La construcción se prepara para otro bienio en recesión

La patronal Seopan prevé que la actividad continúe en negativo este año y denuncia la parálisis de la colaboración público-privada

Carlos Cortinas

Los principales servicios de estudios del país no se ponen de acuerdo todavía sobre si la incertidumbre política está pasando factura al crecimiento o, por el momento, es más un temor de cara al corto y medio plazo. Sin embargo, si hay una actividad a la que tradicionalmente nunca le ha sentado bien tener al Gobierno central en funciones, ésa es la construcción. El problema es que, en esta ocasión, la legislatura fallida no hará más que agravar una recesión que ya suma ocho ejercicios consecutivos.

La patronal de las grandes constructoras Seopan acaba de hacer público un demoledor informe en el que subraya precisamente esto. Constata cómo en 2015 el indicador agregado de actividad que elabora esta asociación registró una fuerte contracción de las ventas nacionales (-11%) y del empleo directo (-8,3%) y cómo ve el futuro inmediato con un perfil claramente recesivo también.

Además, si se toma como referencia el año anterior al inicio de la crisis (2007), las empresas de Seopan acumulan un ajuste agregado del 74,3% en sus ventas nacionales de construcción y un recorte del 61,1% en el empleo, lo que explica por qué numerosas compañías de este sector han tenido que afrontar recientemente duros procesos de reducción de plantilla. Solo la actividad de construcción residencial para clientes privados (que mejoró el año pasado un 3%) y el tráfico de las autopistas de peaje (+6%) mostraron signos positivos.

El inicio de este año no ha sido ni mucho menos halagüeño, ya que se han registrado fuertes desplomes tanto en los contratos licitados por el conjunto de las Administraciones públicas, con un descenso del 20%; como en el volumen de contratación de obras públicas, cuya disminución fue del 53%. En esta línea, existen otros indicadores que confirman que durante el primer trimestre se ha producido una suave desaceleración de la construcción en general, tal y como avalan el estancamiento del consumo de cemento y los datos de empleo de la encuesta de población activa (EPA).

• Bajas en las adjudicaciones

Si a todo ello, se le suma el último acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones decretado por el Ministerio de Hacienda, lo cierto es que las empresas no prevén que este año ni el que viene vaya a cambiar el signo del negocio constructor en España. Estiman que la actividad podría retroceder entre otro 15% o 18%. De hecho, de ese ajuste de 2.000 millones, un total de 722 millones se detraerá del presupuesto de los grandes ministerios inversores.

Esto implica un descenso del 5% de la inversión contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 y en términos de actividad empresarial supondrá una caída adicional de las ventas en obra civil con las Administraciones públicas este año del 10,6% respecto a la producción realizada el año pasado. La actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 recoge para la inversión pública de este año en términos homogéneos una reducción de esta magnitud del 10% hasta representar el 2% del PIB. Para 2017 apenas contempla un ligero avance, que elevaría el ratio al 2,1% y su mantenimiento en 2018. Al final del periodo, prevé un aumento adicional de 0,2 puntos.

Pero si poco puede esperarse de la licitación pública mientras España siga comprometida con la reducción del déficit, la colaboración con el capital privado vía concesiones tampoco ofrece mejores expectativas. La licitación pública de concesiones mantuvo en 2015 la parálisis iniciada en 2012 tanto en el Estado (apenas 83 millones de euros licitados), como en la Administración local (60 millones).

Solo fue destacable el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas, con los 2.304 millones licitados, que se explican por el impulso de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Por último, las empresas denuncian que no solo se licita cada vez menos, sino que además se hace más barato. El informe subraya cómo las bajas en las adjudicaciones de contratos públicos se mantienen en niveles de máximos históricos en todas las Administraciones, en línea con lo ocurrido en 2013 y 2014.

El año pasado la baja del precio al que se adjudicaron los contratos en la Administración General del Estado fue del 34,2% de promedio, del 28,4% en las autonomías y del 26,1% en el ámbito local.