Por qué los catalanes pagan los impuestos más altos
La Generalitat no reparó en la necesidad de actualizar los tramos del IRPF y penaliza a las rentas más bajas En Cataluña se tributa más por cobrar una nómina, comprar una casa, alquilar una vivienda o poner gasolina
La idea de que los catalanes pagan más impuestos que el resto y reciben menos ha calado en Cataluña. Es uno de los argumentos que más ha utilizado el movimiento independentista, especialmente en los inicios del procés, cuando Artur Mas recibió un portazo de Moncloa a su propuesta de pacto fiscal. ¿Es cierto que los catalanes pagan más que el resto? La respuesta es sí. Se dirá, y con razón, que Cataluña es una comunidad rica y, por lo tanto, es lógico que en un sistema fiscal progresivo contribuya más que, por ejemplo, Extremadura, la región con la mayor tasa de paro y menor PIB per cápita. Sin embargo, si la comparación se realiza sobre bases imponibles idénticas, también los datos dicen que se tributa más bajo el paraguas de la Generalitat. Es decir, una renta baja en Cataluña paga más que una renta baja de otra comunidad autónoma. Cuando un catalán cobra una nómina, compra una vivienda, firma una hipoteca, alquila una casa, posee un patrimonio o pone gasolina abona más impuestos que la media de españoles.
Ello es así porque la Generalitat de Cataluña ha utilizado su capacidad normativa para elevar los tributos más que el resto de Gobiernos autonómicos. Para unos, ello simplemente refleja la mala gestión de una de las comunidades autónomas con un mayor nivel de deuda pública y que ha registrado las cifras más elevadas de déficit público. La Generalitat, en cambio, asegura que su mayor fiscalidad relativa es la consecuencia de la infrafinanciación que sufre. Los datos del Ministerio de Hacienda reflejan que los recursos que recibe Cataluña están por debajo de la media, algo que también sufre Madrid o la Comunidad Valenciana.
El IRPF es el tributo más relevante por recaudación y en el que las diferencias fiscales entre comunidades afectan a un mayor número de contribuyentes. El Gobierno tripartito de José Montilla fue pionero en 2010 en elevar la parte autonómica del impuesto a las rentas altas, una medida que después siguieron otras comunidades. La medida afectó a sueldos a partir de 100.000 euros. Este tipo de decisiones son celebradas por los partidos de izquierda, pero su impacto recaudatorio es bajo por el simple hecho de que el número de contribuyentes afectados es reducido.
Sin embargo, actualmente, las diferencias tributarias en el IRPF no se limitan a las rentas elevadas como sucedía años atrás. Hoy, el sobrecoste fiscal para los salarios bajos o medios ya es significativo. De hecho, Cataluña no es la comunidad con un IRPF más elevado para los ricos, sino que se caracteriza por mantener la mayor presión fiscal sobre las rentas bajas y medias.
Un salario medio, que según el INE asciende a 22.858 euros, paga 3.187 euros por IRPF en Cataluña frente a los 3.024 euros de media. Suponen 163 euros más, un importe que ya es relevante para este nivel de renta. En comparación con Madrid, un trabajador que cobra el salario medio paga 226 euros más por IRPF, un 7,6% más. Así, a igual sueldo bruto, el salario neto que entra en la casa de un residente en Cataluña está por debajo de la media. Para todos los tramos de renta, la presión fiscal sobre el trabajo es mayor en Cataluña que el promedio.
La Generalitat es responsable de esta situación. Cataluña es la única comunidad autónoma que no ha reformulado el tramo autonómico del impuesto tras la reforma fiscal que entró en vigor en 2015 y que supuso una reducción del número de tramos y de los tipos impositivos en la parte estatal. El impuesto sobre la renta está cedido en un 50% a las comunidades autónomas, que tienen capacidad para modificar los gravámenes y los escalones del tributo. En la negociación entre el PDeCAT y la CUP se valoró un nuevo incremento a las rentas altas, que finalmente no se aprobó, pero pasó totalmente desapercibido el hecho de que no tocar los tramos bajos del IRPFcondenaba a las trabajadores con peores nóminas a pagar más que en el resto de autonomías.
En prácticamente todos los tributos en los que la Generalitat tiene competencia, Cataluña aplica gravámenes superiores a la media. Cuando un contribuyente adquiere una vivienda debe abonar el IVAsi es de nueva construcción y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) si es de segunda mano. Las comunidades tienen competencia sobre el ITP. Cataluña fue de las primeras comunidades en subir este impuesto. Actualmente, el gravamen asciende al 10%. Esto significa que por la adquisición de una casa de 300.000 euros ubicada en Cataluña, el comprador abona 30.000 euros por ITP. La misma cifra que en Galicia o la Comunidad Valenciana. En el resto de comunidades, la cifra es inferior. Madrid es la región que mantiene un gravamen más bajo, del 6%. Implica que, fiscalmente, comprar una casa de 300.000 euros en Madrid es 12.0000 más barato que en Cataluña. A partir de este año y por exigencias de la CUP, Cataluña fijó un gravamen incrementado del 11%para las viviendas que superan el millón.
Formalizar la escrituración de una casa o cerrar un préstamo hipotecario conlleva abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, sobre el que las autonomías tienen competencia. En este caso, Cataluña nuevamente aparece como una de las comunidades que aplican un gravamen mayor. En el impuesto sobre hidrocarburos, la Generalitat mantiene el tipo en el nivel más alto permitido, algo que también sucede en Galicia, Andalucía, Asturias, Valencias, Castilla-La Mancha y Baleares. Madrid se sitúa en la zona baja.
El impuesto sobre sucesiones es el único tributo sobre el que la Generalitat tiene competencia y que se encuentra por debajo de la media. En el resto, se sitúa por encima.
La tendencia natural en Cataluña es compararse con Madrid, el otro gran polo económico de España y, en el ámbito tributario, siempre sale mal. En todos los tributos, un catalán paga más que un madrileño. Madrid ha mantenido una política fiscal totalmente opuesta a la catalana y ha bajado los impuestos en todos los tributos sobre los que tiene competencia. Además, es la única comunidad que no aplica el impuesto sobre el patrimonio. Un contribuyente que tenga una riqueza neta de cuatro millones de euros abonará en Cataluña 41.943 euros por Patrimonio y no pagará nada en Madrid. Además, el impuesto sobre el patrimonio se aplica allí donde reside al contribuyente, con independencia del lugar en el que se ubiquen los bienes. Es decir, uno puede tener inmuebles en el Paseo de Gracia de Barcelona, pero si vive en Madrid estará exento del tributo. Si bien las estadísticas no permiten afirmaciones contundentes, los expertos fiscales sí que aseguran que se producen cambios de residencia por motivos tributarios.
El argumentario independentista señala que una Cataluña independiente gozaría de una presión fiscal menor porque recaudaría directamente los tributos que ahora ingresa el Estado y de los que transfiere una parte a las autonomías.
Sin embargo, Madrid también es una comunidad rica, que aporta más de lo que recibe a la caja común y mantiene los tributos más bajos de España. Desde la Generalitat rechazan estas comparaciones y aseguran que el efecto capitalidad aporta a Madrid unos ingresos extra que le permiten bajar impuestos ¿Podría Cataluña mantener esa misma política fiscal? Las mayores subidas tributarias aprobadas en Cataluña se realizaron durante el tripartito formado por los partidos de izquierda: PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Cataluña. Y los Gobiernos de Convergència primero y PDeCAT después, han estado sustentados por partidos de izquierda que se oponen a una política fiscal de corte liberal.
Que Cataluña haya sido la única comunidad que no ha actualizado su IRPF y, por lo tanto, castigue a las rentas bajas no es culpa del Estado. La idea de que una Cataluña independiente mantendría tributos más bajos es indemostrable y dependería en buena medida de quien gobernara. Si la CUP, por ejemplo, siguiera teniendo la llave de las mayorías en el Parlamento, parece improbable que Cataluña destacara por mantener una baja presión fiscal.
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