La inversión y el riesgo en la banca tras el rescate de Popular
Desde ahora, los bonistas y los accionistas saben que serán los primeros en responder de las pérdidas
El rescate de Banco Popular en una sucesión acelerada de decisiones del BCE, del Mecanismo Único de Resolución (MUR) de la Unión Europea, del FROB español y del Banco Santander es un punto de inflexión definitivo para la práctica bancaria en Europa, así como para la inversión y el riesgo en la zona euro. La operación quirúrgica de las autoridades citadas ensaya por vez primera la operativa diseñada para cerrar en un santiamén crisis bancarias puntuales, atajar riesgos sistémicos y aislar la solvencia de los Estados, e ilustra muy explícitamente los nuevos patrones que los inversores e incluso los modestos ahorradores deben tener presentes en el porvenir.
Desde ahora, todo el mundo sabe que las autoridades de supervisión y resolución bancarias europeas no vacilarán en intervenir, vender o incluso liquidar una entidad con problemas de solvencia graves, porque están perfectamente identificados y jerarquizados los activos que responderán ante el mercado. Desde ahora los accionistas conocen, al igual que los bonistas en todas sus categorías, que serán los primeros en sufrir pérdidas si en la entidad en la que participan aflora un desequilibrio de capital sobrevenido. Incluso los depositantes podrían tener que abonar parte del coste si no alcanzase con acciones y deuda, aunque con una garantía de los 100.000 primeros euros de depósitos. Solo si el Estado donde opera la entidad tiene a bien limitar la pérdida de accionistas y bonistas, como ha hecho Italia con el rescate de Monte dei Paschi, salvarán una parte para que sean los contribuyentes quienes la financien.
Este grado de responsabilidad material de los inversores es de obligado conocimiento desde ahora, aunque el BCE deberá afinar los criterios de detonación de una intervención. La concurrencia de insolvencia severa y crisis de liquidez parece insalvable;pero la simple falta de liquidez, por aguda que sea, no puede precipitar una intervención si existe un grado de solvencia aceptable; si fuera así, las autoridades bancarias estarían dejando en manos del ciego criterio del público la determinación del grado de confianza de una entidad y de su futuro.
