La moderación salarial, un activo para todos
Cuando hace un par de años los responsables económicos de la Comisión Europea y del FMI insistían en que la economía española debe mantener la moderación salarial para salvaguardar sus avances en competitividad, hacían una precisión a tener muy en cuenta: moderación salarial no significa rebaja de sueldos, sino de los costes laborales unitarios. Y es cierto, porque la moderación de los costes laborales unitarios ha ayudado a la economía española a ganar competitividad, notablemente frente a los demás socios europeos, es decir, a crear las condiciones para la recuperación del crecimiento y encarrilar la vuelta del empleo. Hoy, el PIB español crece a un ritmo de 3,2%, el mayor entre las grandes economías, y el empleo, aunque aún muy lejos de los niveles deseables, marca una tendencia positiva que se encamina con solvencia al objetivo de 20 millones de trabajadores activos en 2020.
Buena parte de esta recuperación tiene que ver con la devaluación interna de costes empresariales –con los salarios en un lugar destacado– y de precios. Una apuesta de austeridad que ha facilitado la rápida recuperación de la productividad y una notable mejora, en muchos sectores, de la competitividad. Tal vez el mejor ejemplo de esta adecuada política se ha podido ver en la industria del automóvil. España no cuenta con centros de decisión del sector, pero la capacidad, productividad, calidad y nivel de excelencia que encuentran en sus plantas españolas hace que las multinacionales confíen en ellas a la hora de encargar la producción de nuevos modelos, incluso en competencia con factorías de su país de origen. Sin embargo, nada de ello hubiera sido posible sin el esfuerzo realizado por las plantillas, y sus representantes sindicales, en términos de flexibilidad, bajada de costes y adecuación de la política de retribuciones a las demandas del mercado.
La moderación salarial es por tanto un activo a preservar para empresas y trabajadores. Y esa parece la intención de la patronal y los sindicatos, que aparentemente iban a comenzar el nuevo curso con una hoja de ruta en la que figura de forma destacada mantener la apuesta por la moderación salarial. Sin embargo, una de las grandes centrales, UGT, ha decidido desmarcarse con la petición de subidas salariales del 4% porque, tras el largo periodo de crisis, considera que “ha llegado el momento de repartir la riqueza”. CC OO, mientras tanto, opta por reclamar un 2%, mientras la propuesta de los representantes empresariales es del 1%. Más que una posición negociadora, la reclamación de UGT sería, de mantenerse en el tiempo, todo un cambio de estrategia y pondría en cuestión con toda seguridad logros que tan buenos frutos ha dado para el empleo en los últimos años.
Es cierto que la capacidad adquisitiva de los trabajadores que han mantenido su empleo durante la larga y dura crisis se ha visto seriamente mermada en muchísimos casos con recortes y congelaciones salariales. Y también lo es que el impacto de estas medidas sobre el poder de compra, y por tanto sobre el consumo de los hogares, no ha sido mayor gracias en gran parte a la ausencia de inflación. Pero la lenta recuperación y las serias dificultades que sigue sufriendo el mercado laboral desaconsejan con toda intensidad la toma de decisiones radicales que, por lo demás, anuncian la posible pérdida de ese otro valor fundamental para la recuperación, la paz social.
A fin de año concluye la vigencia de las subidas anuales pactadas en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), cifrada en un máximo del 1,5% para este 2016. La intención de CEOE es retomar los contactos con UGT y CC OO para renovarlo y establecer el objetivo para 2017, pero efectuarlo además en la línea de moderación que hace que las subidas que se vienen adoptando queden por debajo de ese límite acordado por los agentes sociales. De hecho, los convenios firmados o revisados en lo que va de año recogen un incremento del 1,09%. Pero la peor manera de afrontar esa negociación es desde posiciones maximalistas que puedan dar al traste con lo construido hasta ahora. Y más cuando el estancamiento político hace que aún ni siquiera se conozcan las grandes líneas de las cuentas públicas para 2017.