Tribuna

Es tiempo de educación fiscal

Hay que explicar a los alumnos que los bienes y servicios públicos tienen un coste de producción

En los últimos días se ha puesto en marcha una campaña publicitaria auspiciada por la Agencia Tributaria, que pretende trasladar a la ciudadanía la importancia del pago de impuestos para sostener los servicios públicos. A ello debe añadirse la novedad, incorporada hace ya dos campañas de IRPF, consistente en proporcionar información, junto con las declaraciones, acerca del destino de los impuestos que pagamos.

Resulta evidente que la Administración tributaria española hace ahora una apuesta decidida por mejorar la conciencia fiscal de los españoles. Dicha orientación se produce, además, en un contexto propicio, donde la crisis económica, los escándalos de corrupción y las noticias acerca de las prácticas fiscales de las grandes compañías hacen más sensible al ciudadano acerca de la justa distribución de la carga tributaria y el buen manejo de los fondos públicos.

No obstante, debemos saber que estos esfuerzos aislados de la Agencia Tributaria no son suficientes. Estamos ante una cuestión en la que, a mi juicio, se produce una disociación entre lo que la sociedad percibe como el deber ser y la conducta individual de los ciudadanos. En este sentido, merece la pena examinar las opiniones expresadas en el Barómetro fiscal que publica el Instituto de Estudios Fiscales desde hace más de 15 años. Las principales ideas que se mantienen, con ligeras oscilaciones, son reveladoras. En primer lugar, los ciudadanos se muestran moderadamente satisfechos con la oferta de servicios públicos. En segundo lugar, aunque existen críticas a la gestión que realiza la Administración de dichos servicios, los españoles descartan, de forma mayoritaria, su financiación o gestión privada. En tercer lugar, los ciudadanos no justifican el fraude fiscal, que aparece rechazado por razones de solidaridad y principios. Finalmente, consideran, de forma mayoritaria, que la Hacienda Pública desempeña una función necesaria para la sociedad.

Como puede observarse, los españoles contestan –contestamos– en abstracto, como si fuéramos nórdicos. Sin embargo, la intuición indica que nuestro nivel de cumplimiento fiscal voluntario es mejorable. ¿A qué se debe esta discordancia? A mi juicio, sucede que, aunque conocemos cuál debería ser el comportamiento correcto de un contribuyente, no lo tenemos interiorizado. Para que así fuera, sería necesario que el cumplimiento del deber de contribuir formara parte de la formación de nuestros alumnos desde temprana edad.

"Resulta chocante que las propuestas de educación financiera consigan más apoyos en poco tiempo"

A mi entender, es necesario que el currículo escolar oficial contemple contenidos de educación fiscal. De un lado, hay que explicar a los alumnos que nada es gratis, que los bienes y servicios públicos que reciben tienen un coste de producción, a veces muy elevado. De otro, hay que enseñar que ese coste se financia a través del sistema tributario, mediante el pago de impuestos que, además, cumple otras funciones, señaladamente la de redistribución de la renta. En definitiva, se trata de explicar el funcionamiento financiero del Estado, la íntima conexión entre los ingresos y gastos públicos. Solo así se puede entender que el impago de impuestos por algunos se traduce en mayores impuestos para los demás o en recortes en los bienes y servicios públicos. Y solo así puede entenderse la necesidad de un uso y consumo correcto de los bienes y servicios públicos. De esta manera, no se pretende adoctrinar a los niños acerca de la bondad del pago de muchos impuestos. Se trata de enseñar el deber de solidaridad de pagar aquellos que hemos decidido a través de nuestros representantes democráticos, sean más o menos elevados. Por tanto, sea cual sea la opción política mayoritaria en cada momento en nuestra comunidad.

Estamos lejos de conseguir este objetivo. Y contrasta con el éxito de otras iniciativas. Como señala la autora del blog Sociología fiscal, resulta chocante que, propuestas más recientes, como la relativa a la educación financiera –muy necesaria también–, consigan más apoyos en muy poco tiempo, llegando a disponer de un espacio en la televisión pública. Tal vez, no estemos priorizando bien. La educación fiscal no es una cuestión que solo interese a la Agencia Tributaria, sino al conjunto de la sociedad y al resto de poderes públicos, incluidas las autoridades educativas. Esperemos que un posible pacto en esta materia no olvide la buena educación fiscal de los ciudadanos. De ello depende el mejor funcionamiento de la Hacienda Pública en el futuro.

Jesús Rodríguez Márquez es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario. Socio F&J Martín Abogados.

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