Techo de gasto: queda mucho por hacer para poder repartir

C’s pide bajar el IRPF mientras se emite deuda para pagar pensiones y el PSOE urge ya más gasto social

cuentas públicas
Pedro Sánchez conversa con Albert Rivera.

La vuelta de Pedro Sánchez al ruedo de la política nacional ha trastocado muchos de los relatos que hasta ahora defendían los grupos políticos y que tenían un reflejo directo en las negociaciones entre ellos y de cada uno de ellos con el Gobierno. El viraje hacia la izquierda del Partido Socialista en busca de la clientela electoral arrebatada por Podemos obliga al Gobierno a afinar su relación con los socios ideológicos para sacar adelante la legislatura, especialmente las cuentas públicas de 2018, en las que tiene que quedar claro que España abandona la vigilancia fiscal europea en la que está atrapada desde 2010. De hecho, el cambio operado en el PSOE puede ser determinante para calibrar la dimensión de la propia legislatura, ya sea por la consecución, poco probable, de una alternativa de izquierdas que en una moción de censura provoque un cambio de Gobierno, ya por las dosis de ingobernabilidad incrementada que incorpora, y que se harán más explícitas a medida que se acerquen las convocatorias electorales locales y autonómicas.

El primer cambio en la dinámica parlamentaria es el grado de respaldo al techo de gasto no financiero del Estado: mientras que en 2017 la propuesta del Gobierno logró el mayor grado de apoyo que se recuerda en democracia, pese a ser elaborado por un Ejecutivo en minoría, el de 2018 tendrá que ser trabajado al detalle por el ministro de Hacienda para salir adelante. Cristóbal Montoro asegura que cuenta con el consenso de los grupos que aprobaron el Presupuesto de 2017 hace solo unas semanas, y que demostró que por débil que sea el Gobierno y por muy alto grado de dificultad para el consenso que tenga, todo es posible si de por medio hay dinero fresco como el destinado a engrasar el respaldo del Partido Nacionalista Vasco o de los dos diputados del irreconciliable nacionalismo canario. Tanto con las formaciones canarias como con el PNV el pacto tenía una longevidad superior a este año y no parece que vayan a poner obstáculos adicionales a su apoyo al techo de gasto y a los Presupuestos; en el caso de Ciudadanos, socio preferente del Ejecutivo, todo serán cuestiones de detalle, si bien es cierto que el partido de Albert Rivera ha cambiado el tono también a resultas de la resurrección de Pedro Sánchez en la política nacional.

El Gobierno de Rajoy plantea una calculada continuidad en las cuentas públicas, ya que por mucho que crezca la economía, que lo hace y de manera más generosa de lo previsto, tal como demuestra la actual y la venidera revisión al alza de la estimación de crecimiento, el gasto máximo permitido al Estado solo crece un 1,3%. En la práctica se trata de una congelación real del gasto, puesto que mientras que el PIB nominal avanzaría en 2018 un 4,3%, el gasto monetario se limitaría al 1,3%, prácticamente similar al deflactor del PIB (1,6%).

Tal cicatería fiscal está condicionada por la necesidad de llegar a un déficit de solo el 2,2% el año próximo y poder soportar las facturas aún no pagadas de la crisis, como el rescate de las autopistas radiales, que puede llegar a los 5.000 millones de euros, nada menos que un 0,45% del PIB. La Unión Europea ha ampliado ya varias veces el margen fiscal a España en los años pasados, cuando la recesión golpeaba la economía y la sociedad, como para permitir nuevos desahogos a los gestores de las cuentas públicas cuando la economía crece un 3% por cuarto año consecutivo y genera más de medio millón de empleos cada ejercicio. No sería de recibo caer en la misma trampa otra vez. Nadie podría argumentar, y menos presumir, que es la española la economía que más crece y que genera uno de cada dos empleos nuevos en la Unión Europea si en paralelo se pasa por el arco del triunfo los compromisos fiscales cerrados con Europa.

Moncloa ha revisado al alza el crecimiento de este año hasta el 3% (y lo elevará aún más antes de fin de año) por el tirón de la exportaciones, que son el mejor reflejo de la ganancia de competitividad de la economía y la única prueba de vida del cambio de modelo productivo. La cuestión está en si es hora ya de repartir lo generado o no. La mejor manera de repartir la riqueza generada es crear empleo, y eso se está haciendo en una proporción mayor a la que sería normal con este crecimiento, tal como hoy mismo confirman los datos de ocupación de la Seguridad Social del primer semestre.

Pero para repartir el margen fiscal en las prestaciones sociales, en la inversión pública o en el bolsillo de los contribuyentes hay que generarlo antes. Y hasta 2018 no tendrá España unas cuentas públicas con saldo negativo inferior al 3%, y tardará más tiempo en disponer de una holgura suficiente como para intensificar la redistribución sin riesgo de recaída.

Pero los grupos políticos se han apuntado al reparto de la piel antes de cazar el oso. Y han intensificado el relato de sus demandas desde la irrupción de Pedro Sánchez resucitado. Ciudadanos, que ya logró buenos réditos en el Presupuesto de 2017, quiere una bajada de impuestos a las clases medias en el de 2018: “No hay excusas para no bajar la carga impositiva 3.000 millones a quienes han hecho el mayor esfuerzo”, argumenta. Pero esta demanda, como las del PSOE que veremos ahora, tiene un componente electoral finalista. Ciudadanos se centra en su clientela, y en la negociación con Montoro veremos que sesga su petición hacia las rentas más bajas, para hacer proselitismo electoral en las franjas abandonadas y huérfanas tras el giro izquierdista de Sánchez. Pero tiene complicada defensa su petición si se atiene al interés general: ¿cómo justificar una reducción del IRPF si hay que emitir deuda en paralelo para pagar las pensiones, en una operación que habrá que repetir corregida y aumentada los próximos años salvo que se suban las cotizaciones?

La posición del PSOE en el debate del techo de gasto es ahora de oposición sin discusión, sin posibilidad de retorno, aunque las comunidades gobernadas por los socialistas desearían dar continuidad al Presupuesto de este año con un reparto más equitativo del esfuerzo en 2018. El PSOE sí entiende que, aunque hay que iniciar el reparto de la recuperación en el gasto social, no es la hora de una bajada de los impuestos estando las cuentas públicas como están, todavía cogiditas con alfileres.

En definitiva, relatos plegados a los intereses políticos de cada cual, y a los que el Gobierno, aunque aparente más rigor, no es ajeno. Qué otra explicación tiene prometer una zanahoria fiscal para cuando lleguen las elecciones, o las dos proporcionadas ya en los años 2015 y 2016, cuando España crecía todavía con muchas dudas y abultados, aunque decrecientes, déficit fiscales.

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