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Energía

La ‘acción de oro’ de Londres pone en peligro la nuclear británica

Las condiciones impuestas podrían hacer abandonar al socio chino y después a EDF

Maqueta del proyecto de central nuclear de Hinkley Poin, al sureste de Inglaterra.
Maqueta del proyecto de central nuclear de Hinkley Poin, al sureste de Inglaterra.

El Gobierno de Theresa May dio el pasado 15 de septiembre luz verde definitiva a la puesta en marcha de un nuevo programa nuclear con la construcción de dos reactores en Hinkley Point, los primeros autorizados en el Reino Unido en 28 años. Pero el visto bueno, que algunos analistas consideran muy poco entusiasta, llegó acompañado de un endurecimiento de las condiciones que asusta a Electricité de France (EDF), la empresa constructora, y a China, a través de la estatal CGN, una de las grandes fuentes de financiación.

Londres se ha reservado el derecho de veto sobre cualquier cambio en el accionariado de este proyecto, lo que obligará a ambos inversores a pedir permiso si desearan vender su parte, incluso antes de su puesta en marcha en 2030. Esa medida de precaución, sin embargo, parece dirigida contra Pekín, según coinciden los analistas. Reino Unido teme que China asuma el control de una energía que ahora mismo cubre el 7% de las necesidades energéticas del país y que, si se cumple el programa de renovación de todo el parque y la construcción de nuevas plantas, seguirá cubriendo el 20%.

Por si hubiera alguna duda hacia quien va dirigido el derecho de veto, el gobierno de May anunció una acción de oro sobre todas las infraestructuras esenciales del país, incluidas todas las nucleares. Esa acción de oro, señala Downing Street, será similar a la que ya ejercen otras grandes economías, una clara alusión a EE UU, país que ya ha impedido la entrada de capital chino en algunos sectores (como los puertos) y que no permite que ningún inversor extranjero asuma el control de compañías como las líneas aéreas.

En EDF no hay consenso sobre unas inversiones de vértigo

En el caso del proyecto de Hinkley, con una inversión prevista de 21.000 millones de euros, el gobierno no puede ya vetar a sus accionistas, sino solo a los que pudieran entrar en el futuro, pero la autorización para el resto de instalaciones atómicas, una vez regulada la acción de oro, ya podría ejercerse de entrada. Un aviso para los chinos cuyo objetivo es participar en todo el programa y vender su tecnología nuclear por primera vez en un país occidental. De hecho, el segundo proyecto, el de la central de Bradwell, al sur de Inglaterra, ya contaría con reactores chinos, según lo acordado con el anterior Ejecutivo de David Cameron.

La carambola resulta perfecta para el de Theresa May: si el socio chino abandona, EDF también lo hará pues sola no podría afrontar una inversión que podría duplicarse, hasta 40.000 millones, según los más críticos. De esta manera, según ciertos analistas, al no ser un abandono voluntario, sino una imposición ajena externa, quedaría a salvo “el orgullo francés”. También la diplomacia británica, que puede argumentar que Reino Unido ha autorizado el proyecto y que las salvaguardas que se le imponen son las que se aplican en Estados Unidos.

Hasta ahora, Londres tenía muy difícil adoptar una norma de ese tipo porque la UE las considera ilegales si afecta a la libre circulación de capitales en el mercado interior. Pero dada la intención de Reino Unido de abandonar el club europeo, parece dudoso que Bruselas se embarque en una ofensiva para impedir la reaparición de la acción de oro en uno de los socios.

May paralizó el proyecto nada más llegar a Downing Street después del referéndum sobre el brexit (23 de junio) para revisar las condiciones pactadas por David Cameron con EDF y con China. La decisión sorprendió a la compañía francesa, que ya lleva invertidos 3.000 millones de euros en Reino Unido desde que adquirió su parque nuclear con el objetivo de renovarlo, y exasperó al gobierno chino.

En el seno de EDF tampoco hay consenso respecto a unas inversiones de vértigo que el grupo pretendía abordar con fondos propios. Entre los que se oponen están los representantes de los sindicatos en el consejo de administración de la compañía, que temen a la larga un ajuste laboral. Además, Francia se enfrenta a la caducidad de su parque:deberá renovar o cerrar 60 centrales en los próximos 10 a 20 años y resolver sus problemas de almacenamiento y residuos radiactivos para lo que no se ha dotado de los suficientes fondos.

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