La factura económica del terrorismo global
A las pérdidas en sectores como el turismo hay que sumar el gasto militar y de inteligencia
La reciente masacre de autoría yihadista ocurrida en Cataluña reabre la herida emocional en torno al execrable protagonismo de los modernos artífices del horror. Estas líneas tratan de los efectos económicos del terrorismo global.
Señalemos para comenzar que el impacto económico global de los diferentes terrorismos alcanzó en 2015 la cifra de 90.000 millones de dólares, habiéndose multiplicado por 11 en los últimos 15 años. Decimos distintos terrorismos, porque el terrorismo político se mueve en escenarios heterogéneos claramente diferenciados. De un lado, se sitúan los enclaves bélicos duraderos definibles o asimilables a guerras civiles. De otro, observamos contextos en los que la acción criminal es de escasa frecuencia, pero de alta notoriedad e influencia sicológica y alternativamente cubre espacios de menor notoriedad puntual, pero de alta frecuencia y recurrencia en el tiempo. Las resultantes en términos de coste económico varían según cada una de las variantes descritas.
La fuente básica que manejaremos –junto a otras– para cuantificar estos supuestos es el Índice de terrorismo global (ITG) relativo a 2016, con datos cerrados a diciembre de 2015, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz. Según dicho estudio, cinco países, Irak, Nigeria, Afganistán, Pakistán y Siria, censan el 72% de la víctimas mortales ocurridas en 2015. En los países citados, los estragos de las acciones terroristas tienen una causalidad directa en su más que precaria situación económica. Son un primer universo de terrorismo político global.
Un segundo segmento conceptual de terrorismo se refiere al desarrollado en determinados países o regiones, mediante una incidencia recurrente, de alta frecuencia aunque individualmente hayan tenido un impacto relativamente bajo. Es el caso de lo acontecido en Israel, Colombia, Turquía o Euskadi. Varios estudios han analizado recientemente el caso del terrorismo vasco, durante el apogeo de la banda criminal ETA. En los años setenta, Euskadi ocupaba la tercera posición de renta per cápita en España. Tras 30 años bajo el yugo de los fanáticos independentistas, cayó al sexto lugar. Algunos autores concluyen que la extorsión, el asesinato y la retaguardia política etarra costaron al País Vasco más del 10% del PIB desde finales de los sesenta a mediados de los noventa del pasado siglo. Otros analistas han elevado el porcentaje hasta el 20%. Análogos resultados se estiman para Israel, en ausencia de terrorismo en los tres años anteriores a 2004, y para Colombia y Turquía.
Un tercer ámbito del terror –en el que se inscriben los recientes atentados en Cataluña– lo forman escenarios puntuales de extraordinario impacto emocional. Entre los más destacados habrían de figurar el 11S de 2001 en Nueva York y Washington, el 11M de 2004 en Madrid, o Londres en julio de 2005. Tras este tipo de acciones puntuales violentas, las variables economías fundamentales sufrieron alguna incidencia a la baja, si bien de escasa relevancia en el tiempo y con una pronta recuperación. Bolsa, consumo e inversión quedaron afectados en particular tras el 11S, pero los recursos disponibles, las políticas económicas inteligentes y la voluntad social de superación curaron las heridas en tiempo y forma mejor de lo deseado por los autores de los atentados.
Un sector particularmente vulnerable a los ataques de la criminalidad política es el del turismo. Los viajes, la comunicación y el turismo suponen más del 15% del PIB mundial. Los efectos adversos sobre estos sectores se hacen perceptibles aun cuando los ataques terroristas no se dirijan específicamente a dichas industrias. No es ningún secreto que el ocio itinerante busca la seguridad y rehúye el riesgo. El boom turístico español de los últimos dos años tiene mucho que ver con el rechazo de los usuarios a destinos inicialmente elegidos, pero descartados por la amenaza posible de los violentos. La incidencia es diversa según la escala del terror y la reiteración de los ataques.
Hay que destacar de forma negativa que 2015 fue el peor año de azote terrorista en los países de la OCDE desde el inicio del censo ITG. El número de agresiones en la zona aumentó por sexto año consecutivo, contabilizando 731 ataques en 2015, un aumento del 23% en relación a 2004. 21 de los 34 países de la OCDE sufrieron ataques entre 2015 y 2017, la mayoría inspirados por el Estado Islámico. París (noviembre 2015, 136 víctimas), Ankara (octubre 2015, 105 víctimas), Suruç (34 víctimas). En 2016, Bruselas (35 víctimas), Niza (julio, 87 víctimas) y Orlando (junio, 50 víctimas). Después y hasta la fecha, nuevos atentados en Estambul (en el Vodafone Arena, en diciembre de 2016, 38 policías muertos), Bagdad (309 víctimas), Berlín (en diciembre de 2016, 12 muertos), Múnich (el 22 de julio, 10 víctimas), Reino Unido (el 22 de marzo, 6 víctimas), Suecia (el 8 de abril, 5 víctimas), Mánchester (el 22 de mayo, 23 víctimas), Londres (3 de junio, 11 víctimas) y Cataluña (17 de agosto, 16 víctimas). España cierra la sangrienta lista de atentados mortales. Al término de 2015, nuestro país ocupaba el número 89 en el índice de amenaza terrorista mundial, ranking que sin duda se habrá visto empeorado por los sangrientos sucesos de agosto.
La economía del terror alude inmediatamente a la réplica contraterrorista. Los Gobiernos de los países afectados incrementan sus gastos militares y de inteligencia para responder con eficacia a los saboteadores. Las dotaciones por estos conceptos se estiman del orden de los 117.000 millones de dólares en 2014, solamente para los países del G20. Estas actividades no se incluyen, ordinariamente, en la estimación del costo económico global del terrorismo.
Resta un último apunte de importancia crítica. Se trata de la imprescindible acción global para cortar las fuentes de financiación de los grupos y organizaciones terroristas, muy especialmente las que nutren al Estado Islámico. Rusia ha acusado a Turquía en repetidas ocasiones de financiar al Estado Islámico comprando crudo a la organización terrorista, crudo proveniente de los diversos pozos que el grupo controla en el norte de Irak y Siria. Las ventas anuales se cifran en unos 2.000 millones de dólares. Una segunda fuente se atribuye a las presuntas remesas privadas o públicas de países terceros, en especial desde Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes. Algunos expertos aluden a aspectos sórdidos tales como el contrabando de sangre y órganos de seres humanos y, por supuesto, la droga y el tráfico clandestino de armas. El grupo obtiene financiación, asimismo, de tasas confiscatorias a los ciudadanos sometidos, secuestros y extorsiones. La resolución 2253 de Naciones Unidas para la lucha contra la financiación de Estado Islámico ha complicado la operativa del grupo yihadista y junto a la caída del precio del crudo y el bombardeo de sus centros logísticos financieros, anticipa un debilitamiento del movimiento criminal.
Manfred Nolte es profesor de Deusto Business School.
