Seopan ultima un catálogo con las inversiones que cree prioritarias

La patronal reclama más seguridad jurídica para impulsar la llegada de capital privado a la licitación civil Las constructoras temen que los ajustes presupuestarios perpetúen unos niveles bajos de inversión

Como cada mes de septiembre, es tiempo de retomar el trabajo inacabado antes del parón estival y comenzar los nuevos proyectos. La patronal de las mayores constructoras del país Seopan prevé poner el foco en la elaboración de un nuevo modelo de infraestructuras.

Fuentes de esta organización explican que en las próximas semanas harán público un documento que incluirá un catálogo de aquellas infraestructuras que las empresas consideran prioritarias acometer para el periodo 2016-2021. En términos económicos, las constructoras estiman que España requiere invertir entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales durante la próxima década para paliar el déficit acumulado durante los años de recesión y fuerte crisis económica y tratar de reducir la brecha abierta con los principales socios europeos.

Así, a la espera de cerrar ese listado, las mismas fuentes sostienen que se han identificado varias áreas donde es más necesario hacer un esfuerzo extra de inversión como es el tratamiento de aguas, los residuos, la energía o la movilidad y el transporte, con especial incidencia en materia de ferrocarril y carreteras, donde a pesar de lo invertido en los últimos años, aún quedan proyectos por acometer y, sobre todo, es imprescindible aumentar los recursos destinados a conservación y mantenimiento de la red actual.

Dicho catálogo de obras esenciales para mejorar la competitividad y el crecimiento económico irá acompañado de otros estudios que también se encuentran ya en una fase muy adelantada de elaboración.

En colaboración con la consultora EY, Seopan prepara otro estudio en el que quiere proponer al futuro Gobierno que salga de los pactos o de las urnas cómo mejorar la planificación pública de los grandes proyectos de infraestructuras y qué criterios seguir a la hora de fijar a medio plazo las prioridades. En este documento, además, incluirá la necesidad de que las Administraciones públicas realicen análisis de rentabilidad socioeconómica de los proyectos y apuesten por el rigor y la transparencia en los procedimientos de contratación y ejecución de las obras.

Más financiación

En paralelo, y en colaboración con Deloitte y el bufete de abogados Uría Menéndez, la patronal de las mayores constructoras está diseñando el que debería ser, a su juicio, el nuevo marco de regulación para la inversión en infraestructuras.

Esta organización defiende que la ley debería adaptarse a la SEC 2010, y contemplar procedimientos automáticos de reequilibrios y resolución de disputas, sobre todo después del fiasco de las radiales. Para el sector es imprescindible que la ley española regule de manera distinta a la actual cuáles son los riesgos que debe asumir el capital privado y cuáles la Administración que licite la concesión. De esta manera, Seopan asegura que será un modelo mucho más atractivo para la captación de financiación privada sin alterar la titularidad pública de la infraestructura en cuestión.

Los constructores, conscientes de los límites que impone la política presupuestaria después de haberse comprometido España a continuar con la consolidación fiscal hasta 2019, creen que con estos cambios aumentaría la seguridad jurídica y podría obtenerse un volumen de capital privado sostenible imprescindible para mantener el ritmo inversor en niveles parejos al resto de socios europeos.

En este sentido, Seopan ha denunciado de manera reiterada cómo España presenta la menor ratio de inversión de la UE27 para el bienio 2016/2017 con un total de 1.179 euros por kilómetro cuadrado y el tercer mayor descenso inversor para el mismo periodo comparado con 1995/2015. Es más, el último informe de coyuntura elaborado por esta asociación destaca que la inversión pública prevista por España para este año y el que viene asciende a 51.400 millones de euros, cifra que representa el 69% de la de Italia, el 37% de la de Alemania y Reino Unido; o el 34% de la de Francia.

El parón del AVE y la atonía autonómica lastran la licitación

La patronal de las mayores constructoras acaba de actualizar los datos de licitación de obra pública por parte de las distintas administraciones hasta julio. Durante los primeros siete meses del año, este indicador, crucial para medir la actividad futura del sector, volvió a caer, en esta ocasión un 14,2% anual, hasta sumar 5.549,28 millones de euros. La contratación pública se vio lastrada un mes más por el desplome de la promoción de proyectos de líneas de alta velocidad ferroviaria (AVE) y por la atonía que mantienen los Gobiernos autonómicos. Entre enero y julio solo se sacaron a concurso obras de líneas AVE por valor de 209 millones, lo que supone un 74,8% menos que en el mismo periodo de 2015. Este volumen de obra apenas representó el 3,7% del total de la licitación pública, según Seopan. El departamento que dirige ahora en funciones el ministro de Justicia, Rafael Catalá, saldó los siete primeros meses del año con un aumento del 11,4% en la licitación de nuevos contratos, que sumaron 2.038 millones de euros y supusieron el 36,7% del total estatal. Por el contrario, las licitaciones de obra pública realizadas por Agricultura apenas llegaron a 66,2 millones, un 87,4% menos. El resto de ministerios redujo un 44,6% el montante de su licitación, hasta los 250,8 millones.

De esta forma, la licitación pública realizada por la Administración General alcanzó los 2.355 millones hasta julio, un 42,4% del total a pesar del retroceso del 16,1% registrado. De su lado, las comunidades autónomas convocaron concursos por valor de 1.436,9 millones hasta julio, lo que significa un desplome del 27,9% respecto al año anterior. En las administraciones locales, en cambio, la licitación repuntó un 5,4%, hasta los 1.757,3 millones.