“Lo de Cataluña” atrapa a la economía

El Presupuesto, la estabilidad política, la venta de Bankia, la inversión, la financiación... todo en el aire

Referéndum Cataluña
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, y Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno.

Cinco años largos llevamos oyendo a los dirigentes de la economía española, los institucionales, los empresariales y los financieros, que “lo de Cataluña” no afecta a la economía. “Por ahí fuera ni te preguntan por la cuestión; lo que les preocupa es lo de Podemos”, zanjaba siempre el ministro De Guindos. No dudo que así fuera, no dudo que ni al más avispado gestor de patrimonios de Doha, Boston o Tokio ni se le haya pasado por la cabeza mirar un mapamundi para divisar dónde se aloja Cataluña. Pero sorprende la ingenuidad con la que se ha considerado desde todas las mesas de decisión nacionales, políticas y económicas el alcance de “lo de Cataluña”. Pocos advirtieron, aunque los hubo, que se trataba de un elefante que engordaba cada día y se paseaba ante los ojos confiados de todos, para entrar un día en la cacharrería y hacer pedazos una economía que ha costado mucho sacrificio y muchos años reconstruir.

La baja intensidad en la reacción del Estado durante los últimos años al desafío soberanista ha contagiado en los agentes económicos una sensación de confianza y de que la invectiva secesionista no saldría nunca del plano de la teoría, de que la fiera estaba bien enjaulada. Pero cuando los acontecimientos se han precipitado, cuando el Estado ha tenido que rugir para intentar parar el golpe, ha aflorado la realidad: “lo de Cataluña” va en serio y la crisis institucional desatada no ha hecho sino comenzar. El mestizaje y radicalidad ideológica de los secesionistas los convierte en imprevisibles en la desmesura de sus decisiones, que aprovechan la ola que desde Madrid les proporciona la inexplicable ausencia de unidad y firmeza de las fuerzas constitucionalistas. Lo correcto es pensar que habrá una negociación, aunque quienes han encabezado la rebelión contra la ley estén desacreditados para ello. Pero no es la sensatez una virtud muy practicada hasta el domingo, y quienes han pisoteado la ley hasta ahora han envalentonado el ánimo para entrar en una espiral endemoniada que no se sabe dónde acabará.

Lo cierto es que en estas tres semanas de furia la percepción sobre los efectos sobre la economía ha dado un vuelco completo, y aunque las consecuencias sobre los números no se aprecian aún, lo harán en breve, y lo harán de manera más intensa de lo razonable. Hay varias decisiones estratégicas en estas jornadas que tendrán afectos muy importantes para la actividad económica, decisiones con una alargada sombra sobre decisiones ulteriores que irán poniendo lastre a una actividad que ha costado mucho poner a velocidad de crucero.

En pocos días han quedado en el aire los Presupuestos del Estado para 2018, la venta de otro paquete importante de Bankia por el mar de fondo de los mercados financieros y el esperar y ver de Standard and Poor’s en su decidida mejora del rating de España. Son señales que los agentes económicos internos y externos interpretan y devuelven con decisiones que tienen efectos directos en la economía. La confianza en la recuperación de España, los flujos de inversión exterior que tanto precisa un país apremiado de mayor peso manufacturero, la financiación de la economía pública y privada, etc., sentirán la corriente heladora de la desconfianza, y habrá que contabilizar tarde o temprano su factura en el PIB y en el empleo. Si hasta ahora las correcciones de previsiones económicas eran siempre al alza, no debe sorprendernos empezar a verlas a la baja y entrar en una espiral de desaceleración tras cuatro años muy vigorosos.

El Presupuesto de 2018 estaba, y está, llamado a ser el cierre definitivo del agujero fiscal que generó la crisis, puesto que el compromiso con Bruselas es llevar el déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB y abandonar el protocolo de déficit excesivo, la vigilancia de la policía fiscal de Bruselas sobre las cuentas públicas españolas. Un Presupuesto que debería contener en buena medida ya un nuevo modelo de financiación autonómica en el que debería estar la mitad de la solución para “lo de Cataluña”, y una reforma intensa de la Seguridad Social para superar las dudas sobre las pensiones.

Pero la falta de Presupuesto no es sino una consecuencia de la falta de estabilidad política, un activo de primer nivel que España no ha podido exhibir en plenitud en los últimos años, un intangible que solo se toca cuando se esfuma y se echa de menos. Si la semana pasada parecía que se trataba de un alto táctico en el camino del PNV, los acontecimientos lo han transformado en un obstáculo complicado de superar, que puede enredarse más si Gobierno y PSOE no superan sus diferencias ante la espiral de los sediciosos en Barcelona.

La decisión de S&P de retrasar la mejora de la calificación de España por “lo de Cataluña” tiene una consecuencia directa en el coste de financiación del Estado, que se traslada lentamente a la del sector privado en forma de subida de los tipos de interés y menor disponibilidad de crédito. La prima de riesgo ya ha reaccionado al alza tras la nota de S&P y las advertencias más recientes de Fitch y Moody’s, aunque seguramente no tanto como lo habría hecho un mercado no intervenido por las compras del Banco Central Europeo. En todo caso, los volúmenes de ventas de deuda española se han elevado súbitamente en las últimas jornadas, y no olvidemos que España tiene una deuda pública del 100% del PIB, además de una privada de tres veces el producto si contabilizamos la bancaria, la de empresas no financieras y la de las familias, y muy buena parte de ella en manos de extranjeros.

La decisión de aplazar o no la venta de un paquete adicional de Bankia que está en manos públicas a la espera de una mejor fortaleza del mercado puede ser una decisión más a resultas del conflicto de Cataluña. Solamente retrasa la normalización del sistema financiero, que supuso el primero y más abultado de los obstáculos a la recuperación, primero, y que se ha convertido en uno de sus motores ahora. Pero no es otra cosa que una señal muy explícita de que los inversores que confiaban en España lo hacen ahora con el freno de mano puesto, con una cautela desacostumbrada en los últimos años.

Las decisiones microeconómicas generadas por esta crisis política ya han comenzado también, y aunque individualmente consideradas no son gran cosa, sí lo son todas juntas. Si no se recompone pronto la situación, serán las empresas, los inversores institucionales y particulares y los consumidores los que sin ruido tomarán sus propias iniciativas en defensa de sus particulares intereses. La confianza que se ha recompuesto en años de de sacrificio puede echarse a perder en unas semanas de locura.

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