Banco Popular
Imagen de la última junta de accionistas de Banco Popular.

El final de Popular amenaza con motivar oleadas de demandas

Grandes y pequeños accionistas ultiman litigios por estafa y falseamiento contable

Las reclamaciones se centrarán en los 2.500 millones de la última ampliación

La solución final a la crisis de Banco Popular, vendiéndolo a Santander por un euro tras cargar las pérdidas contra sus antiguos dueños e inversores, deja sin dinero a 305.000 accionistas, entre otros afectados, lo que promete decantar los miles de litigios que ya pendían sobre el banco durante su crítica situación de los últimos meses. Así lo confirman desde distintos bufetes de abogados consultados, donde asumen que la situación cristalizará en demandas concretas a partir de la próxima semana. Hasta el propio Opus Dei, representado en el consejo de Popular por la Unión Europea de Inversores, estudiaba ayer tomar medidas ante cuantiosa pérdida sufrida.

“La decisión evita la resolución con dinero público pero supone una pérdida del 100% para los accionistas”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí. “Durante la mañana de este miércoles, nuestro despacho está recibiendo una avalancha de llamadas por este tema porque es ahora cuando muchos de los clientes son conscientes de que lo han perdido todo y de que no sabían a ciencia cierta lo que les habían colocado”, dice.

“Además, muchos de los que acudieron a la macroampliación lo hicieron a crédito, sin un análisis de riesgo razonable ni comercializado de manera transparente. En muchos casos se colocó a personas inexpertas y no cualificadas sin explicarles adecuadamente los riesgos en que incurrían”, denuncia Navas.

“Muchos de los accionistas fueron a la ampliación a través de un préstamo concedido por el propio banco para tal finalidad, algo expresamente prohibido en el artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital”, agregan desde el bufete Roca & Asociados. “Esta operación fuera de la Ley tiene como consecuencia que hay accionistas que no solo han perdido el 90% de la inversión que efectuaron, sino que deben al propio banco el dinero del préstamo con el que hicieron la inversión”, dice el economista y abogado Rafa el Roca, socio fundador del despacho.

Desde los bufetes apuntan que el grueso de las demandas provendrá previsiblemente de quienes acudieron a la ampliación de capital de 2.500 millones llevada a cabo hace ahora un año, dada la sospecha de que el folleto de la operación no advertía claramente de todos los riesgos que se han terminado revelando.

Un factor clave para las demandas será el hecho relevante remitido por Banco Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 3 de abril en el que se admitían errores contables por unos 600 millones de euros en las cuentas de 2016.

La entidad evitó entonces reformular las cuentas, auditadas por PwC, manteniendo vigentes las firmadas por el presidente saliente Ángel Ron. La decisión evitó a su sucesor, Emilio Saracho, tener que rubricar unas nuevas lo que podría evitarle ahora estar en el foco de la diana de las demandas. El precedente del presunto falseamiento contable con el que Bankia habría salido a Bolsa, según la investigación judicial abierta, amenaza con alimentar ahora una oleada de litigios en Popular.

“Hay una diferencia entre el accionista histórico de la entidad y el que entró en la última ampliación de capital con una información que, si se demuestra que no reflejaba la realidad, supone que entró engañado y puede reclamar su dinero por vicio en el consentimiento”, advierte el abogado Fernando Sanahuja que recomienda litigar por la vía civil antes que por la penal.

“Podrán demandar, los que acudieron a la ampliación de capital, por su puesto, e incluso los que hayan comprado acciones como mínimo hasta el 3 de abril, cuando se informa a la CNMV de que hay pérdidas adicionales”, subraya el abogado Felipe Izquierdo, que protagonizó una de las más críticas intervenciones de la última junta de accionistas de la entidad. “Me está llamando mucha gente, particulares y algún grupo empresarial. Creo que la semana que viene se podrá comenzar a actuar”, expone Izquierdo, explicando que en su opinión es posible pedir responsabilidades penales al anterior consejo de administración de Popular por delitos de estafa, falseamiento de cuentas y administración desleal.

“Ha sido una sorpresa para todo el mundo, nadie lo esperaba. Que nos vengan con una quiebra total supone que los controles del consejo [de administración] no han sido válidos, que la auditoría no es auditoría ni es nada y que los reguladores se han pasado todo por el forro. Es una tomadura de pelo”, clama el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, que hace semanas impulsó una plataforma de accionistas de Popular para reclamar las pérdidas que venían sufriendo. Ahora son totales. El centenar de asociados que asevera representar sumaban un 1% del capital de la entidad, lo que el martes apenas representaba ya 13 millones de euros pero ayer directamente valía cero. “Mal vamos si los accionistas minoritarios no nos unimos”, dice criticando que no se les haya dado voz en el consejo y avanzando que sus abogados estudian ya qué acciones legales tomar para que, aunque no recuperen el dinero, al menos se siente un precedente que evite que algo así pueda volver a ocurrir.

También hay quien apunta a que la responsabilidad por las pérdidas de los accionistas es achacable a la “nocturna” actuación de las autoridades europeas y españolas, o al consejo de Saracho, que escondieron el agujero contable hasta que el accionista ya no tuvo posibilidad de salvar ni un céntimo, como apunta Alberto Ruiz Ojeada, catedrático de derecho por la Universidad de Málaga, socio del bufete Cremades y Calvo Sotelo y asesor académico de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC).

Más allá de los accionistas, se esperan reclamaciones de los tenedores bonos, cocos (bonos contingentes convertibles) y deuda subordinada de Popular, exponen desde la plataforma online Reclamador.es apuntando que Popular ya era la entidad por la que más reclamaciones recibían.

Queda por ver qué postura tomarán los grandes accionistas de referencia de Popular, empresas como Allianz, Crédit Mutuel, que abandonó el consejo precipitadamente el lunes, grupos inversores como el de la familia mexicana Del Valle o el mismo Opus Dei, representado en la sindicatura de inversores.

Algunos abogados exponen, en todo caso, que dado que estos grupos tenían silla en el consejo, es más previsible que algunos acaben sentados en el banquillo de los acusados que la opción de que tengan fortuna en el lado de los reclamantes en los procesos judiciales que se abran. Está por ver, de otra parte, qué parte de la factura judicial acaba asumiendo Santander como nuevo propietario de Popular.

Santander asumirá la factura de las cláusulas suelo

  • Factura incluida. La presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín, expuso ayer durante la rueda de prensa convocada para explicar la absorción de Popular por un euro simbólico (y la previsión de inyectar 7.000 millones para sanearla) que el potencial coste de los litigios que hereden estaba ya incluido en la oferta que Santander presentó en la subasta acelerada que las autoridades europeas celebraron la noche del martes al miércoles para reconducir la entidad fallida. La entidad rehusó detallar dicho cálculo.
  • Provisiones. Dejando de lado las potenciales demandas de accionistas, se espera que la mayor factura judicial que asuma Santander sea la devolución de las cláusulas suelo opacas de Popular. Botín mostró confiada en que baste para hacerles frente con los 534 millones ya provisionados por Popular a tal efecto.
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