Nadal arremete ante la UE contra el autoconsumo y lo califica de "oneroso"
Pide que reste poder a la CNMC por ser un órgano "no democrático" Presenta alegaciones en Bruselas sobre la directiva de diseño del mercado eléctrico
La Secretaría de Estado de Energía ha remitido al Consejo de Ministros de la Unión Europea sus comentarios a la propuesta de directiva sobre el diseño de un nuevo mercado eléctrico elaborada por la Comisión Europea (esta forma parte de un buen número de iniciativas legislativas sobre el sector, el llamado paquete de invierno), que será negociada en el Consejo.
En el escrito de 16 páginas, al que ha tenido acceso CincoDías, sorprende la posición crítica del Gobierno sobre algunas cuestiones, como la potestad de la CNMC a la hora de fijar las tarifas de acceso o el papel del autoconsumo. Así, en lo referente al organismo supervisor (al que no cita por su nombre), afirma que “España está muy preocupada por la progresiva transferencia de competencias a instituciones no democráticas, que no responden ante los ciudadanos”, en referencia al organismo que preside José María Marín.
En este sentido, España (sobre la que pesa un expediente sancionador de la CE por haber hurtado a la CNMC su potestad de fijar la metodología de tarifas) pide que el Gobierno y el parlamento, a través de leyes, dicten los objetivos de política energética y den instrucciones generales al regulador para elaborar dicha metodología. Un sistema de “doble llave”.
También critica a la propia Comisión Europea, a la que acusa de apropiarse de de competencias “más allá de lo que es aceptable”. Según el texto, Bruselas “regularía cuestiones esenciales de política energética” y pide recortar esas competencia.
El Gobierno arremete contra el autoconsumo y pide que no se la discrimine positivamente
En línea con su conocida posición, el Gobierno se muestra en contra de la discriminación positiva a favor del autoconsumo y considera que sólo debe desarrollarse hasta un nivel que sea “eficiente para todo el sistema”, sin tener en cuenta los beneficios para el consumidor individual. Sobre el derecho de los usuarios a “autoconsumir, almacenar, generar y vender electricidad renovable sin restricciones desproporcionadas y garantizar la remuneración”, considera que se debe evitar “cualquier subsidio cruzado a favor del autoconsumo” y pide que se reconozca que el autoconsumo es “oneroso” para la red porque obliga a reforzar los mecanismos de respaldo, sobre todo, en los países del sur de Europa.
El Gobierno del PP, que reguló en 2015 el autoconsumo incluyendo un polémico peaje de respaldo y sigue sin aprobar su desarrollo reglamentario, pide que se establezca un registro obligatorio de las instalaciones. También un control de la potencia máxima de cada instalación “para garantizar que su desarrollo afecta a la seguridad del suministro”.
En cuanto al autoconsumo de comunidades ve aún más riesgos: podría suponer “un paso atrás en la liberalización del sector, al poder contar con su propia red y denegarse el acceso a terceros”, amén del riesgo de que estas comunidades quiebren o desaparezcan y traspasen al sector la obligación de suministro a sus consumidores.
Ante la prohibición que establece la propuesta de directiva de que se mantengan precios regulados, excepto para consumidores vulnerables (que subsistirán cinco años), el Gobierno pide que los Estados miembros puedan mantener la opción de un precio para los domésticos, incluso sin ser vulnerables. En el caso español, el actual Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) ligado a los precios horarios del mercado mayorista, lo que fomenta “comportamientos eficientes”. Un sistema que, según Energía, “se ajusta plenamente a la directiva en cuestión).
Respecto a las políticas de pobreza energética, el escrito recuerda que no existe una política sectorial europea y que los Estados miembro tienen libertad para definirla. El Gobierno considera “que la pobreza energética es un problema de pobreza en general, que debe abordarse desde una perspectiva global y no sectorial”. Y, “Dado que no hay la más mínima armonización a nivel europeo en la materia, España considera que sería desproporcionado que la CE pudiera imponer obligaciones a los Estados más allá de los temas meramente estadísticos.
El departamento que dirige Álvaro Nadal insiste en varios momentos en la escasa interconexión de España. Por ejemplo, al solicitar que se la excluya de la armonización de tarifas de acceso a las redes, “porque no ha alcanzado un nivel suficiente de interconexión”, el 10%. Un punto que no queda claro en la propuesta y que requiere una explicación.
En cuanto al despliegue de contadores inteligentes, lo considera decisión nacional, basada en un análisis de coste-beneficio.
En defensa de los pagos por capacidad a las eléctriccas
Una cuestión destacable en los comentarios a la directiva sobre mercado eléctrico, es la referida a los llamados pagos por capacidad que reciben ciertas centrales, que están bajo sospecha de Bruselas, que las investiga como Ayudas de Estado. España considera que la directiva no respecta del todo el principio de subsidiariedad y pedirá una excepción para aplicarlos. De nuevo, vuelve a apelar a la limitada interconexión ibérica.
En opinión de Energía, la abolición de estos mecanismos y de los techos y suelos de precios tendría importantes consecuencias para España. Por ello pide un amplio periodo transitorio de adaptación para consumidores y comercializadores.
España pide aclaraciones sobre el papel de los agregadores (consumidores con capacidad para poder modular su demanda y aliviar los momentos de oferta escasa) y rechaza una discriminación positiva.
La nueva directiva pretende fomentar dentro de las pequeñas comunidades la posibilidad de que existan nuevos DSO (Operadores del Sistema de Distribución) que no tienen por qué ser propietarios de las redes. El Gobierno pide aclaración sobre las actividades que esta figura puede desarrollar.
