llevó a cabo tras meses de hemorragia de recursos. Pero las medidas previsitas parecen perseguir que se repitan situaciones similares.
El organismo europeo incluso se muestra reacio a computar como pasivos elegibles para el rescate los depósitos de más de 100.000 euros, a pesar de que no están garantízados. Solo los tomará en cuenta si hay garantías sobre su continuidad en el balance durante un año como mínimo.
La JUR incluso reconoce que los instrumentos en manos de inversores particulares, aunque en teoría no estén protegidos ni garantizados, pueden complicar la resolución de un banco. Italia ya invocó el riesgo de inestabilidad financiera para evitar un rescate puro y duro de varias entidades del Véneto que contaban con cientos de miles de inversores minoristas.
